Sáhara, seguridad e intención política

La polémica repatriación de cooperantes de Tinduf añade a su dudoso rigor técnico la sombra de un posible intento de volver a dejar a su suerte al pueblo saharaui tras la desastrosa descolonización de los años 70.

La reciente polémica en torno a la repatriación de los cooperantes de Tinduf ordenada por el Gobierno español vuelve a poner en evidencia la capacidad técnica del PP de gestionar la política exterior así como su intencionalidad política. Aunque es cierto que es obligación de un Estado garantizar la seguridad de las personas que están en el extranjero, también lo es que esta maniobra del Gobierno español ha estado rodeada de precipitación y descoordinación. No se entiende cómo sus criterios de lo que puede ser una situación de riesgo no coincidan con los de la ONU. Aunque existe el precedente de los dos cooperantes secuestrados hace casi un año y felizmente liberados, tanto la realidad como las informaciones de las ONGs y las propias fuentes diplomáticas del gobierno saharaui parecen desmentir los argumentos que dieron pie a esa decisión.

De hecho, un grupo nutrido de cooperantes ya está de vuelta en los campamentos de Tinduf, entre ellos, una delegación navarra. Cualquiera que conozca la zona -muy controlada por ser un espacio de antiguo conflicto bélico- y la manera de proceder del ejército del Frente Polisario sabe de su capacidad para garantizar la seguridad de una presencia tan necesaria como la de la cooperación internacional. Por ello no es descartable que tras esta maniobra, según las ONGs, pueda haber un intento oportunista de aumentar el abandono del pueblo saharaui y sus incómodas reivindicaciones para el Gobierno español, tanto en clave interna (derecho a la autodeterminación) como de geopolítica, por la presión e intereses de Marruecos, Francia, EEUU… Y es que la cooperación internacional, más allá de por su insustituible labor en materia de alimentación, educación y salud para miles de personas que llevan muchos años en tierra de nadie, tiene una vertiente de denuncia política que interesa neutralizar. La presencia de Al Qaeda y su actividad en la zona del Sahel es un peligro que hay que evitar, pero precisamente flaco favor se hace a este objetivo si se cede a su amenaza del miedo y se desprestigia a grupos y organizaciones estatales que como el Frente Polisario suponen precisamente un freno, por su carácter laico, a la expansión del fanatismo islamista. Lo que el Estado español debería hacer no es generar un alarmismo disuasorio repatriando a las ONGs, sino activar su política exterior para saldar una deuda de fondo que el Estado tiene con el pueblo saharaui tras el proceso descolonizador.

Fuente: Noticias de Navarra

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