La
violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui
en los territorios ocupados es una triste realidad desde hace más de
tres décadas. Pero la forma en que el Ejército marroquí procedió a
desmantelar el campamento de Agdaym Izik y la represión posterior
desplegada a lo largo de todo el territorio han llevado la situación al
límite. Estamos ante graves violaciones de derechos humanos, que no
son más que la consecuencia última de otra grave violación: la del
derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, afirmado con
rotundidad por la ONU. España
tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a
la libre determinación del pueblo saharaui, pues es, de iure, la
potencia administradora del territorio. Mediante los acuerdos
tripartitos de Madrid, España entregó el territorio a quienes, tal y
como ya había afirmado la Corte Internacional de Justicia, no tenían
título jurídico sobre él. Como ha señalado la Asamblea General de la
ONU, un Estado no pierde la condición de potencia administradora, ni
queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de
ella, por el simple hecho de afirmarlo.
En consecuencia, tal y como estableciera la Asamblea General en 1979,
Marruecos es la potencia ocupante ilegal del territorio, de la misma
forma que lo es Israel en los territorios ocupados palestinos. Por
ello, Marruecos viola sistemáticamente, entre otros, el IV Convenio de
Ginebra, que establece las obligaciones de la potencia ocupante,
entre las que destaca la prohibición de trasladar parte de su propia
población al territorio ocupado (art. 49). En la actualidad, se
estima que en el territorio hay cuatro colonos marroquíes por cada
saharaui.
Como consecuencia de la ilegalidad de la ocupación del territorio por
Marruecos, ningún Estado, ni siquiera Francia, su más fiel e
incondicional aliado, ha reconocido la anexión. Por esta misma razón,
tal y como ha señalado la Asesoría Jurídica de la ONU y ha corroborado
el Parlamento Europeo en sendos dictámenes, la explotación de los
recursos naturales saharauis sin el visto bueno de sus representantes
(Frente Polisario), y sin que repercuta en beneficio de la población
saharaui, constituye una violación del Derecho Internacional. La Unión
Europea, que alardea de defender los derechos humanos en el mundo,
condicionando la aplicación de sus acuerdos con terceros estados al
respeto por estos de los derechos humanos, mira a otro lado cuando se
trata de Marruecos y viola conscientemente el Derecho Internacional.
Pero merece la pena analizar, siquiera someramente, los argumentos del
Ejecutivo español para no condenar la situación actual y no apoyar
decididamente la aplicación del Derecho Internacional. Apoyar la libre
determinación del pueblo saharaui no supone ponerse del lado de una
de las partes, sino simple y llanamente defender la aplicación del
Derecho Internacional, lo que, además, ya hiciera en el conflicto de
Irak.
Un argumento ya clásico es que España mantiene una posición de
“neutralidad activa” ante el conflicto. Pero la neutralidad no existe
en Derecho: quien no apoya su cumplimiento está apoyando su violación.
Por otra parte, nuestro Gobierno ha llegado a sostener que Marruecos
podría considerar tal condena como una injerencia en sus asuntos
internos. Pues bien, desde la aprobación de la Resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, de la que ahora se cumplen 50 años, y que
sentó en gran medida las bases de la descolonización, está fuera de
cualquier discusión mínimamente rigurosa el hecho de que no se trata
de un asunto interno marroquí, sino internacional, porque el Sáhara
Occidental es un territorio pendiente de descolonización y no forma
parte del territorio marroquí.
Tras su victoria electoral, el Gobierno socialista afirmó que los
principios éticos y el respeto del Derecho Internacional inspirarían su
acción exterior, pero ahora son los “intereses nacionales” los que
prevalecen sobre aquellos. Pero es que, además, de la forma en que está
actuando ni siquiera está garantizado ese interés nacional, pues
Ceuta y Melilla han sido y seguirán siendo moneda de cambio en
nuestras relaciones con Rabat, con o sin Sáhara por medio; la
inmigración ilegal seguirá siendo organizada desde las costas
saharauis y marroquíes por quienes pretenden luchar contra ella; y la
eficacia de Marruecos como freno a la entrada del integrismo
terrorista en Europa –que, por otra parte, es abiertamente rechazado
por la sociedad saharaui, que practica una versión abierta del islam–
puede, al menos, ponerse en entredicho tras los atentados de
Casablanca (contra la Casa de España, en 2003) y Madrid (2004).
Tras tres lustros de guerra de liberación nacional, en 1991 el Frente
Polisario decidió sustituir las armas por las urnas, en la confianza
de que Naciones Unidas sería capaz de llevar a buen puerto un Plan de
Paz que había sido negociado libremente por las partes. Pero, desde
su puesta en marcha, este Plan fue boicoteado por Marruecos, tal y
como ha denunciado, entre otros, James Baker. Existe ya un censo para
el referéndum confeccionado por Naciones Unidas, pero el veto
francés impide su celebración. Mientras el Plan de Paz continúa
estancado y en el Sáhara ocupado se producen estas graves violaciones
de derechos humanos, nuestro país se preocupa de su interés
nacional, la Unión Europea del suyo y Naciones Unidas se limitan a
“deplorarlas”. En esta tesitura, si finalmente se le impide al pueblo
saharaui decidir libremente su futuro mediante un referéndum de
autodeterminación, en los términos que establecen las resoluciones de
Naciones Unidas, nadie le podrá acusar de no haber explorado todas
las vías pacíficas imaginables para poner fin a su sufrimiento.
Juan
Soroeta Liceras, Juan Miguel Ortega Tirol y otros 71 profesores de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 32
universidades españolas, además de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Ilustración de Patrick Thomas
Fuente: publico.es
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