¿Se democratizara Marruecos?

En la noche del pasado miércoles 9 de marzo  Mohamed VI pronunció a través de la televisión un discurso dirigido a su "querido pueblo" marroquí, en el que anunció una reforma de la Constitución de este país africano. La intervención del monarca alauita tenía lugar pocos días después de que las revueltas populares del magreb se extendieran a Marruecos, con las manifestaciones - duramente reprimidas- del 20 de febrero. El intento de desarticular estas protestas mediante la  "concesión" real ha resultado infructuoso.

Los jóvenes que el  20 de febrero salieron a las calles de Marruecos para pedir democracia - y que han seguido manifestándose - ya no se contentan con promesas y desconfían de la reforma institucional anunciada. Solamente un día después del discurso de Mohamed VI, Abdellatif Menuni, el especialista en Derecho Constitucional que éste ha designado para presidir la comisión que propondrá las reformas de la ley suprema, confirmaba que "no habrá una nueva Constitución, sino una modificación de la actual".

En su discurso Mohamed VI se comprometió a dotar de poder ejecutivo real al Gobierno y de la creación de Consejos Regionales, cuyos miembros serían elegidos directamente por la población. El monarca no habló, en cambio, de renunciar a su prerrogativa de nombrar a los ministros más importantes y a los altos cargos del Gobierno. Y es que la Constitución alauita no sólo otorga poderes casi absolutos el monarca, sino que determina que éste se encuentra "por encima de la ley".  Una disposición de reminiscencias claramente medievales que, no obstante, tiene una figura análoga en la monarquía parlamentaria española, cuya Constitución establece que Juan Carlos de Borbón es legalmente "irresponsable".

Los partidos que forman parte del entramado institucional de la dictadura alauita, como el Movimiento Popular y la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), elogiaron sin ambages el discurso de Mohamed VI, después de ser recibidos por el monarca. Driss Lachgar, dirigente de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), miembro de la coalición de Gobierno, calificó la alocución de "histórica". El movimiento islamista semiclandestino Justicia y Espiritualidad, sin embargo,  no comparte este entusiasmo. Su portavoz, Fatala Arsalán, reivindicó una asamblea constituyente como "condición" para una Carta Magna democrática.

Por su parte, la reacción de los líderes del Movimiento 20 de Febrero fue anunciar que continuarán con las manifestaciones previstas. Uno de ellos, Osama El Jalifa, aseguró que "seguirán adelante con la manifestación prevista para el próximo 20 de marzo para pedir una nueva Constitución". Y, en efecto, las protestas han continuado después del 20 de febrero, con críticas directas al régimen autocrático y a la figura del rey.

Para algunos analistas españoles del establishment académico, como el catedrático de  Historia Contemporánea del Islam de  la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López García, lo fundamental es que en Marruecos  "se acepte el principio de que el rey reine pero no gobierne". López García considera que el hecho de que la reforma anunciada pueda desembocar o no en una transición real "dependerá de si la calle mantiene la movilización para que la agenda de cambio se cumpla".

La "agenda de cambio", no obstante, se presenta previamente determinada por las propias instituciones de la monarquía alauita, con el rey a la cabeza, y parece encaminada a encauzar los deseos de democratización del pueblo marroquí mediante algunas modificaciones contraladas "desde arriba". Algo que parecen percibir los movimientos contestatarios del país africano.

Un verdadero proceso democratizador de Marruecos, por otro lado, debería abordar necesariamente  la presencia colonial de este país en el Sáhara Occidental. En opinión del mencionado catedrático López García, la democratización  "pasa por la descentralización". Sin embargo, uno de los pilares de la futura reforma constitucional será el "plan de regionalización" elaborado por  una comisión presidida por el ex embajador de Marruecos en España Omar Azzimán. Este plan - según confirmó el jueves 10 de marzo el propio Azzimán - es "una etapa transitoria" para la aplicación de la "autonomía" que Rabat pretende imponer en el Sáhara. Una "solución" al conflicto que cuenta con el apoyo del Ejecutivo Zapatero y que supone una flagrante violación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.  

Fuente: Canarias-Semanal.com

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