El Sáhara
Occidental es un tema candente que lleva en disputa 35 años. Es el
escenario de un conflicto que se prolonga desde que en 1975 España
abandonara la administración colonial del territorio y la cediera a
Marruecos y Mauritania. Han transcurrido ya más de tres largas décadas y
su saldo es: una guerra sin cerrar, un pueblo dividido entre el exilio y
la ocupación y, una situación de inestabilidad que afecta a todo el
Magreb. Desde entonces el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario,
ha tratado de recuperar su territorio, ocupado militarmente por
Marruecos y, de alcanzar la independencia mediante la celebración a tres
bandas de un referéndum para su autodeterminación. Sin embargo, la
celebración de ese referéndum, previsto desde 1974 y recogido en el Plan
de Paz firmado en 1991, ha sido demorada sucesivamente por el
obstruccionismo del Gobierno marroquí. Tanto es así, que a día de hoy
sigue sin celebrarse.
Marruecos se niega rotundamente a la independencia del Sáhara Occidental
y el rey alauí no está dispuesto a convertir el controvertido
territorio en una región autónoma. ¿Y todo esto porqué? Sencillamente
porque los recursos naturales de la zona, el petróleo, el gas, los
yacimientos de fosfatos de Bucra y los ricos caladeros de pesca, son
demasiado importantes y valiosos para que Rabat renuncie a su control y
administración y, así, perder una importante área de gran influencia
geoestratégica, política y económica.
Mientras el proceso se halla en un periodo de estancamiento, el pueblo
saharaui espera una salida a su situación desde las duras condiciones de
vida del desierto. Condiciones que pudo comprobar y vivir en propias
carnes el presidente de nuestra comunidad, Ramón Luís Valcárcel, y la
delegación murciana que le acompañó, recientemente, en la visita a los
refugiados de los campamentos de Tindouf.
Las posturas irreconciliables de las partes, la poca efectividad de los
intentos de solución avalados por la ONU para llevar a cabo sus
resoluciones - el Plan de Arreglo de 1991, los Acuerdos de Houston de
1997 y el Plan Baker II del 2003- y la pasividad de la comunidad
internacional ante el conflicto son algunas de las razones que explican
el enquistamiento del problema y, de que con cierta frecuencia, ocurran
incidentes como el del pasado sábado, 28 de agosto, en el Aaiún, capital
del Sahara Occidental, y que terminó con la detención de 14 miembros de
la organización canaria «SaharaAcciones» por parte de la policía, tras
haber sido antes agredidos por agentes de paisano y trasladados a la
Casa de España «bajo arresto domiciliario».
Y todo esto, ante la pasividad e indolencia del Gobierno de España y
las insistentes negativas del Ministerio de Asuntos Exteriores, como una
muestra más de la sumisión que viene desarrollando el Gobierno de ZP y
sus ministros frente al democrático reino de Marruecos, paladín y
defensor, donde los haya, de los derechos humanos.
Dado el tiempo transcurrido, da la impresión de que el tema ha cambiado,
pero, no ha cambiado nada: se ha llegado a un estancamiento, debido a
que se ha convertido, en lo que algunos expertos politólogos han
convenido en denominar un «conflicto de baja intensidad» o «conflicto
congelado», por la poca repercusión que tiene a nivel internacional;
porque no hay un enfrentamiento armado abierto ni operaciones militares
entre las partes enfrentadas; porque está teniendo un gran coste
económico para aquellas partes que están viendo mermado su desarrollo
económico y humano; y, sobre todo, porque está demostrando que las
Naciones Unidas son incapaces e insuficientes para resolver el problema
del pueblo saharaui.
Nuevas iniciativas diplomáticas intentan abrir otras posibles vías de
solución pacífica a un conflicto que parece condenado a prolongarse
indefinidamente. Durante los últimos años, la población civil de los
territorios ocupados ha visto suavizadas, relativamente, las duras
condiciones de la ocupación: represión, torturas, desapariciones,
encarcelamientos, etc.
En los campamentos de refugiados, la ambigua e indefinida situación de
«ni paz, ni guerra» se ha convertido en un factor de desánimo y
frustración para una población que lleva más de treinta y cinco años
viviendo en condiciones extremas, en una de las zonas más inhóspitas del
desierto del Sáhara.
Para la ONU el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de
descolonización y nunca ha reconocido a Marruecos como potencia
administradora y, el Tribunal Internacional de la Haya, también, se
pronunció sobre este conflicto, concluyendo que no existe «ningún
vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara
Occidental y el reino de Marruecos».
Los distintos gobiernos de España se han alineado junto a la ONU para
resolver el conflicto del Sáhara. El Gobierno de Zapatero se
comprometió, desde su llegada al poder, a hacer todo lo necesario para
lograr una solución al conflicto, pero su actitud de acercamiento y
sumisión a Marruecos está provocando numerosas críticas de la opinión
pública española y un gran malestar entre los saharauis, que acusan al
Ejecutivo socialista de ceder ante Rabat y abandonar la línea política
tradicional de España de apoyo a la causa saharaui.
Pedro Manuel HERNÁNDEZ LÓPEZ / Senador del PP por la Región de Murcia
Imprimir artículo
Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
Suscribete a los comentarios de este artículo
0 comentarios :
¿Que opinas de este articulo? Tus comentarios siempre serán bien recibidos, ¡¡ Gracias !!