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La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, APRASE, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, 27/02/2018


Fuente: EIC Poemario por un Sahara Libre

NOTA SOBRE  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE 27/02/2018
Con motivo de la cuestión elevada por la High Court of  Justice (Reino Unido) a la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo origen es una demanda presentada por la Organización Western Sahara Campaing UK, sobre la licitud de la importación de productos procedentes del Sáhara Occidental como si fueran productos marroquíes y la aplicación sobre los mismos del Acuerdo Pesquero UE-Marruecos y el Protocolo de 2013; la Gran Sala ha resuelto en el sentido de: confirmar la validez del acuerdo en la medida en que el mismo, no es aplicable a las aguas del Sáhara Occidental.

En su Sentencia de 27 de febrero de 2018, la Gran Sala hace un estudio exhaustivo sobre la cuestión y el derecho internacional aplicable. De la sentencia pueden extraerse las siguientes conclusiones, que seguro afectarán de plano las relaciones entre la Unión Europea con Marruecos.
Párrafo 63 in fine, concluye tajantemente que si el acuerdo se aplicara a las aguas del Sáhara Occidental, el mismo sería nulo pues sería contrario al Derecho a la Autodeterminación del Pueblo Saharaui; toda vez que, (párrafo 69) las aguas del Sáhara Occidental no forman parte de la zona de pesca marroquí. Por consiguiente (párrafo 79), (…) y siguiendo la interpretación adoptada en el apartado 73 de esta sentencia, la zona de pesca marroquí a los efectos del Acuerdo pesquero y el protocolo de 2013, no incluye las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

Concluye el Tribunal, afirmando que (párrafo 83) el acuerdo pesquero y el protocolo de 2013 deben interpretarse conforme al Derecho Internacional que es vinculante para la UE y aplicable a sus relaciones con Marruecos, en el sentido de que las aguas saharauis no entran dentro del acuerdo de pesca ni del protocolo de 2013.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS
Si bien el acuerdo y su protocolo son válidos y plenamente vigentes, como es sabido aproximadamente el 70% de las licencias otorgadas a pescadores europeos en virtud de este tratado se refieren a las aguas saharauis, deviniendo estas en nulas de pleno derecho.
En adelante, ninguna autoridad europea podrá otorgar licencia de pesca que afecte al Sáhara Occidental, pues la sentencia es tajante al afirmar que, si bien el acuerdo del protocolo es válido, esa validez se debe a que no son aplicable a las aguas del Sáhara Occidental.

Considerando esta sentencia y la sentencia de 21 de diciembre de 2016, podemos concluir que:
• Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados conforme al Derecho Internacional.




Condenas a las injustas sentencias del régimen marroquí contra el grupo de presos politicos de Gdeim Izik

Amnistía Internacional condena el juicio de Marruecos a los presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik

Fuente: Amnistía Internacional

Según la organización Amnistía Internacional, la sentencia del juicio marroquí a presos políticos saharauis “empañada por la inacción para investigar denuncias de tortura adecuadamente”. Denuncia Amnistía Internacional.

Un tribunal declaró hoy a 23 activistas saharauis culpables en relación con los mortales enfrentamientos que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental, tras no excluir en las vistas judiciales pruebas empañadas por denuncias de tortura, dijo Amnistía Internacional.

A primeras horas de esta mañana, el Tribunal de Apelaciones de Rabat impuso a los acusados penas de entre dos años de prisión y cadena perpetua en relación con los enfrentamientos desencadenados tras el desmantelamiento forzoso en 2010 de un campamento de protesta pacífica en Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, en los que resultaron muertos 11 miembros de las fuerzas de seguridad y dos manifestantes saharauis.

“En el juicio la mayoría de los acusados declararon ante el tribunal que los habían torturado para hacerlos ‘confesar’ o autoincriminarse o incriminar a terceros. Si el tribunal realmente hubiera querido darles un juicio justo, a estas alturas ya habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas”, declaró Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“El hecho de que durante más de seis años las autoridades judiciales no hayan investigado de manera adecuada las denuncias de tortura en esta causa empaña la sentencia de hoy.”

Personas que presenciaron el juicio en calidad de observadores contaron a Amnistía Internacional que 8 de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y 11, a penas de entre 20 y 30 años de prisión. A dos se les impusieron penas de seis años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, y se espera que sean puestos en libertad hoy, dado que ya han pasado ese tiempo recluidos desde su detención en 2010. Otros dos fueron condenados a dos años de prisión, pena que en la práctica ya han cumplido.

El tribunal aún debe hacer público el fallo por escrito fundamentando en detalle la sentencia condenatoria de esta mañana.




La otra cara de Gdeim Izik


Fuente: APRASE – Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España

En la población de Salé (Rabat) veintitrés familias saharauis de las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental, llevan más de seis años entre idas y venidas para poder estar cerca del grupo de Presos Políticos Saharauis (Gdeim Izik).

Este grupo fue detenido y desaparecido durante un mes y medio, tras el brutal desmantelamiento por parte del ejército marroquí del Campamento de la Dignidad Saharaui, que a finales de 2010 se erigió en las afueras de El Aaiún ocupado.

Fueron trasladados a Salé y procesados por un Tribunal Militar en febrero de 2013, resultando condenados a penas de 20, 25, 30 años y 9 de ellos a cadena perpetua.

Después de tres años de presión internacional, en la que, incluso el Secretario General de  Naciones Unidas pidió que se anulará ese juicio militar. En 2016 el Tribunal Supremo marroquí acordó que el Tribunal Militar no era competente para enjuiciarles por ser civiles y revocó la sentencia por no existir pruebas suficientes que vinculen a los presos con los hechos que se les imputan.

Sin embargo, lejos de quedar en libertad como ocurriría con cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo, a este Grupo se le mantuvo en la prisión de Salé y se acordó el reinicio de un proceso penal ante la Corte de Apelación de Salé (a más de 1500km de El Aaiún).

A la dificultad económica que les supone a las familias el tener dos casas abiertas, se añade el coste del viaje, la manutención y un largo etc. de complicaciones que con el paso de los años han ido superándose gracias a la solidaridad de amigos y allegados.

Sin embargo, estas dificultades económicas resultan ridículas si las comparamos con las dificultades, a la hora de encontrar pisos y marroquíes dispuestos a arrendarlos.




La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España condena la política represiva practicada por Marruecos contra activistas saharauis de derechos humanos

Fuente: spsrasd

Madrid (España).- La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) ha condenado la política represiva y de persecución practicada por Marruecos contra los activistas saharauis de derechos humanos.

En una una nota de prensa a la que SPS pudo acceder, la APRASE “denuncia estas prácticas abusivas e intimidatorias contra activistas saharauis”.

Esta asociación de abogados saharauis pide “al Consejo de DDHH de Naciones Unidas que intervenga y proteja a los activistas que participan en sus sesiones anuales”.

En ese sentido exhorta a Naciones Unidas dotar a su misión de mantenimiento de la paz en el Sahara Occidental, MINURSO, de competencias para el monitoreo de los DDHH.

“Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad legal como Potencia Administradora y apoye un Referéndum de Autodeterminación conforme al mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas”, concluye la nota de prensa de la abogacía saharaui.




Abogados saharauis piden a la Audiencia Nacional que reclame la causa de Gdeim Izik


Fuente: Contramutis

La Asociación profesional de abogados saharauis en España (Aprase) ha reiterado a la Audiencia Nacional que reclame la causa de Gdeim Izik, por la que están siendo juzgados desde diciembre de 2016 en Marruecos 24 presos políticos saharauis.

El juicio, que se celebra en Salé, cerca de Rabat, se reanudó por quinta vez el 5 de junio; los presos, que fueron llevados por la fuerza al Palacio de Justicia, se negaron a ir a sala de vistas para seguir con la medida que adoptaron el 16 de mayo de no estar presentes, lo mismo que hicieron sus abogados, por considerar que se trata de una farsa de juicio.

Los abogados saharauis insisten en un comunicado, como ya hicieron el 13 de marzo pasado ante la Audiencia Nacional, en que España es competente para conocer el caso del campamento reivindicativo saharaui, desmantelado en noviembre de 2010  a 12 kilómetros de El Aaiún, pues el Sáhara Occidental  sigue sin ser descolonizado y España es de iure la potencia administradora, como contempla un auto de 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Aprase recalca que según el Derecho Internacional Humanitario los hechos ocurridos en un territorio ocupado y que afecten a la población autóctona no pueden ser juzgados por los tribunales del país ocupante, en este caso Marruecos y constata más irregularidades procesales, “como la presentación de nuevos testigos casi 7 años después, ausencia de cuerpos de los supuestos agentes asesinados, imágenes manipuladas, confesiones obtenidas bajo torturas (que el Tribunal se niega a investigar) y un largo etc”,

La Audiencia Nacional tramita varias causas sobre el Sáhara Occidental, entre ellas una por la que fueron  procesados once altos cargos policiales y del ejército marroquíes por delitos de genocidio cometidos entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

Tras reanudarse el 5 de junio el juicio de Gdeim Izik, trece observadores internacionales de España, Italia, Noruega y  Portugal han denunciado que a estas alturas todavía no está claro si se trata de un procedimiento de primera o segunda instancia, cuestión pendiente de resolver por el Tribunal, de lo que depende sean distintas las reglas procesales aplicables, como la admisión de nuevas pruebas y testigos y la incorporación de una nueva parte civil.




Juicio #GdeimIzik (Martes 9 de mayo)


Fuente: APRASE / EIC Poemario por un Sahara Libre

Segunda jornada de la cuarta sesión del juicio contra los presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik
Con motivo de la reanudación del macro Juicio celebrado en Rabat contra el grupo de presos políticos saharauis conocido como Grupo Gdeim Izik, una delegación de abogados de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España -APRASE-, se trasladó al lugar en calidad de observadores internacionales acreditados por el Consejo General de la Abogacía Española.

La delegación de observadores de APRASE, compuesta por los abogados españoles (Fatma Elgalia, Fernando, María y Mustafa), de los cuales dos son de origen saharauis, se encontró con dificultades desde el primer momento que pisó suelo marroquí, todo ello pese a ir debidamente acreditados por el Consejo de la Abogacía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España; cabe destacar que fueron retenido durante más de una hora en el puerto de Tánger a su llegada desde Algeciras.

El lunes 8 de mayo, siendo las 8 de la mañana se personaron en el Tribunal Penal de Rabat con el fin de acceder a la reanudación del proceso penal contra el Grupo Gdeim Izik. Estando en el Tribunal, a los dos abogados de origen saharaui, Fatma Elgalia y Mustafa, se les prohibió la entrada a la Sala bajo el pretexto de no estar acreditados por el Consejo Nacional de DDHH marroquí, permitiéndose la entrada a los demás abogados de origen europeo y que constaban en la misma acreditación que los dos abogados de origen saharaui. Sólo cuando el resto de abogados se negó a acceder a la sala sin sus compañeros, casi tres horas después de iniciado el juicio se les permitió la entrada.

Esta circunstancia es una muestra más de la discriminación a la que se enfrentan, a diario los saharauis, en Marruecos y en las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental.

Dado que hoy martes continúa el juicio en Rabat contra el Grupo de Gdeim Izik y en Marrakech se espera, por novena vez pospuesto, otro juicio contra un grupo de estudiantes saharauis que llevan más un año y medio en prisión provisional, nuestra delegación se ha dividido en dos para cubrir ambos juicios.

Los estudiantes saharauis que serán juzgados en Marrakech, llevan más de un año y medio en prisión provisional sin cargos, pues hasta el momento la acusación no ha concretado por qué hechos serán juzgados. Lo cierto es, que este grupo, conocido como Grupo Elwali, durante años organizó sendas manifestaciones en escuelas y universidades reivindicando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el respeto a sus derechos humanos.

Como primera valoración, nuestros compañeros presentes en el terreno destacan la actitud agresiva de las autoridades marroquíes hacia ellos y las familias de los presos políticos, y en la Sala de Rabat, la actitud parcial del Presidente del Tribunal que lejos de cumplir su papel de hacer justicia y hacer cumplir la ley, se convirtió en una parte más acusación.




El juicio a los #EstudiantesSaharauis en Marrakech se aplaza hasta el 13 de junio


Fuente: APRASE (Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España) / EIC Poemario por un Sahara Libre

Breve resumen de la sesión del juicio contra los estudiantes:
Los observadores internacionales entre los que se encontraba una delegación de abogados de APRASE, asistieron hoy a la primera sesión del proceso contra los estudiantes saharauis (Grupo Elwali). Durante esta primera sesión, que duró 4 horas, han declarado 16 de los 17 estudiantes y se fijó nueva sesión para el próximo 13 de junio.

