NOTA DE PRENSA
Jueves, 17 de Febrero de 2011
Jueves, 17 de Febrero de 2011
La muerte del menor saharaui Elgarhi Nayem y el desmantelamiento del campamento de El Aaiún se incorporan al procedimiento legal
Demanda al Gobierno español
por la venta de armas a Marruecos
Se presentó el dia 17/2 en la Audiencia Nacional
Los demandantes acreditan varias ilegalidades cometidas
por la Secretaria de Estado de Comercio
El
recurso contencioso administrativo presentado el pasado 30 de junio en
la Audiencia Nacional por varias organizaciones jurídicas y sociales
contra una resolución de la Secretaría de Estado de Comercio se ha
convertido esta mañana en Demanda. La Asociación de Familiares de Presos
y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos
Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por
el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos
Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el
Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los
Derechos Humanos (JUPADEHU) han decidido demandar al Gobierno en un
intento de frenar la venta de armas a Marruecos.
El
pasado 9 de abril se había presentado por primera vez en la historia de
nuestro país una denuncia administrativa ante el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de
autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos,
por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley
53/2007) y europea (Posición Común 2008/944/PESC). La respuesta de la
Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia, alegando falta
de legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su
entender la condición de interesados) y por el carácter secreto de las
actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso
(JIMDDU). Por esta razón, las organizaciones presentaron un recurso
contencioso administrativo el 30 de junio que fue admitido a trámite por
la Sección 4ª de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
AUDIENCIA NACIONAL con el número 285/2010. Después de que el Estado
completara el expediente administrativo que inicialmente había
presentado incompleto, los recurrentes han formalizado esta mañana la
oportuna demanda en la que acreditan diferentes ilegalidades cometidas
por la Secretaria de Estado de Comercio, Sivia Iranzo, en su resolución
de 29 de abril de 2010, con la que pretendía “finalizar anticipadamente y
por la puerta falsa la denuncia”. Los demandantes denuncian además la
opacidad y falta de transparencia “con la que se nos intenta hurtar de
la legitimación para denunciar este tipo de comercio letal”.
“Con
su actitud –añaden- la Administración española contribuye a perpetuar
la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, mientras que otros
gobiernos europeos, como el francés o el alemán, han suspendido por
ejemplo las exportaciones de armas a Egipto por su preocupación acerca
del respeto de los Derechos Humanos de los manifestantes que reclamaban
el fin del régimen dictatorial que les gobernaba”. Los demandantes
señalan que la situación del Sahara Occidental ha empeorado en los
últimos tiempos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Isik,
acontecimiento que ha sido destacado por algunos analistas como
precursor o detonante de las revueltas del Norte de África y Oriente
Medio, y recuerdan en sus alegaciones que el mes de octubre de 2010,
durante el cerco militar del campamento, “miembros del ejército
marroquí asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem al ametrallar el
vehículo en el que viajaba en compañía de otros saharauis. El
desmantelamiento violento del campamento se produjo el siguiente día 8
de noviembre. Después han fallecido ciudadanos saharauis, alguno de
nacionalidad española como Baby Hamday Buyema, y aproximadamente 150
saharauis permanecen desaparecidos o en situación de prisión en las
cárceles del Sahara Occidental bajo control marroquí o en ciudades de
Marruecos”.
El
día 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del
Congreso para detallar las últimas operaciones de venta de armamento
autorizadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble
(JIMMDU), la Secretaria de Estado de Comercio defendió la venta de
material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas
exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en
curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de
represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a
alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”. Hace
sólo dos días un informe preliminar del Centro Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos (RFK) elaborado tras una reciente
visita de sus observadores a El Aaiún atestiguaba que "las torturas, las
detenciones y arrestos arbitrarios, los procesamientos penales
defectuosos y la represión contra los civiles por parte de las fuerzas
del Gobierno marroquí son demasiado frecuentes en el Sáhara Occidental”.
Era el último de varios informes similares de organizaciones como Human
Right Watch, Amnistía Internacional o la propia Asociación Marroquí de
Derechos Humanos.
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