Los indignados marroquiés demandan también democracia verdadera
Mientras la economía del Reino de Marruecos muestra signos de progreso, nutrida en un alto porcentaje por el sector industrial y por la explotación de los ricos yacimientos de fosfatos usurpados al Sahara Occidental, la democracia, el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles marchan en un rumbo diametralmente opuesto.
Las protestas populares en Rabat y otras ciudades del país norafricano en demanda de reformas políticas y mejores condiciones de vida ciudadana, reprimidas violentamente por el ejército y la policía marroquí, se unen a las manifestaciones del pueblo saharaui para poner fin al régimen colonial impuesto desde 1975 por la monarquía alauita y por el derecho a su libre autodeterminación.
Inspirados en los acontecimientos en Túnez y Egipto miles de marroquíes se han lanzado a las calles en reclamo de transformaciones estructurales y la renuncia de algunos de los poderes ejercidos por el rey Mohamed VI, cuya enmienda constitucional, el anuncio del adelanto de las elecciones general para octubre, tímidas reformas sociales y económicas, no satisfacen las exigencias de la población.
Entre la ola de indignados manifestantes se destacan los jóvenes, muchos de ellos licenciados universitarios, que protestan por la falta de empleos y contra los cuales cargaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Nacional -máximo órgano policial-, acusándolos de “actos de vandalismo".
La nueva Constitución, confirmada por referendo el 1 de julio, disminuye las facultades del rey Mohamed VI sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo y concede mayores prerrogativas al primer ministro, que ahora será elegido por el partido que tenga la mayoría de escaños en el Parlamento en los próximos comicios.
La aprobación de leyes es en este momento ahora responsabilidad exclusiva del Parlamento y el presidente tiene la potestad de designar y destituir funcionarios políticos, salvo oficiales del ejército, que sigue siendo competencia del Rey. No obstante, la preferencia popular manifestada en las movilizaciones es la de una monarquía parlamentaria en la que el Rey reine, pero no gobierne.
Hay sectores, como el Movimiento 20 de febrero, liderado por los jóvenes, que buscan reformas más de fondo y se pronuncian por una verdadera monarquía parlamentaria, no una pantomima.
"La nueva Constitución sólo es un truco para eludir los reclamos populares de democracia, libertad y dignidad", asevera Hanza Mahfud, uno de los líderes del M20, organización violentamente reprimida por la policía, con saldo de varios muertos y decenas de heridos.
Por su parte, el gobierno saharaui ha denunciado que las pretendidas reformas constitucionales de Mohamed, continúan los reclamos de la legalidad internacional sobre el derecho del pueblo saharaui a la libertad y a la autodeterminación, y desprecian la voluntad de los pueblos de la región para la construcción de un Magreb Árabe basado en el respeto mutuo y las relaciones de buena vecindad entre todos sus componentes.
El comunicado del Frente POLISARIO, recuerda que "el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y sigue siendo responsabilidad de las Naciones Unidas, toda vez que no forma aparte del reino de Marruecos y por lo tanto no tiene nada que ver con ningún tipo de sus reformas internas.
Con una población de unos 35 millones de habitantes, el 98.3% de confesión islámica, mayoritariamente sunita, Rabat utiliza los índices de relativo crecimiento económico, para ponderar los logros de la monarquía y minimizar la coerción de las fuerzas represivas a las sectores populares.
Si en la última década, según los analistas, la economía marroquí, con gran dependencia de Francia y España, muestra un crecimiento promedio del 5.2 %, este resulta insuficiente para mejorar sustancialmente los niveles de desarrollo de la población, en la que prevalecen pobreza, desempleo, analfabetismo, y elevada mortalidad infantil y una muy desigual distribución de las riquezas.
Mientras la economía del Reino de Marruecos muestra signos de progreso, nutrida en un alto porcentaje por el sector industrial y por la explotación de los ricos yacimientos de fosfatos usurpados al Sahara Occidental, la democracia, el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles marchan en un rumbo diametralmente opuesto.
Las protestas populares en Rabat y otras ciudades del país norafricano en demanda de reformas políticas y mejores condiciones de vida ciudadana, reprimidas violentamente por el ejército y la policía marroquí, se unen a las manifestaciones del pueblo saharaui para poner fin al régimen colonial impuesto desde 1975 por la monarquía alauita y por el derecho a su libre autodeterminación.
Inspirados en los acontecimientos en Túnez y Egipto miles de marroquíes se han lanzado a las calles en reclamo de transformaciones estructurales y la renuncia de algunos de los poderes ejercidos por el rey Mohamed VI, cuya enmienda constitucional, el anuncio del adelanto de las elecciones general para octubre, tímidas reformas sociales y económicas, no satisfacen las exigencias de la población.
Entre la ola de indignados manifestantes se destacan los jóvenes, muchos de ellos licenciados universitarios, que protestan por la falta de empleos y contra los cuales cargaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Nacional -máximo órgano policial-, acusándolos de “actos de vandalismo".
La nueva Constitución, confirmada por referendo el 1 de julio, disminuye las facultades del rey Mohamed VI sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo y concede mayores prerrogativas al primer ministro, que ahora será elegido por el partido que tenga la mayoría de escaños en el Parlamento en los próximos comicios.
La aprobación de leyes es en este momento ahora responsabilidad exclusiva del Parlamento y el presidente tiene la potestad de designar y destituir funcionarios políticos, salvo oficiales del ejército, que sigue siendo competencia del Rey. No obstante, la preferencia popular manifestada en las movilizaciones es la de una monarquía parlamentaria en la que el Rey reine, pero no gobierne.
Hay sectores, como el Movimiento 20 de febrero, liderado por los jóvenes, que buscan reformas más de fondo y se pronuncian por una verdadera monarquía parlamentaria, no una pantomima.
"La nueva Constitución sólo es un truco para eludir los reclamos populares de democracia, libertad y dignidad", asevera Hanza Mahfud, uno de los líderes del M20, organización violentamente reprimida por la policía, con saldo de varios muertos y decenas de heridos.
Por su parte, el gobierno saharaui ha denunciado que las pretendidas reformas constitucionales de Mohamed, continúan los reclamos de la legalidad internacional sobre el derecho del pueblo saharaui a la libertad y a la autodeterminación, y desprecian la voluntad de los pueblos de la región para la construcción de un Magreb Árabe basado en el respeto mutuo y las relaciones de buena vecindad entre todos sus componentes.
El comunicado del Frente POLISARIO, recuerda que "el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y sigue siendo responsabilidad de las Naciones Unidas, toda vez que no forma aparte del reino de Marruecos y por lo tanto no tiene nada que ver con ningún tipo de sus reformas internas.
Con una población de unos 35 millones de habitantes, el 98.3% de confesión islámica, mayoritariamente sunita, Rabat utiliza los índices de relativo crecimiento económico, para ponderar los logros de la monarquía y minimizar la coerción de las fuerzas represivas a las sectores populares.
Si en la última década, según los analistas, la economía marroquí, con gran dependencia de Francia y España, muestra un crecimiento promedio del 5.2 %, este resulta insuficiente para mejorar sustancialmente los niveles de desarrollo de la población, en la que prevalecen pobreza, desempleo, analfabetismo, y elevada mortalidad infantil y una muy desigual distribución de las riquezas.
Fuente: Trabajadores.cu, 10/08/2011
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