Los estudiantes sharauis han declarado ante el tribunal durante cuatro horas, durante todo el tiempo permanecieron de pie, sufriendo los gritos e insultos. No se les permitió beber agua durante la sesión.

Según nos informan nuestros compañeros, y como primer apunte para el futuro informe que será publicado por APRASE, si ya denunciamos que el juicio de Rabat no cuenta con las garantía mínimas de un proceso penal, en este caso son menos aún y la sensación que se percibe tanto en la actitud del Tribunal como de los Gendarmes es de absoluta impunidad.





APRASE denuncia en la Audiencia Nacional los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de Gdeim Izik


Fuente y Scribd: porunsaharalibre.org

Coincidiendo con la reanudación del proceso judicial del Grupo de Gdeim Izik, en Sale (Rabat), la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) se personará, hoy lunes 13 de marzo de 2017 a las 12:00h, ante la Audiencia Nacional para denunciar los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de Gdeim Izik.

De los 25 activistas, que ya fueron juzgados y acusados en febrero de 2013 en un tribunal militar, 24 vuelven a ser juzgados por los mismos delitos esta vez en un tribunal civil. Hassanna Aalia, que fue condenado en rebeldía por el tribunal militar y que en estos momentos se encuentra con asilo político en España, no fue incluido en este último proceso. También de los 24 juzgados dos ya habían sido puestos en libertad, por haber cumplido ya más dos años de prisión efectiva, y uno está en libertad condicional, por motivos de salud.

Nota de prensa de APRASE:




Mensaje de condolencias por el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz de APRASE

Por medio de la presente, desde la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad con el Pueblo del Sahara Occidental, la familia Abdelaziz y todas las personas amantes de la paz y el respeto a los Derechos Humanos. Nuestro compañero, amigo y presidente, Mohamed Abdelaziz falleció el 31 de mayo después de muchos años de lucha contra una grave enfermedad pulmonar. En estos duros momentos, junto a nuestro Pueblo lloramos desconsolados por su pérdida irreparable.

Mohamed Abdelaziz fue, sin lugar a dudas, el principal valedor de la lucha pacífica por la autodeterminación del pueblo saharaui. Nos abandona un hombre de consenso, de equilibrios y profundo defensor del diálogo como mejor arma de lucha por el respeto a los Derechos.

En nombre del colectivo de profesionales de la abogacía saharaui en España, APRASE expresa su más sentido pésame por esta pérdida irreparable, y se compromete a seguir adelante con la lucha por la libertad y la justicia de Pueblo Saharaui; tomamos el legado que nos deja, nuestro difunto Presidente de la República, así como el de todos los mártires de la causa nacional, como nuestro y seguimos en la senda por la paz y la libertad del Pueblo Sahara Occidental, así como, en defensa del pleno reconocimiento de nuestro Estado la República Árabe Saharaui Democrática.

El Pueblo Saharaui ha perdido a un padre y un referente en su lucha por la Autodeterminación; la humanidad ha perdido a una figura de valor incalculable, adalid de la paz y el consenso como mejor vía de arreglo de controversias.

Junta Directiva de APRASE

Fuente: splsahara.org




APRASE denuncia la expulsión por Marruecos de una misión internacional de juristas observadores de Derechos Humanos

Madrid (España).- La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) ha denunciado en un comunicado la expulsión por Marruecos de una misión internacional de juristas observadores de Derechos Humanos que pretendía visitar a los 13 presos políticos saharauis que se encontraban en una huelga de hambre desde el primero de marzo pasado.

“No es la primera vez que Marruecos expulsa misiones de observadores internacionales de DDHH, este hecho pone de manifiesto la poca consideración por parte de las autoridades marroquíes a los Derechos Humanos y la legalidad internacional, así como su continúo y reiterado desafío a la Comunidad Internacional en lo que a la cuestión del Sáhara Occidental se refiere.”, subraya el comunicado.

Texto integro del comunicado
Una misión internacional de juristas observadores de Derechos Humanos fue retenida el pasado 6 de abril por la policía de Marruecos en Rabat, la misión tenía como objetivo visitar a los 13 presos políticos saharauis que llevan 37 días en huelga de hambre. Una vez en su hotel, fueron sorprendidos por la policía marroquí y llevados a la fuerza a dependencias policiales donde fueron sometidos a un intenso interrogatorio y luego expulsados.

