Una solución para el Sáhara

Los recientes acontecimientos ocurridos en Túnez, Egipto y Libia ponen en evidencia  la inestabilidad existente en el norte de África y el inoperante papel que España desempeña en el Magreb. Podría pensarse, si nos atenemos a la inercia histórica reciente, que nuestro país está atado de pies y manos para desarrollar una acción política autónoma al carecer de argumentos diplomáticos para desarrollarla. Todo lo contrario, España tiene un cúmulo de factores a su favor que sólo con la  voluntad política de utilizarlos lograría introducir un factor de estabilidad en la región.
La inestabilidad política existente en España y Portugal durante 1975, así como las alianzas de Argelia y Libia con la URSS. Que fueron los principales argumentos que motivaron el apoyo de EE. UU. a Hassan II, para apoderarse del Sáhara, han desaparecido por la estabilidad ibérica y por el final de la guerra fría. Ese respaldo  incondicional a Marruecos, al que se sumaría Francia, ha incidido muy negativamente en el respeto a los Derechos Humanos en la zona. En 35 años el sultán ha sido incapaz de integrar a una pequeña población nómada, a pesar de tener la misma cultura y religión, sólo ha estado interesado en explotar sus recursos naturales y en incrementar su territorio.
La estabilidad en el Magreb  sólo podrá lograrse cuando se genere  un clima de cooperación política, económica y social entre los países que lo forman y no con el reforzamiento de uno de ellos en detrimento de los demás. El integrismo islámico sólo será una verdadera amenaza a la estabilidad regional, si estos países fracasan en la modernización de sus estructuras sociales y en el reparto de riqueza. Por ello la lucha contra la corrupción y lograr la división de poderes son los objetivos más idóneos  para detener al radicalismo islámico, última esperanza de gran cantidad  de magrebíes para librarse de la miseria, moral y material, a la que les condenan sus regímenes despóticos.
La amenaza islámica no depende de si el Sáhara es independiente o no, sino de las condiciones de vida a la que se ven sometidos varios millones de desheredados.   
El derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación es uno de los principios constitutivos de la ONU. Este derecho no puede ser ignorado. Tampoco sustituido por ninguna propuesta de autonomía, como la ofrecida por Mohamed VI, pues no puede concederse la autonomía a un territorio sobre el que no se tiene la soberanía. La ocupación marroquí tiene lugar gracias al apoyo de los EE. UU., nada más. La no aplicación al caso saharaui de la Carta de San Francisco, pudo tener en su día una explicación de interés estratégico, hoy es sólo el resultado de una inercia diplomática sin fundamento pragmático alguno que pudiera justificar el privar a los saharauis de la aplicación a su caso de la legalidad internacional.
Para la ONU, España es la potencia administradora y su presencia en el Sáhara estaba avalada por los tratados de Berlín (1885) y de Algeciras (1912). Marruecos no tiene ningún reconocimiento de la comunidad internacional para estar allí, sólo el apoyo fáctico de EE. UU. y Francia, que funciona tranquilamente gracias a la inhibición de España. La pasividad de la ONU con Marruecos, al permitirle violar de manera sistemática sus Resoluciones y en no dotar a la MINURSO de competencias para vigilar y defender los DDHH en el Sáhara, cuestionan gravemente la credibilidad de la organización para gestionar la crisis, y lo que es más grave, su propia razón de ser. Por otro lado, el incumplimiento sistemático de la ONU en hacer respetar sus propias Resoluciones, legitima la vuelta a la lucha armada del pueblo saharaui para hacer valer su derecho. Que sería en estos momentos lo preferido por Rabat, pues permitiría acusar al Frente Polisario de estar mediatizado por Al Qaeda.
En su calidad de potencia administradora, y visto el fracaso de la ONU y las potencias patrocinadoras de esta ocupación ilegal del Sáhara, España debe solicitar del Consejo de Seguridad su nueva intervención para detener la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara, así como ofrecer la intervención del ejército español como cascos azules para hacer cumplir las resoluciones del propio Consejo de Seguridad, que han sido reiteradamente incumplidas. Es más lógico que nuestras tropas se pongan el casco azul en el Sáhara que en el Líbano. La costumbre, de algunos políticos incompetentes, de implicarse alegremente en conflictos internacionales ajenos a nuestros intereses, mientras evitan actuar en los contenciosos que directamente nos afectan, es el camino seguro para alcanzar las más altas cimas del desprestigio internacional, que es donde desgraciadamente estamos.
Esta opción es políticamente viable, coloca a nuestra nación en el lugar que la corresponde como defensora de la legalidad internacional y del pueblo saharaui, al que un día abandonó por su extrema debilidad interna. Hoy fracasadas: las previsiones de estabilidad regional y avance social pensadas para el Magreb  por EE. UU. y Francia; y las políticas de  integración de los saharauis en Marruecos diseñadas por el sultán. Solamente contemplo una violación sistemática de los Derechos Humanos y la negación a un pequeño pueblo para alcanzar la libertad.
Los argumentos para la acción política quedan sobre el tapete, sólo hace falta un gobierno valiente que tenga sentido del Estado y esté dispuesto a recuperar nuestro prestigio internacional en la defensa del Derecho.    

Fuente: espacioseuropeos.com

Imprimir artículo

Convertir en PDF

Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.

URL:

Link HTML:

Link para foros: