Más de dos años en prisión después, un tribunal militar ha condenado a 22 de los 24 presos políticos saharauis detenidos tras el desmantelamiento de Gdeim izik. A nueve de ellos los condena a cadena perpetua. 14 a más de 20 años de prisión. Y dos quedan en libertad por el tiempo que han permanecido en prisión. La defensa lo considera una condena "brutal", sobre todo, dicen, porque "en el juicio no se mostró ni una sola prueba que pudiera hacer dudar de la inocencia de los acusados". Aseguran que "es un día negro para la justicia marroquí y mundial".
Siete horas de deliberación bastaron para que los jueces que componían el tribunal militar marroquí que juzgó a 24 presos políticos detenidos tras el desmantelamiento de Gdeim Izik determinara una de las sentencias más brutales que se recuerdan en la administración judicial alauita. Nueve sentencias cadenas perpetuas -una de ellas a un saharaui juzgado en rebeldía-, 30 años de prisión para otros cuatro ciudadanos saharauis, 25 para siete más y 20 años para tres de ellos. Dos han quedado en libertad, después de entender los jueces que con el tiempo que han permanecido en prisión desde su detención es suficiente como pena.
El juicio, después de varios aplazamientos, se ha celebrado en nueve días en los que ha habido más de 100 horas de sesiones interminables. Tras finalizar, en siete horas el tribunal militar dictó la sentencia que dejó a los abogados de la defensa “perplejos y asombrados”.
Inés Miranda, abogada canaria que da soporte a los letrados que defienden a los saharauis, aseguró que “no hay fundamento jurídico en la sentencia. No ha habido ni una sola prueba que ni siquiera pudiera hacer dudar de la inocencia de los acusados”. Sostiene que “había imprecisión en el número de víctimas”, por las que se acusaba a los 24 saharauis y “no había ninguna relación entre los hechos narrados por la acusación y los imputados”.
Además, los abogados de la defensa denuncian que todas las declaraciones previas de los acusados no se obtuvieron en un proceso de instrucción normal sino bajo tortura. En el juicio se intentó explicar esta situación, a lo que, según diferentes fuentes, el tribunal militar ordenaba silencio porque no era causa que se juzgara la tortura, sino los hechos. Miranda sostiene que “ha habido continuas irregularidades durante el proceso, comenzando por la detención, tras el desmantelamiento de Gdeim Izik”.
Y en qué se basa el jurado para determinar una pena, otra o la libertad. Pues no queda claro en el relato de los hechos expuestos ni tampoco en la sentencia. La defensa mantiene que “se trata de un desatino completo. No había ningún hecho concreto por el que le preguntaran” y destacan que la Fiscalía marroquí “mostró la foto de varios acusados en el campamento de Tinduf como un elemento de carga”. La defensa, en el juicio, respondió que entonces “todo el cuerpo diplomático marroquí debería estar encausado en el proceso, al reunirse en multitud de ocasiones con miembros del Frente Polisario”.
Inés Miranda concluye que “ha sido un juicio político” en “un día negro para la justicia marroquí porque ha tenido un momento magnífico para demostrar que se está democratizando”. Y extiende la responsabilidad al señalar que “no deja de ser un día negro para la Justicia en todo el mundo”.
Fuente: guinguinbali.com
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