En el horizonte de las próximas elecciones autonómicas y municipales y conscientes de que estos comicios tienen
un horizonte claramente delimitado en el ámbito de la política
interior, tanto a nivel local como en el plano de las Comunidades
Autónomas, no queremos que quede fuera de esa dimensión el largo y
dramático contencioso del Sáhara Occidental, porque constituye una
herida abierta en nuestra historia reciente y una responsabilidad
todavía inconclusa en nuestra condición legal y legítima de potencia
administradora de un Territorio No Autónomo, en virtud de una
representatividad que hemos despreciado pero que no nos ha sido retirada
por la comunidad internacional.
Y en virtud de ese papel, que algunos
interesadamente se esfuerzan por ignorar, pedimos que se le retire la
confianza política a aquellos grupos que dicen defender la legalidad
retorciéndola en su interpretación hasta límites inimaginables y no se
sienten dispuestos a aceptar la libre decisión emitida por el pueblo
saharaui en las urnas.
A aquellos que proclamándose defensores
de los Derechos Humanos y de las poblaciones civiles le dan desigual
valor al sufrimiento de un habitante de Bengassi que al de otro de
Trípoli, que contabilizan el dolor de forma distinta si afecta a los
propios que a los ajenos, que consideran que un libio ultrajado vale más
que un yemení y que los saharauis protestan, con más de 135 prisioneros
políticos en las cárceles marroquíes, porque no saben hacer otra cosa.
A los que hacen de la corrupción un
instrumento de la política y pretenden hacernos cómplices e indignos a
todos nosotros como ellos mismos forzándonos a votar a candidatos
situados bajo sospecha.
A todos los que siguen perpetuando una
traición histórica miserable e interesada como la entrega del Sáhara
Occidental a Marruecos y Mauritania otorgando legitimidad a una bajeza
que históricamente constituye una lacra en nuestro pasado reciente.
A cuantos se justifican con la atención
alimenticia a las necesidades mínimas de las y los refugiados saharauis
pero no son capaces de preocuparse por sus necesidades esenciales como
personas ni otorgarles el respeto y la consideración que con su silencio
ante sus sufrimientos les niegan.
A todas las opciones que no fomenten la
austeridad, la honestidad, el servicio a la colectividad y la coherencia
y el respeto a los compromisos adquiridos como normas para el
desarrollo de la vida política y camino para proseguir en la
construcción de una democracia para todos y todas.
En el Sáhara Occidental, como en tantos
otros lugares del planeta, no podrá haber paz ni estabilidad, sin un
acuerdo político viable que defienda los derechos humanos y conceda
reparación para las víctimas; y en ambos casos, España tiene una
responsabilidad ineludible.
Fuente: Saharatoday
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