Desde hace un mes la Comisión Europea (CE) tiene en su haber una pregunta clara y concisa: ¿se incluye o no al Sahara Occidental en los acuerdos comerciales con Marruecos? La discusión de estos convenios en Bruselas se desarrolla en un momento clave para el reino alauita: las sucesivas revueltas que sacuden el Norte de África, han revelado unos dudosos intereses por parte de la Unión Europea (UE) en la región. La Naciones Unidas (ONU), por su parte, y mediante su misión en el terreno MINURSO, estudia ampliar su competencia en el Sahara para poder garantizar un mayor respeto por los derechos humanos. Idea que poco complace al Reino de Marruecos, administrador de facto en la región con el respaldado de Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pieza clave en política comunitaria.
Los Acuerdos Comerciales que la UE y Marruecos vienen negociando en el marco de las políticas comunitarias de Asociación y Vecindad, tienen por objeto liberalizar los intercambios de productos agrícolas, agrícolas transformados, pesqueros y productos de pesca. Sin embargo, su puesta en marcha, prevista para el segundo semestre de 2011, se ve por ahora aplazada desde que en diciembre del año pasado la Comisión parlamentaria de Comercio Exterior, con un texto confuso entre las manos, quisiera comprobar, a través de sus servicios jurídicos, si las pretensiones de Bruselas y Rabat cumplían con la legislación internacional.
Un acuerdo ambiguo
En el texto, redactado por la CE, no aparece detallada la extensión territorial del mismo. O lo que es lo mismo, no se refleja si las importaciones y exportaciones que se harán entre ambos socios incluirán productos procedentes del territorio en proceso de descolonización y sobre el que la ONU no reconoce la soberanía marroquí. Así lo confirmó el informe emitido por los servicios jurídicos de la Eurocámara, emitido en enero de este año, en el que se expresaban serias dudas respecto a la legalidad del texto y se apuntaba la ausencia de información decisiva como, por ejemplo, si el acuerdo responde o no a las necesidades y deseos del pueblo saharaui, o como la manera en que dicha población podría beneficiarse. El texto además, invitaba al PE a pedir explicaciones antes de ratificar el convenio por que “si Marruecos no respeta el derechos internacional, la UE podría estar contribuyendo a ello”, aclaraba el texto.
Según el Derecho Internacional, de confirmarse la inclusión del Sahara Occidental en el acuerdo, la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, tanto en su extracción como su explotación, debería residir en el territorio saharaui. En este caso, la ex colonia española podría pasar a beneficiarse de los fondos y ayudas que la UE destina a sus vecinos para que puedan alcanzar los niveles de competitividad adecuados a las exigencias mercantiles comunitarias o a las ayudas del Banco Europeo de Inversión (BEI), como fue el caso de Marruecos, que, entre 1978 y 2006, pudo llevar a cabo la renovación de hospitales, gestionar sistemas de saneamiento de aguas o impulsar el sector de las pequeña y medianas empresas.
Un silencio institucional
En esta línea iría la postura de Raül Romeva i Rueda, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. De origen español, Romeva ha sido uno de los europarlamentarios que más se ha pronunciado respecto a la situación en el Sahara Occidental. Así lo hizo cuando pidió a la CE que se pronunciase ante el desmantelamiento del campamento de Agdaym Izik por parte de Rabat. “¿Piensa adoptar la Comisión alguna medida de presión o bloqueo a Marruecos por sus actuaciones en el Sáhara Occidental, o por el contrario seguirá sin posicionarse?”, preguntó el pasado 26 de noviembre mediante una carta escrita. En lo que concierne al contexto actual, Romeva también se ha pronunciado alto y claro, alegando que son los saharauis los que deben dar su acuerdo y beneficiarse de estos convenios, lo que daría pie a que el reino alauita pudiera comercializar sus propios productos con Europa, en el marco del pacto con Marruecos.
José Bové, también miembro de Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y ponente del informe final de acuerdo que deberá votar la Eurocámara, se suma a las críticas que le llueven a la Comisión. Este diputado francés ya ha anunciado que no lo redactará hasta que todos los aspectos jurídicos sean esclarecidos.
Sin embargo, la posibilidad de que el Sahara pudiera ser considerado válido para comercializar sus productos brilla por su ausencia a nivel institucional, en Bruselas. En el Parlamento nadie se aventura a responder a “preguntas especulativas”, según destaca Lorinc Redei desde el departamento de Prensa del PE, ante la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo Comunitario. Y, a pesar de que ha sido esta institución la que puso el freno a las ambiciones europeas en el Mediterráneo, el debate entorno a esta cuestión se encuentra bloqueado: “No podemos avanzar hasta que la CE no dé una respuesta. Estamos esperando a que nos expliquen cómo harán para gestionar el acuerdo y, sobre todo, que este no sea contrario al Derecho Internacional”, afirman fuentes oficiales desde la Comisión de Comercio Exterior, y añade, “llegado el momento, los eurodiputados, reunidos en Comisión parlamentaria de Comercio Exterior, serán los encargados de debatir y votar sí o no al acuerdo. En ningún momento podrán interponer enmiendas”.
La CE, por su parte, sigue sin dar ningún tipo de pista, aunque sí se sabe que existe un debate en las más altas esferas. La pregunta acerca de la legalidad de los acuerdos, inicialmente enviada por la Eurocámara a Karel De Gucht, Comisario europeo para el Comercio Exterior, ha sido transferida al Servicio de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, quien no se pronunció el pasado mes de diciembre, tras su reunión con Marruecos, ni tampoco lo hace ahora.
La diplomacia americana podría ser un elemento clave
Estados Unidos, a quien Europa mira cuando se topa con conflictos externos, podría jugar un papel importante en esta decisión de cara al Sahara, después de conocer la existencia de la carta que el Parlamento tiene en sus manos y que procede de la Administración estadounidense. Este documento, que data de 2004 y que está firmado por Robert B Zoellick, actual presidente del Banco Mundial, Washington, que no reconoce la autoridad marroquí en el Sahara Occidental, establece una clara diferencia en sus acuerdos comerciales con el reino alauita y con Rabat. Algo que, por su parte, el Ministro noruego de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Støre, también confirmó ante su Parlamento en mayo de 2010 cuando abordó las relaciones comerciales que unen a su país con el Norte de África.
La cuestión de si el Sahara podrá o no comercializar sus propios productos en el marco de los Acuerdos Comerciales UE-Marruecos sigue en el aire. Por lo menos hasta que el Parlamento no tome su decisión final, que podría ser tener lugar a finales de julio. Y su resultado, ya sea a favor o en contra de dichos convenios, podría tener una clara incidencia en la política que Rabat ha venido ejerciendo hasta ahora en el Sahara Occidental.
Fuente: Guin Guin Bali
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