Un Tribunal Militar, sin jurisprudencia alguna, dictamina en la madrugada del domingo 17 de febrero de 2013 un veredicto de extrema dureza, ante la pasividad de la comunidad internacional.
El pasado 1 de Febrero se constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, sin competencia alguna, ha juzgado durante más de una semana a 24 saharauis que permanecían desde noviembre de 2010 en la cárcel de Salé Rabat (Marruecos) por haber participado en el Campamento de Gdeim Izik. En este campamento, organizado a las afueras del Aaiún – capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos – se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar sus condiciones de vida bajo la ocupación militar.
Este gesto de resistencia pacífica del pueblo saharaui marcó el inicio de la primavera árabe.
Tras permanecer más de dos años en prisión, los presos políticos saharauis han escuchado, en la madrugada del domingo 17 de febrero de 2013 la sentencia dictaminada por el Tribunal Militar de Rabat, en la cual se contemplan las siguientes penas: 9 cadenas perpetuas, 4 a 30 años de prisión, 7 a 25 años de prisión, 3 a 20 años de prisión y 2 han sido puestos en libertad ya que la sentencia es inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva.
Las imágenes hablan por sí solas: “Gdeim Izik: El Campamento de la Resistencia Saharui” y demuestran que fue Marruecos quien violentamente desmanteló el Campamento de Gdeim Izik el pasado 8 de noviembre de 2010.
Han pasado más de dos años tras el brutal ataque de Marruecos hacía la población civil saharaui, tiempo en el cual la Comunidad Internacional se ha mantenido pasiva. Comportamiento que ha mantenido ante el Juicio Militar y tras el conocimiento de la severa sentencia.
Tal y cómo señala el jurista internacional, Carlos Ruiz Miguel, “como el hecho sucedió en un territorio invadido, se encuentra bajo el IV Convenio de Ginebra que protege a las víctimas civiles de conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían estar detenidos en su país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país ocupante. Además, ser enjuiciados por un tribunal no político”. Marruecos no tiene jurisprudencia para Juzgar a la población civil saharaui. Nos encontramos ante más de un incumplimiento de la legalidad internacional, por lo tanto, esta sentencia no puede ser reconocida.
Estos días de juicio han puesto de manifiesto la farsa organizada por Marruecos. El juicio es un instrumento de política genocida del gobierno de Marruecos, contra el pueblo saharaui y abalado por la Comunidad Internacional que, siendo conocedora de la grave violación sistemática y diaria de Derechos Humanos que ejerce el gobierno de Marruecos hacia la población saharaui, se limita a continuar negociando con Marruecos para obtener el mayor beneficio económico en detrimento de la población saharaui y de la población de sus países, que a diario muestran el apoyo y sensibilización hacia el Pueblo Saharaui. A día de hoy España continua siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, por lo tanto, España es responsable de todo lo que le sucede a la población saharaui y de todo lo que sucede en el territorio no autónomo del Sahara Occidental.
No se puede encarcelar la dignidad del pueblo saharaui.
No se puede truncar durante 38 años la libertad de un pueblo impunemente.
Hasta la victoria final Seguimos.
¡¡¡Libertad Presos Políticos!!!
¡¡¡Sahara Libre!!!
Por Patrícia Hidalgo Fuentes
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