Seis saharauis han relatado hoy al juez Pablo Ruz las torturas y
secuestros que sufrieron ellos y sus familiares a manos de militares
marroquíes entre 1975 y 1976 y que, según ellos, tenían como objeto
"exterminar y eliminar" al pueblo saharaui y "desplazarles forzosamente"
del Sáhara Occidental.
Los seis -tres hombres y tres mujeres- han
comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional como testigos
protegidos y cuatro han sido examinados por una médico forense para que
quedara constancia de las secuelas de las torturas a las que fueron
sometidos hace 36 años, según han informado fuentes jurídicas.
El
abogado que les acompañaba, Manuel Ollé, ha explicado que la forense ha
podido comprobar así "la especial perversidad en las torturas a las
mujeres", ya que una de ellas presentaba quemaduras en todo su cuerpo
fruto de las corrientes eléctricas que le fueron aplicadas en uno de los
centros secretos de detención con los que, según han referido, contaba
entonces Marruecos.
Para justificar la competencia de la Justicia
española en esta causa, en la que se investiga a altos cargos del
Gobierno marroquí por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara
Occidental, los testigos han aportado documentación que acredita sus
vínculos con España como el DNI o el Libro de Familia español.
No
obstante, al finalizar su declaración, y tras agradecer a la Justicia
española que después de tantos años se haya decidido a investigar estos
hechos, alguno ha lamentado la forma en que España les dejó abandonados
cuando cedió en 1975 el Sáhara Occidental a Marruecos y
Mauritania.
Han asegurado además que la situación ocurrida en el
Sáhara entre 1975 y 1976 permanece a día de hoy, ya que persiste, según
su testimonio, "una vulneración sistemática de los derechos humanos".
Para
Ollé, las declaraciones de estos testigos "han servido para reforzar
las imputaciones" contra los trece altos cargos marroquíes contra los
que se dirige la querella por delitos de genocidio y torturas en el
Sáhara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Los
principales altos cargos investigados son Housni Ben Sliman, superior
que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y
posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem,
presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y
supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
En principio iban a
prestar su testimonio ocho personas, pero finalmente no han podido
viajar todos a España por problemas burocráticos, mientras que la
activista saharaui Aminatu Haidar ya ha notificado al juez que mañana no
podrá prestar su testimonio por encontrase hospitalizada en Las Palmas
por un problema de garganta.
Mientras Ruz escuchaba el testimonio
de estos seis saharauis, una veintena de compatriotas y simpatizantes
con esta causa se concentraron ante las puertas de la Audiencia Nacional
para apoyarles y protestar por la situación del pueblo saharaui.
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