La
brutal represión ejercida por Marruecos en el Sahara ha vuelto a poner
de actualidad un territorio sobre el que conviene hacer un repaso a su
historia reciente. Hasta 1965 era una región desértica con escaso
interés. Sin embargo, ese año cambió completamente la percepción sobre
el territorio, al descubrirse en él los grandes yacimientos de fosfatos
de Bu-Craa, los más importantes del mundo.
Además,
las prospecciones petrolíferas en sitios cercanos a la costa han
insinuado la posibilidad de explotación de importantes pozos de gas y petróleo. Por no hablar de los abundantes bancos de pesca en su litoral. Todo
ello hizo que el Sahara se convirtiese a partir de los 70 en un enclave
con grandes posibilidades económicas, lo que despertó el gran interés
de Marruecos y también de sus aliados EEUU y Francia.
De
otro lado, el asunto de la delimitación de su mar territorial -con una
extensión que va desde el río Dra en el norte, hasta el cabo Blanco en
el sur del Atlántico, que es superior a la de Marruecos- hace que tenga
la mayor importancia. Para España, dicha zona marítima costera
constituye la espina dorsal de las Islas Canarias. En una visita del
presidente Zapatero al rey Mohamed VI se veía un mapa de Marruecos que
incluía las Canarias como pertenecientes a la Monarquía alauí.
Establecer
una delimitación exacta de las aguas que legalmente le corresponden a
Marruecos, de las que forman parte del norte del Sahara, y de las que
son del archipiélago de Canarias, no es tarea fácil. La anchura del mar
territorial está limitada a 12 millas
desde la línea de base o bajamar, siempre que no exista enfrente la
competencia de otro Estado, en cuyo caso habrá que aplicar el principio
de la equidistancia. El problema se complica con la extensión de la Zona Económica Exclusiva, cuya anchura puede llegar a las 200 millas
de la línea de base, y en el Sáhara se encuentra con la línea de costa
adyacente del archipiélago de Canarias. Naturalmente, para España es
necesaria una delimitación precisa y mediante convenio.
Si
nuestro país no cedió la soberanía sobre el territorio saharaui,
tampoco lo hizo sobre las aguas. Y en virtud del artículo 56.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, mantiene dicha soberanía en la zona del Sahara, lo que, claro está, no reconoce Marruecos.
Surge así un conflicto permanente, al que hay que añadir el apoyo a la
población saharaui que fue desplazada de su territorio. El problema es
de difícil solución para España, ya que Rabat ha contado siempre con dos
aliados fieles en la Casa Blanca y el Elíseo.
Veamos el proceso histórico. En los años finales del siglo XIX,
Francia se puso de acuerdo con Inglaterra y, ante el desbarajuste
tremendo de África, desde el Magreb a Ciudad del Cabo, se repartieron el
continente. Estas dos potencias colonizadoras han sido las más
déspotas, crueles, egoístas y expoliadoras de la criminal y sangrienta
Historia moderna de África. También Bélgica, a la que en la Conferencia
de Berlín de 1885 se le cedió el Congo, como propiedad privada del rey
Leopoldo, es un ejemplo de colonización criminal, con torturas,
mutilaciones y esclavitud. Ahí está la novela del reciente Nobel de
Literatura, Vargas Llosa, que narra la inhumana y sangrienta
colonización belga. A España, por un nuevo tratado, negociado en París y
firmado el 27 de febrero de 1900, se le reconocía el territorio del
Sahara Occidental, pero dejando fuera y para Francia las ricas salinas
de Lyil y la Bahía de los Galgos, ricas en pesca.
El
Reino de Marruecos, que antes fue protectorado hispano-francés, siempre
tuvo la ambición de extenderse por toda la costa Atlántica, hacia el
sur, incluida Mauritania. Esa reivindicación será constante e incluso
originará la guerra de Ifni (1957-1958). España, en las postrimerías del
franquismo, llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya,
que en 1975 hizo público su dictamen consultivo, según el cual no se
habían encontrado lazos de soberanía de Marruecos ni de Mauritania,
sobre el territorio del Sáhara Occidental. Luego, no hay nada que se
oponga a la autodeterminación saharaui. España debió entonces ceder el
gobierno y el territorio al Frente Polisario, pero no lo hizo por temor a
Rabat.
Hasta
la segunda mitad del siglo XX, la población saharaui era
fundamentalmente nómada y hospitalaria. Celosa de su independencia,
amaba el desierto y no tenía ninguna sumisión al sultán de Marruecos.
Pero las relaciones directas de los españoles con los saharauis fueron
tardías. Hasta 1916 no se ocupó Cabo Juby y hasta 1920, La Guara, en cabo Blanco, que sería base de apoyo de los pesqueros canarios. En 1934, con el Gobierno de la República,
se consiguió ocupar la mítica ciudad de Smara, en pleno desierto,
consiguiendo una convivencia pacífica con las numerosas tribus nómadas
saharauis.
Comenzó
así una época de paz y amistad, que se vio perturbada cuando, en 1956,
con motivo de la independencia del protectorado de Marruecos, el sultán
Mohamed V comenzó una fuerte reivindicación internacional ante la ONU
sobre el territorio del Sáhara español. Franco y Carrero decidieron
establecer una política de permanencia indefinida en el territorio,
llegando a originar una gran fricción jurídica en 1958, como fue el
convertir en provincia española el Sahara, con su capital en El Aaiún.