13 presos políticos saharauis, del grupo Gdeim Izik, se encontraban en huelga de hambre desde el 1 de marzo reivindicando su liberación y que se investiguen las torturas y malos tratos que sufren desde que fueran detenidos y encarcelados hace cinco años.




Exteriores pide explicaciones a Marruecos por la expulsión de cinco abogados españoles

Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez, dos de los de los cinco abogados españoles devueltos al Puerto de Algeciras desde Rabat

El Ministerio de Exteriores ha recabado hoy explicaciones de la Embajada de Marruecos en Madrid tras la expulsión de ese país de cinco españoles -un magistrado y cuatro abogados- por solidarizarse con presos saharauis y ha transmitido la preocupación de España por las garantías de los afectados. El Gobierno de Marruecos expulsó hoy del país a cinco españoles, dos franceses y un belga que habían llegado a Rabat para solidarizarse con los presos saharauis del llamado "grupo de Gdaim Izik", en huelga de hambre desde el pasado 1 de marzo. Un comunicado de la Wilaya (gobierno civil) de Rabat acusó a los abogados de "entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público".

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España señala en un comunicado que los españoles expulsados son el magistrado asturiano Jesús María Martín Morillo, los abogados andaluces Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez Justo, la aragonesa Altamira Guelbenzu y la canaria María Nieves Cubas Armas, junto al abogado belga Eric David, la abogada francesa Ingrid Metton y la asistente gala Joelle Toutain.

Fuentes diplomáticas españolas han informado hoy de que la Embajada en Rabat ha estado pendiente desde el primer momento que tuvo noticias de este asunto y que hizo varias gestiones, pidiendo explicaciones oficiales de lo ocurrido. El cónsul general de Rabat estuvo igualmente activo desde el primer momento, realizando gestiones consulares y pudo finalmente prestar a los españoles asistencia consular.
Según informan las mismas fuentes, el cónsul se reunió con los españoles afectados por la decisión administrativa de expulsión de las autoridades marroquíes y se pusieron a su disposición para apoyarles en todo lo posible.

El Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo ha recabado hoy oficialmente explicaciones de la Embajada de Marruecos en Madrid y ha transmitido la preocupación por las garantías de los afectados.




Presentación oficial de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, APRASE

En la Sede del Consejo General de la Abogacía Española tuvo lugar la presentación oficial de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, una iniciativa de letrados saharauis que ejercen en España. El acto tuvo lugar en la tarde del jueves 31 de marzo de 2016. El acto tenía por objeto presentar en sociedad esta iniciativa y hacer una llamada de atención a la comunidad de la abogacía en la necesidad de actuar y denunciar las graves violaciones que vive el pueblo saharaui.

Asistió a la presentación la representante del Sahara Occidental para España, Jira Bulahi, los abogados, Monuel Ollé, Pablo Gutierrez, Sidi Mohamd Talebbuia y Fatma Elghali M-Moulud. También asistieron abogados del Consejo de Abogadia de España, profesores de la Universidad Autonoma de Madrid, estudiantes, movimiento solidario, periodistas y miembros de la comunidad saharaui en España.

Sidi M. Talebbuia en calidad de presidente de APRASE abrió el acto, agradeciendo a la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española el apoyo prestado para hacer posible este evento, a todos los presentes y a los componentes de la mesa, comenzando por la representante del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, quien habló de la importancia que tiene un proyecto como este para la causa del Pueblo Saharaui; concluyó, emocionada por ver el resultado de generaciones de lucha y paciencia recordando que España abandonó el Sahara Occidental con dos licenciados en Derecho y hoy la República Saharaui cuenta con su primera asociación de abogados en España.




Los saharauis no quieren ser “extranjeros de segunda” para acceder a la nacionalidad española

LAMENTAN LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE ESPAÑA
Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante”, lamentan los representantes de la colectividad saharaui.
Los saharauis no esperan obtener la nacionalidad por carta de naturaleza como los sefardíes, ni confían en un trato preferencial como otras excolonias españolas. Su fin es recuperar el derecho a la nacionalidad por residencia cumplidos diez años, como cualquier extranjero, que ahora el Gobierno les niega.

Una situación que denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) que reprocha al Ejecutivo que no dé validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la única a la que los saharauis tienen acceso, cuando anteriormente sí que los aceptaba.

