La activista Aminetu Haidar y otras 13 víctimas de la represión
sufrida por el pueblo saharaui declararán hoy miércoles y el
jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como testigos en
la causa en la que investiga el genocidio y las torturas que se habrían
cometido entre 1976 y 1987, informaron fuentes jurídicas.
Fuente: europa press
Coincidiendo con estas comparecencias la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara han convocado una concentración
frente al tribunal bajo los lemas "No a la violación de los Derechos
Humanos en el Sáhara", "Personas desaparecidas saharauis, ¿dónde
están?", "Libertad presos políticos" y "Sáhara justicia solución, ¡ya!",
según informaron los convocantes.
Además de la activista saharaui, que comparecerá en la Audiencia
Nacional el próximo jueves, serán interrogadas 13 víctimas de la
represión que en la actualidad se encuentran en los campos de refugiados
de Tinduf, en Argelia.
El magistrado preguntó en noviembre pasado al Ministerio de
Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria
que su antecesor, Baltasar Garzón, cursó en octubre de 2008 para dar
traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos
policiales marroquíes.
Entre los querellados en esta causa se encuentra el general Hosni
Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por
España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba
parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al
ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui.
Ruz reactivó la causa para solicitar "a la mayor brevedad" a la
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del
Ministerio de Justicia que le trasladara "en qué estado se encuentra la
comisión rogatoria librada a las autoridades judiciales de Marruecos"
tras recordar que ésta fue reiterada el pasado mayo.
Garzón, que abrió una investigación por estos hechos en octubre de
2007 a partir de una querella presentada por asociaciones de defensa de
los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, solicitó a
Marruecos que diera traslado a los querellados de la acción judicial
que había emprendido, que le comunicara si esos hechos estaban siendo
investigados y con qué resultado, y si existía algún procedimiento penal
contra ellos.
DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número
5 instó a los querellantes a informar sobre la posibilidad de que las
víctimas declararan en la Audiencia Nacional después de que las
autoridades de Argelia se negaran en febrero pasado a permitir que el
juez se desplazara hasta los campamentos de refugiados de Tinduf para
interrogarles argumentando que debía dirigirse a la República Árabe
Saharaui Democrática, no reconocida internacionalmente y ante la cual
España no tiene representación diplomática, tal y como señaló en su
contestación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ruz reiteró este ofrecimiento a los querellantes "visto el tiempo
transcurrido" desde que se produjo el primer requerimiento y les invita a
realizar "propuestas alternativas en orden a la práctica de diligencias
comprendidas en la comisión rogatoria" de no ser posible el
desplazamiento de los testigos hasta la Audiencia Nacional.
La investigación se dirige contra "destacados funcionarios
marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de
detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como
Smara, El Aaiún o Tan Tan".
Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de
detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976,
entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto
responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987;
Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región
de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de
Tan Tan.
Completan la relación de denunciados altos cargos militares que
Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou,
Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.
MÁS DE 500 DESAPARECIDOS
Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos,
de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como
españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975,
cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España
abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas
españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual
el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.
La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo
saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes
fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les
impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido
por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de
1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos
fundamentales".
El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la
actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia
contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a
abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al
desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras
con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".
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