Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los Derechos Humanos "siguen sin estar en la primera línea de la política exterior de España" y lamenta la "tímida actuación" en materia de Derechos Humanos del Gobierno español en sus relaciones bilaterales con países como Marruecos.
Esta es la principal conclusión del informe 'Voces contra el olvido' que han presentado el director de AI en España, Esteban Beltrán, y la investigadora Angela Iranzo, acompañados por Helena Moreno, esposa de Mustafá Setmarian --español desaparecido en 2005 en Pakistán-- y de la líder de la minoría uigur en el exilio, Rebiya Kadeer.
Amnistía lamenta que los Derechos Humanos en la política exterior de España no se defienden con la misma firmeza que otros intereses, como los económicos, los energéticos o de seguridad.
En opinión de Beltrán, cuanto "más estratégico" es un país para España "menos se habla con él de Derechos Humanos". AI critica asimismo que las autoridades españolas apelen a la discreción para evitar dar cuenta de si han abordado o no estas cuestiones en los diálogos bilaterales con otros países.
De aquí a lo que queda de legislatura, AI propone al Gobierno de Zapatero y a los grupos parlamentarios que trabajen en la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos con el fin de que esta cuestión pueda convertirse en la próxima legislatura "en el vértice" de una verdadera política de Estado y no se trate de modo "selectivo" como ocurre en la actualidad.
Pide también al Gobierno español que "revise caso por caso" todas las transferencias y exportaciones de armas al norte de África y Oriente Medio cuando exista un riesgo importante de que puedan usarse para violar los derechos humanos o la legalidad internacional humanitaria.
Le sugiere la inclusión de la defensa de los derechos humanos en sus contactos bilaterales con países como Marruecos.
Así, AI reclama a España que promueva la incorporación de la vigilancia de los DDHH en el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO).
El organismo destacó por otro lado que las revueltas populares en el norte de África y en Oriente Próximo suponen una oportunidad para que tanto España como la Unión Europea modifiquen la acción exterior hacia estos países, priorizando la protección de los derechos humanos y de las personas.
Fuente: SPS
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