“Ha habido un cambio de doctrina y el Gobierno nos ha convertido en extranjeros de segunda”, afirma Sidi Talebbuia, presidente de APRASE. “Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante para pedir la nacionalidad por residencia”, asegura.

Este escenario afecta a más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- ven rechazada su solicitud.

Desde el Ministerio de Justicia explican que las solicitudes son denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos administrativos de la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sahara.

Talebbuia explica que el cambio se produjo hace un año y medio cuando la Dirección General del Notariado dejó de admitir esta documentación “sin previo aviso ni explicación alguna”. El letrado no duda y apunta a Marruecos.
“Hay una injerencia de Marruecos en las decisiones del Gobierno español que condiciona cualquier movimiento que haga España hacia el pueblo saharaui”, asegura Talebbuia. “Nos utilizan como moneda de cambio en las relaciones entre ambos países”, añade.




Los saharauis denuncian que el Gobierno les niega la nacionalidad española

El Ministerio de Justicia rechaza las solicitudes de más de 400 personas pese a cumplir con el requisito de llevar diez años de residencia en el país.
Varios refugiados saharauis asisten a un desfile en Tifariti, en los territorios liberados del Sáhara Occidental, en el 35 aniversario del Frente Polisario, 
un movimiento que lucha por la independencia de este territorio.
Madrid (España).- Los saharauis no esperan obtener la nacionalidad por carta de naturaleza como los sefardíes, ni confían en un trato preferencial como otras excolonias españolas. Su fin es recuperar el derecho a la nacionalidad por residencia cumplidos diez años, como cualquier extranjero, que ahora el Gobierno les niega.

Una situación que denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) que reprocha al Ejecutivo que no de validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la única a la que los saharauis tienen acceso, cuando anteriormente sí que los aceptaba.

"Ha habido un cambio de doctrina y el Gobierno nos ha convertido en extranjeros de segunda", afirma a Efe Sidi Talebbuia, presidente de APRASE. "Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante para pedir la nacionalidad por residencia", asegura.

Este escenario afecta a más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- ven rechazada su solicitud.

Desde el Ministerio de Justicia explican que las solicitudes son denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos administrativos de la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sáhara.

Talebbuia explica que el cambio se produjo hace un año y medio cuando la Dirección General del Notariado dejó de admitir esta documentación "sin previo aviso ni explicación alguna". El letrado no duda y apunta a Marruecos.

"Hay una injerencia de Marruecos en las decisiones del Gobierno español que condiciona cualquier movimiento que haga España hacia el pueblo saharaui", asegura Talebbuia. "Nos utilizan como moneda de cambio en las relaciones entre ambos países", añade.




España niega la nacionalidad a los refugiados saharauis por proceder de un “país no reconocido”

-Unos 400 saharauis llevan años intentando que España les conceda la nacionalidad, pero siempre reciben la misma respuesta: no reconocemos los documentos de la República Árabe Saharaui Democrática.
-Cumplen con todos los requisitos: llevan más de diez años viviendo en España, cotizan a la Seguridad Social y no tienen antecedentes penales
-"Esto es un problema político. España antepone sus intereses con Marruecos", protestan los afectados.
Zahra cumple con todos los requisitos para conseguir la nacionalidad española: lleva viviendo en España más de diez años, no tiene antecedentes penales y está cobrando un salario como trabajadora. Pese a todo, la Administración le ha denegado hasta en dos ocasiones su solicitud. Su hándicap: provenir de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. España exige una partida de nacimiento "de un país reconocido", una categoría que no está reservada para la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Zahra no es un caso excepcional.

El Ministerio de Justicia reconoció en diciembre la existencia de problemas administrativos porque los documentos que entregan los saharauis "no son oficiales" y están generando "problemas en la Dirección General del Notariado". La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) calcula que hay unas 400 saharauis que atraviesan la misma situación.

Lehbib encarna otro ejemplo. Lleva en España desde el año 2000, cuando aterrizó en Asturias para cursar un seminario de medicina gracias a un programa de cooperación. Después se desplazó a Alicante donde trabaja como personal sanitario en un hospital. Asentado en nuestro país, inició los trámites para optar a la nacionalidad en 2010. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que la cita no sería hasta 2012. Dos años después la Administración resolvió su solicitud: no reconocemos su país. Respuesta calcada a la facilitada a Zahra.

