El Gobierno de España se ha manifestado estos últimos meses, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre los asuntos más variopintos de la actualidad internacional, incluidos algunos que no afectan de cerca ni de lejos a los intereses españoles.
Desde que a mediados de agosto estalló la crisis de Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, que ha colocado a Marruecos y al Polisario al borde del enfrentamiento armado, el Ejecutivo no ha dicho una palabra sobre este asunto pese a desarrollarse en una antigua colonia española. Ha sido necesario que un diputado vasco de Bildu, Oskar Matute, le pregunte, para que por fin rompa el silencio para… no decir nada.
En su respuesta, cuyo texto figura íntegramente en el documento adjunto, el Gobierno explica que “favoreció el recurso a la diplomacia discreta en lugar de las declaraciones públicas como mejor medio para lograr una solución”. “Así, España habló con las partes llamando a la contención, a rebajar las tensiones (…)”, añade. “(…) España reiteró su apoyo a la imprescindible labor de la MINURSO [“cascos azules” desplegados en el territorio]”, señala también la respuesta, pero en ningún momento pidió que regresen al Sáhara los agentes civiles de ese contingente expulsados por Marruecos en marzo.
Los dictámenes, autos o sentencias de la asesoría jurídica de Naciones Unidas, de la Audiencia Nacional española y, desde el 21 de diciembre pasado, de la Corte de Justicia de la Unión Europea consideran que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental.
Fuente: El Confidencial Saharaui
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