El pueblo saharaui se sentía cómodo con la Administración
española, pero pronto comenzaron a intervenir los nacionalismos
locales, financiados por Marruecos contra España, apareciendo en 1973 el
Frente Polisario como un movimiento independentista y de liberación
nacional.
Entre
España y el pueblo saharaui se interpusieron los intereses de Hassán II
y su idea de un Imperio Cherifiano que llegase hasta el río Senegal. Le
apoyaba en su ambición EEUU, que no veía claro el devenir político en
España. Con la ayuda de la CIA, Marruecos preparó su Marcha Verde, que originó una penetración pacífica y pactada de 10 kilómetros
en dirección a El Aaiún. El Gobierno español, con Franco moribundo, sin
saber qué hacer y en una decisión secreta, firmó la orden de evacuar el
Sáhara el 10 de noviembre de 1975. Se abandonó a su suerte al pueblo
saharaui.
Por los acuerdos de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. El
pueblo saharaui, debido al hostigamiento de esos dos países, abandonó
su territorio, en una marcha trágica a través del desierto, en la que se
desplazaron 300.000 habitantes, de los que llegaron finalmente a Tinduf
(Argelia), unas 200.000 personas. Allí permanecen desde hace 35 años,
olvidados del mundo y de la ONU, incapaz, por la influencia de EEUU, de organizar un referéndum ni de dar una solución al conflicto.
¿Qué puede hacer España?
Todo menos mostrarse débil ante Marruecos y ante el resto del mundo.
Bien es cierto que no se va a ir a una guerra por devolver el Sahara a
los saharauis, pero, ¿dónde está la conjunción planetaria entre Zapatero
y Obama de la que hablaba la ahora ministra Pajín? Nada más simple que
llamarle y pedirle que Marruecos contenga sus ímpetus hacia los pobres
saharauis. Un país que se precie, con un Gobierno y un presidente serio,
tomaría la iniciativa diplomática en la ONU
y ante la comunidad internacional. Ya sabemos que en el Consejo de
Seguridad no ha habido ninguna investigación ni sanción contra
Marruecos, porque para eso está EEUU, para vetarla. En la Asamblea General sí es posible acusar a Marruecos, aunque para ello España debería adoptar una postura seria y firme.
La
del sáhara es la larga trayectoria de un pueblo, con una personalidad y
una cultura propias, y una tradición de independencia a través de los
siglos que llega a un punto crucial de su Historia, que parece no tener
retorno, en el mes de noviembre de 2010 cuando precisamente se cumplen
35 años desde que tuviera que abandonar su territorio, en el que había
vivido durante siglos.
El
asalto al campamento Gdeim Izik no ha sido sino un acto más de la
postura de fuerza de Marruecos. La firmeza del ministro de Interior
alauí que vino a España a ordenar silencio y manos quietas a Rubalcaba,
nos hace pensar si no le habrá advertido del peligro que supone para
España el que se sepan cosas del 11-M bien guardadas por los servicios
secretos marroquíes y que Rubalcaba bien debe conocer.
Las
Naciones Unidas, esa organización que sólo está al servicio de los
poderosos y que se ha quedado obsoleta en los tiempos que vivimos, no ha
sido capaz de resolver nada, con el plan para el Sahara de Pérez de
Cuéllar, que estaba perfectamente detallado, ni con el del enviado
espacial James Baker, de EEUU, ni con la actual Minurso (Misión de
Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental). Solo podrá
ser la comunidad internacional, movilizada por España, o mejor por el
pueblo español -ya que el Gobierno de Zapatero se inhibe-, la única
fuerza pacífica que puede presionar y pedir la justa reivindicación de
un pueblo, a quien se le ha obligado a dejar su territorio y que vive
aislado y abandonado en medio de las arenas del desierto.
Si a partir de la Carta Magna de la Descolonización de 1960 la ONU
impulsó la independencia de todos los territorios de África bajo
administración colonial, formando un mosaico de estados independientes a
los que se les aplicó el principio del uti posidetis, es decir, el
respeto a las fronteras coloniales, ¿cómo es posible que en el caso de
España no se haya permitido mantener ese principio del respeto a las
fronteras coloniales, delimitado por el Tratado de París de 27 de
febrero de 1900, cuando tenía todos los requisitos para haber realizado
la autodeterminación y la independencia del Sahara Occidental y de su
población?
Los
errores históricos acaban pagándose, y en la actualidad España no puede
tener sino mala conciencia por haber cedido el territorio del Sahara a
Marruecos y Mauritania. Sólo
le cabe a nuestro país alegar que en aquel momento se encontraba en una
difícil transición política de un régimen dictatorial a otro en el que
no se veía claro el futuro, y que las decisiones de gobierno, por
consiguiente, deberían de considerarse nulas al estar contaminadas por
el temor y la coacción política que indudablemente vician el
consentimiento y hacen que no sea otorgado libremente. La nulidad plena
de aquellos Acuerdos de Madrid y de las acciones de fuerza auspiciadas
por Marruecos pondría el litigio en sus justos términos y haría viable
una solución para esa pobre población errante, que le permitiese volver,
si no a todo, a una parte considerable del antiguo territorio del
Sahara, donde hay sitio para todos.
* Manuel Trigo Chacón, doctor en Derecho Internacional y autor del libro Los Estados y las Relaciones Internacionales.
Fuente: solidaridad.net
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