"Es una injusticia", clama Lehbib. Dos años atrás el Gobierno español cambió la doctrina y dejó de dar validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Ni el argumento de que sus padres son españoles –atesoran el DNI español por haber vivido en una colonia- les ha servido para algo. España tampoco reconoce ahora esa circunstancia.




Presidente de la APASE: “La única manera de que este conflicto se resuelva es que se celebre un referéndum en el que el pueblo saharaui decida”

SIDI MOHAMED TALEBBUIA
/ PERFIL EN RED SOCIAL
Por Luz Marina Mateo / Especial para VSOA

Madrid (España).- Hace menos de dos meses se anunció públicamente la conformación de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE). La entidad está presidida por Sidi Mohamed Talebbuia, un joven de 28 años nacido en los campamentos de refugiados saharauis y licenciado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En esta entrevista exclusiva para Voz del Sahara Occidental en Argentina, hablamos con él sobre los objetivos de APASE, algunos aspectos de su historia personal, su experiencia como observador en juicios a presos políticos saharauis en los territorios ocupados y en las cárceles marroquíes, el secuestro de su hermano en Agadir (Marruecos) y distintos aspectos del presente y el futuro de la cuestión saharaui.

- I -
APRASE y su primera acción: la carta al ministro de Justicia español Rafael Catalá
En noviembre de 2014, APRASE hizo pública una nota de prensa en la que anunciaba su conformación. La entidad está integrada por nueve miembros (hombres y mujeres), abogados colegiados que ejercen su profesión en distintas zonas del Estado español, algunos de ellos en estudios de otros abogados y otros en sus propias oficinas. Sidi Mohamed Talebbuia -su presidente- es de los más jóvenes. Tiene 28 años y, como muchos jóvenes saharauis, nació en los campamentos de refugiados.

¿Cómo surge la idea de asociarse?
La asociación surge por una necesidad que teníamos por unanimidad todos los que la integramos. Desde hace años, cada uno por su cuenta veníamos trabajando, ayudando en el ámbito legal a diferentes asociaciones del movimiento solidario, a las Delegaciones del Frente Polisario de nuestras correspondientes provincias y a la propia comunidad saharaui residente aquí en España. Entonces, conforme hemos ido teniendo conocimiento de la existencia de cada uno de nosotros (porque, claro, no somos de la misma provincia ni comunidad autónoma y no sabíamos que había más compañeros ejerciendo la abogacía aquí en España) surgió el interés por contactar entre nosotros y, una vez que conseguimos hacerlo –que fue en abril de 2014- nos planteamos la idea de constituirnos en asociación y empezar a trabajar como organismo, como entidad independiente con un objetivo claro que es el de la defensa de los derechos de nuestro pueblo, tanto aquí como en otros países.




APASE: Carta abierta al Ministro de Justicia español para que rectifique sus declaraciones sobre la potestad de Marruecos para explotar los recursos naturales del Sahara Occidental

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS SAHARAUIS EN ESPAÑA
–A P A S E–
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN PÚBLICA

A/A del Excmo. Sr. Ministro de Justicia,

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, se ha hecho eco de sus recientes declaraciones legitimando la acción de Marruecos sobre los sobre el Territorio del Sáhara Occidental, sus aguas y sus Recursos Naturales.

Según sus declaraciones del pasado lunes día 15 de diciembre de 2014 http://www.eldiario.es/_13fbc504, recogidas por la Agencia EFE arguye usted con respecto a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Reino de Marruecos en aguas del Sahara Occidental –“hasta donde usted sabe, están dentro del más absoluto respeto al derecho internacional, de sus competencias y de su ámbito territorial y son conformes al derecho aplicable”.

Sr. Ministro, España sigue siendo la Potencia Administradora de iure del Territorio y por ello le siguen correspondiendo las obligaciones que la Resolución 1514 (XV) le impone y que no podrá eludir hasta que no se proceda a la descolonización efectiva del Territorio del Sahara Occidental.

España, Sr. Ministro, está obligada a observar, respetar y promover el derecho de autodeterminación y mantener la condición distinta y separada del Sáhara Occidental para evitar cualquier obstáculo a la futura autodeterminación.

