Entonando cantos saharauis y a bordo de una patrullera de la Guardia Civil. Así llegó a las cuatro y media de la tarde de ayer al puerto canario de Playa Blanca, en la isla de Fuerteventura, el primer grupo de inmigrantes sin papeles del que se tiene noticia que haya emprendido la travesía de alrededor de 120 kilómetros que separa la antigua colonia española del Sáhara Occidental de las islas Canarias. La patera en la que viajaban fue interceptada con 32 personas a bordo a cinco millas de las costas canarias tras 17 horas de travesía. La mitad de sus ocupantes se apresuraron a identificarse como saharauis al ser rescatados por la Guardia Civil. Las fuentes consultadas por este periódico indican que hablan un perfecto castellano y aseguran haber pedido asilo político nada más tocar tierra.
En su declaración ante las autoridades, los inmigrantes dijeron haber "huido de la represión y el infierno que se vive en El Aaiún" a manos del régimen marroquí.
Fuentes consultadas por EL PAÍS han indicado que los jóvenes lograron zarpar a bordo de una pequeña embarcación desde una playa situada al norte de la capital de la antigua colonia española. Según este testimonio, llevaban semanas escondidos en la localidad, tras haber pasado un mes en el campamento de protesta de Agdaym Izik, en una zona desértica cerca de El Aaiún.
Escaparon de allí tras la intervención de tropas marroquíes el pasado 8 de noviembre. Los soldados destruyeron el campamento tras una batalla campal en la que perdieron la vida once militares y dos civiles. Los saharauis denunciaron en los días posteriores la persecución a la que estaban siendo sometidos, y las torturas infligidas por las autoridades marroquíes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Taieb Fassi-Fihri, admitió implícitamente en una entrevista concedida a EL PAÍS que la policía ha podido torturar a saharauis tras la intervención militar. "Estamos en un estado de guerra, en su sentido global; tenemos enemigos que atacan los supremos intereses del país", añadió el responsable marroquí para justificar su negativa a que Naciones Unidas pueda velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
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