Siria vive en estado de emergencia desde 1963 y Argelia desde 1992. En Libia es delito “oponerse a la ideología de la revolución”, en Marruecos transmitir “información falsa”, en Túnez “contactar con instituciones extranjeras” y en Bahréin, ofender al rey.La política de guerra contra el terror ha proporcionado más excusas a los dirigentes de los países árabes para violar derechos humanos. Bahréin presenta a los defensores de derechos humanos como vinculados con terroristas. En los últimos años en Egipto, bajo el régimen de Mubarak y gracias a la aplicación de la política de emergencia, fueron arrestadas más de 5.000 personas que podrían ser juzgadas por tribunales militares. En Jordania, una reunión de siete personas puede ser juzgada como contraria al orden público.
En Yemen, la existencia de grupos considerados cercanos a Al-Qaeda ha sido excusa para cientos de detenciones sin cargos. En Sudán, los rebeldes de Darfur son presentados como terroristas. En Egipto fueron perseguidos tanto los seguidores de Al-Beredei (Nobel de Paz) como los Hermanos Musulmanes. En Siria los miembros del grupo “Declaración de Damasco” han sido detenidos acusados de “debilitar el sentimiento nacional”. Y en la totalidad de los países hay denuncias por detención ilegal, torturas y faltas al debido proceso.
Libia bloqueó el acceso a webs críticas al gobierno. Bahréin cerró webs y detuvo ciber-opositores. Siria censura Facebook y Youtube. Libia acusa a periodistas de “difamación”, sobre la base de un código penal que castiga el delito de “afectar la reputación del país” hasta con cadena perpetua. En Argelia existe el delito de “difamar a las autoridades” usado para perseguir periodistas. En Jordania se puede hablar, pero de acuerdo con los “valores islámicos”.
En Libia, una mujer puede ser acusada de “transgredir la moral” e internada en “centros para la rehabilitación social”. En Arabia Saudita las mujeres sólo pueden actuar en sociedad bajo la supervisión de un hombre. En Sudán, para que una mujer violada pueda obtener justicia, debe presentar 4 testigos varones.
En Argelia, a la Liga por los Derechos Humanos se le impidió hacer su congreso. Bahréin prohibió a la Asociación de Derechos Humanos hacer encuentros regionales. Sudán expulsó las 13 ONG humanitarias más importantes, dejando sin ayuda al 80% de las víctimas del conflicto de Darfur. En Libia la única organización permitida es la “Sociedad de Derechos Humanos” de la Fundación Gadafi, presidida por el hijo del dictador.
Y ni hablar de las minorías. En Libia, el lenguaje del pueblo bereber está prohibido. En Arabia Saudita hay 8 millones de trabajadores extranjeros (la mitad de la fuerza laboral del país) que son víctimas de todo tipo de injusticias. Los chiíes en Arabia no pueden aspirar a cargos públicos. A 300.000 kurdos nacidos en Jordania les han quitado la ciudadanía jordana. En Siria no les dan permiso de trabajo a los refugiados de Irak. Más de 400.000 trabajadores extranjeros en Bahréin no tienen derechos laborales. En Egipto los refugiados sudaneses son tratados como delincuentes.
Las deudas del pasado se acumulan. En Siria hay más de 17.000 personas desaparecidas por la violencia de los años 1970-1080s todavía en la impunidad. En Marruecos la descolonización del Sahara Occidental sigue esperando y los crímenes contra el pueblo saharaui siguen impunes. En Argelia hubo más de 100.000 muertos en la guerra civil de los años 1990s por lo que nadie responde. La masacre de la cárcel de Abu Salim en Libia, donde 1.200 presos fueron asesinados, sigue sin ser juzgada.
La comunidad internacional sabe esto y más. Ellos recibieron en sus países a Ben Ali, a Mubarak, a Bouteflika, a Gadafi. Firmaron contratos con ellos sobre exploraciones petroleras y les vendieron armas. Y todos miraron para otro lado cuando se hablaba de derechos humanos. Por ejemplo, Clinton felicitó a Bahréin por la elección parlamentaria de octubre de 2010, y la Unión Europea firmó un Acuerdo de Asociación Túnez-Unión Europea, sin que la agenda de derechos humanos pesara.
Cuando surgen las protestas, salen a pedir una transición pacífica y luego exigen respeto a los derechos humanos. Francia ahora pide sanciones contra Libia, pero no dudaba en venderle armas y en firmar un acuerdo de cooperación nuclear, evadiendo el tema de derechos humanos. Turquía criticó severamente el régimen egipcio pero ha estado muy tibio con Libia, debido a sus inversiones económicas que ascienden a 11.000 millones de euros anuales. Como dice la canción: “It’s all about the Benjamins, baby” (todo se trata de los billetes de 100 dólares que tienen la cara de Benjamín Franklin).
Si antes de las protestas, hubieran preguntado por la situación de derechos humanos de sus socios, a España por Marruecos, a Francia por Argelia y por Túnez, a Italia por Libia, a los Estados Unidos por Egipto, a China por Sudán, y a Suecia por la venta de armas a casi todos ellos, es posible que hubieran respondido para sus adentros: “¿Derechos Humanos? no gracias”. O mejor, como tituló irónicamente el diario francés Libération, “Quietos, estamos vendiendo”.
Por: Victor de Currea-Lugo
* PhD, Profesor Universidad Javeriana.
Fuente: Elespectador
Imprimir artículo
Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
Suscribete a los comentarios de este artículo
0 comentarios :
¿Que opinas de este articulo? Tus comentarios siempre serán bien recibidos, ¡¡ Gracias !!