España, Sr. Ministro, está obligada especialmente por su condición de Potencia Administradora, de acuerdo con la resolución 1514 (XV), “deberán tomar de inmediato las medidas para traspasar todos los poderes al Pueblo del Sahara Occidental, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados”.




El Vía crucis de los saharauis que aspiran a ser españoles

El Ministro de Justicia Rafael Catalá
Rafael Catalá, el nuevo Ministro de Justicia, lo reconoció en público a principios de mes. Para algunos colectivos la obtención de la nacionalidad española es un "laberinto imposible". Aludía a los saharauis que residen en España a los que el predecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, colocó en un callejón casi sin salida.

El "laberinto imposible" surgió hace aproximadamente un año cuando la dirección general de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia dejó de dar validez a los documentos expedidos por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Tampoco España reconoce a Kosovo, pero su documentación sí se acepta.
"Se ha producido un cambio de doctrina" se lamenta Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE). "Afecta sobre todo a aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de Vacaciones en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez años residiendo aquí", añade. "Están integrados, tienen arraigo, pero ahora se les deniega la nacionalidad".

A aquellos que quieran ser españoles solo les queda entonces una vía tortuosa: hacerse primero apátridas. Presentan la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Jefatura Superior de Policía, señala Talebbuia. "A partir de ahí deben esperar al menos un par de años", señala. "Cuando tengan documentos como apátridas podrán solicitar la nacionalidad española", que tardarán otros dos años más en conseguir. "Es un camino interminable", se queja.

Para Talebbuia la solución consistiría en modificar el artículo 22 del Código Civil para que, como sucede con los portugueses, filipinos, ecuatoguineanos o sefardíes, a los saharauis les basten dos años de residencia para poder solicitar la nacionalidad. El Sáhara Occidental ha sido colonia española hasta 1975 como lo fueron en su día Filipinas o Guinea Ecuatorial. La Administración española debería además aceptar de nuevo la documentación expedida por la RASD.




Presentada en el Congreso de los Diputados una enmienda sobre la nacionalidad española de los saharauis

Madrid (España).- Con motivo de la aprobación de la Ley de acceso a la Nacionalidad Española de los judíos Sefardíes en el Congreso de los Diputados español, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalanya presentaron enmiendas a la totalidad de la Ley.
La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, en colaboración con estos dos grupos (IU y ER) y el grupo socialista han logrado que el Pleno del Parlamento Español se pronuncie sobre la necesidad de hacer justicia con los saharauis en materia de nacionalidad.
Las próximas semanas serán intensas en el Congreso de los Diputados, donde el colectivo de apoyo al Pueblo Saharaui encabezado por los Abogados Saharauis en España mantendrá sendas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para lograr un compromiso serio por parte del Estado español con los saharauis residentes en España.





Se constituye la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE)

NOTA DE PRENSA
Habida cuenta de la creciente demanda de amparo del Pueblo Saharaui, abandonado a su suerte desde noviembre de 1975, cuando el Estado español firmó los ilegales y secretos Acuerdos de Madrid, eludiendo todas sus responsabilidades jurídico-internacionales para con su última colonia; que quedó sumida en los desastres de una guerra cruel y encarnizada contra los tiranos de Marruecos y Mauritania; incumpliendo de forma flagrante las normas de Derecho Nacional Vigente y las normas de Ius Cogens en lo relativo a su antigua colonia. Por la inadmisible y sistemática violación de los Derechos Humanos que el Reino de Marruecos practica sobre la población saharaui en los Territorios Ocupados, así como, el creciente número de nacionales saharauis que son perseguidos, secuestrados, encarcelados, sometidos a tratos crueles y denigrantes por las fuerzas de ocupación; así como por la inaceptable impunidad de los autores de las más de 650 desapariciones forzosas y en definitiva por el inoperancia de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, incapaz de garantizar la seguridad de la población civil saharaui en las zonas ocupadas.
Habida cuenta de que España, sigue incumpliendo su Derecho Nacional vigente y las Normas de Ius Cogens en lo tocante a la defensa y salvaguarda de los derechos e intereses de su colonia, y dado el reciente cambio en doctrinal observado en las Resoluciones de la DGRN en materia de nacionalidad para ciudadanos saharauis residentes en España, a quienes se les deniega injustificadamente el acceso a este derecho, así como en otras materias como la inscripción de sus hijos, actas matrimoniales, o el no reconocimiento de ningún documento emitido por la República Saharaui.




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