Por Antonio Paneque Brizuela* / Prensa Latina / spsrasd
El Gobierno saharaui continúa su actividad diplomática con vistas a enfrentar por esa vía al invasor marroquí, pero sin descuidar la preparación de las tropas para un eventual combate militar contra el ocupante.
Mientras sus gobernantes, encabezados por el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, emplea al máximo todos los foros y acude a los principales organismos regionales y globales para defender sus derechos, sus efectivos armados no descuidan entrenamiento y disposición combativa.
'El Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS) está preparado para llevar a cabo sus funciones: conseguir la soberanía nacional', afirmó esa institución en un reciente comunicado, en alusión a su tradicional lucha contra la presencia colonial de Marruecos.
La declaración, divulgada a fines de agosto en una reunión encabezada por Ghali, tras más de un mes de acusaciones internacionales del mandatario sobre un injusto juicio marroquí contra independentistas, destaca que sus soldados seguirán la lucha y garantizarán la protección de los territorios liberados.
Ghali, cuyo gobierno reiteró en los últimos años que no excluye una respuesta militar ante la represión del reino alauita y la política de ocupación de Rabat y de boicot a la independencia saharaui, aprovechó para retornar a sus acusaciones contra las sentencias extremas a 23 presos políticos el 19 de julio último.
GDEIM IZIK, OTRO CAPÍTULO DE ILEGALIDAD
El también líder del Frente Popular de Liberación de Saguia, el Hamra y Río de Oro (F.Polisario), denunció como ilegal el juicio marroquí a los 23 patriotas de Gdeim Izik y rechazó las condenas (de entre 20 años de prisión y cadena perpetua), impuestas por un tribunal civil.
Solicitó Ghali a la ONU y a la Unión Africana (UA) interceder para la liberación de esos ciudadanos y calificó el proceso como 'clara repetición del realizado en 2013 por un tribunal militar', en alusión al juicio previo cuyos cuestionamientos condujeron al proceso civil concluido ahora.
Las sentencias contra los nacionales acusados por la muerte en 2010 de 11 soldados de Rabat en esa región ocupada por el país vecino, despertaron el escándalo y la condena entre gobiernos y organismos internacionales.
El Ejecutivo y el pueblo del Sahara Occidental rechazaron de inmediato los resultados del proceso judicial publicado por la Cámara de lo Criminal del Tribunal de apelaciones de Salé, cerca de Rabat.
Ghali apeló a la ONU y a la UA mediante respectivas cartas dirigidas a sus líderes, y destacó que tales sanciones son 'otra demostración de las intenciones de Marruecos de continuar su política de abusos contra los derechos humanos'.
ACUSACIONES Y EXPEDIENTES INVENTADOS
El líder saharaui reveló que las sentencias se basaron 'en acusaciones fabricadas y preparadas y expedientes inventados en las comisarías marroquíes donde los detenidos eran sometidos a todo tipo de tortura', y recordó que los tribunales marroquíes no tienen jurisdicción sobre cuestiones del Sahara Occidental.
Calificó Ghali además el hecho de 'nuevo crimen contra indefensos civiles saharauis' y afirmó que 'constituye un reflejo de las frecuentes actitudes de las fuerzas de ocupación y colonización' de la región, invadida por Marruecos en 1975 tras la retirada de España como anterior potencia ocupante (desde 1884).
El Presidente de la RASD llamó también a la comunidad internacional 'a que asuma su responsabilidad, para cesar las salvajes actitudes de Marruecos y la ausencia de voluntad política creíble, de colaborar con los esfuerzos del Secretario General de la ONU'.
Las autoridades saharauis ratificaron sus exigencias respecto a 'la desocupación del Sahara Occidental como última colonia de África, el respeto a los derechos humanos de su población, el cese de la explotación de sus recursos naturales, la excarcelación inmediata de los presos de Gdeim Izik y de todos los saharauis en prisiones marroquíes'.
El Presidente Ghali aclaró que los 11 militares marroquíes de cuya muerte se acusó a los 23 presos, fallecieron en realidad a causa de las protestas durante el desmantelamiento forzado del campamento pacífico de Gdeim Izik, el 8 de noviembre de 2010.
Unos 15 mil saharauis se concentraron en dicha localidad próxima a la capital de la RASD, El Aaiun, para protestar por sus condiciones de vida.
El Gobierno y su brazo político y armado, el F. Polisario, acusan a Rabat y a varios países occidentales de boicotear la convocatoria a un referendo prometido por la ONU a los saharauis para votar por su autonomía.
La organización creó en abril de 1991 la llamada Misión en el Sahara Occidental para organizar esa consulta popular, a partir de lo cual los saharauis cambiaron hacia vías diplomáticas la lucha armada contra Marruecos, emprendida por el movimiento rebelde creado en 1973, que antes combatió a los ocupantes españoles.
*Periodista de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.
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