Un equipo de investigación dirigido por los científicos Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberría, ha anunciado, el día 10 de septiembre de 2013, el descubrimiento de varias fosas comunes cerca de Smara, en el Sahara Occidental, a menos de un kilómetro del muro de división del Sahara Occidental construido por Marruecos. La investigación ha permitido identificar a las víctimas, ocho civiles, beduinos que se dedicaban al pastoreo de camellos. Las víctimas fueron asesinados por el Ejército marroquí los días 12 y 13 de febrero de 1976, cuando el territorio aún se hallaba regido por la administración temporal tripartita (España-Marruecos-Mauritania) instaurada por los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975.
Los descubridores de estas fosas además han conseguido identificar a las víctimas. Dos de las víctimas eran ciudadanos españoles de origen saharaui. La identificación de las víctimas ha permitido descubrir que la instancia oficial marroquí encargada del esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos por el Estado marroquí ha mentido. La denominada “Instancia Equidad y Reconciliación” y el llamado “Consejo Consultivo de Derechos Humanos” (antecedente del actual “Consejo Nacional de Derechos Humanos”, afirmaron oficialmente, en 2006 y 2010, que cuatro de las víctimas, ahora encontradas e identificadas, murieron cuatro meses después de la verdadera fecha de su asesinato y que habían muerto en un cuartel militar de la ciudad de Smara.
Ante la extrema gravedad del descubrimiento efectuado, Western Sahara Human Rights Watch, manifiesta:
1º. Que los hechos denunciados tienen una extrema gravedad y constituyen crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
2º. Que la credibilidad de las instancias oficiales marroquíes supuestamente encargadas de velar por la protección de los derechos humanos ha quedado desautorizada.
3º. Que el Estado marroquí tiene la obligación de identificar y sancionar a los responsables de haber mentido a las familias de las víctimas.
4º. Que el Estado español tiene el deber de formular su más enérgica protesta diplomática ante el Estado marroquí por el asesinato de sus ciudadanos.
5º. Que el Gobierno español tiene el deber de dar instrucciones inmediatas al Fiscal General del Estado para que se inicie un procedimiento penal contra los responsables de un crimen que se produjo en un territorio que se hallaba bajo co-administración española de facto y contra ciudadanos españoles.
6º. Que con independencia del deber que incumbe al Ministerio Fiscal, los Tribunales españoles tienen la obligación de iniciar de oficio una investigación para esclarecer estos crímenes abominables y perseguir a los culpables.
Se envía copia de este comunicado a:
Su Majestad, Juan Carlos I, Rey de España
Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España
Excmo. Sr. D. Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado
Excmo. Sr. Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas
Excmo. Sr. Christopher Ross, Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental
Fuente: wshrw.org
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