Mientras la ONU se ha involucrado en
el conflicto libio para defender a la población civil de la indefensión
contra el régimen autocrático de Gadafi, permitiendo una intervención
militar, en el Sahara, incomprensiblemente, se ha dado un gravoso paso
hacia atrás. Corren malos tiempos para que los derechos humanos sean
defendidos con la entidad y firmeza que deberían ser propios de este
organismo, independientemente de las coyunturas.
La cautela, la indecisión, el delegar en otras manos poco
hábiles, supone el prolongar la indefensión de aquellos pueblos y
sociedades marcados por una historia adversa, y lo que ello comporta
para un pueblo, en este caso, el saharaui, sobre el que pende el oprobio
de no tener interés a nivel internacional. El Consejo de Seguridad de
la ONU acaba de aprobar la prolongación por un año de la misión
(Minurso) para llevar a cabo un Referéndum en el Sahara. Sin embargo, no
parece se haya dado ningún tipo de paso efectivo para tal fin. No hay
garantías de que la misión pueda cumplir con lo que se le encomienda. En
cambio, sí muestra todas las trazas de que se están cubriendo las
apariencias hasta que suceda algún milagro que permita que el tema se
encauce por arte de magia (lo que cabría traducirse en la renuncia de
los saharauis a defender sus derechos).
Lo peor de todo reside en que Minurso, creada en 1991 para
vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario y preparar el
escenario para un referéndum de autodeterminación, no tiene competencias
para velar por los derechos humanos. Incongruencias aparte,
difícilmente se puede gestionar el marco de los derechos civiles, los
que permiten una libre concurrencia a las urnas, sin la garantía que
puede ofrecer este organismo internacional.
El Ministerio de Exteriores marroquí, en un comunicado,
mostraba su satisfacción ante el reconocimiento de la ONU de su labor de
impulsar la autonomía en el Sahara. Una autonomía que el Polisario
siempre ha considerado insuficiente y que, para colmo, tampoco es real.
Pero la alegría del ministerio marroquí es una mala señal para las
reivindicaciones saharauis. Podría, sin duda alguna, haberse generado un
contexto para que la ONU pudiera confiar en Marruecos, pero habrían
hecho falta más pruebas que las meras palabras o las buenas intenciones
de Rabat. No olvidemos que la protesta cívica protagonizada por los
saharauis, en el campamento de Agdaym Izik, fue atajada con una
furibunda intervención policial.
La represión se justificó con la falacia de que en el
campamento se escondían agentes de Al-Qaeda, algo que nadie discutió,
pero que era completamente falso. No hubo más detenciones que las
consabidas de saharauis que se resistieron al asalto y no se apresó a un
solo presunto terrorista. Lo único que provocó esta actuación fue una
ola de rabia contra los saharauis en El Aaiún, atacando a sus comercios,
por parte de los colonos marroquíes, acallando por la fuerza cualquier
protesta social.
No obstante, la creación de este campamento no surgió motivada
por un tema político, como podría considerarse, sino que fue un acto
espontáneo (el Polisario estuvo el margen) para reivindicar y reclamar
justicia social. Se pedía trabajo y dignidad para los saharauis,
seriamente discriminados, lo cual fue contestado por el Gobierno
marroquí con el desalojo, sin atender a ninguna de sus demandas. Eso
sucedió hace pocos meses, aunque los rastros hayan sido borrados por las
arenas del desierto. Pero esta acción demuestra que no existía, ni
existe, una política autonomista. Esto también se comprueba en los
tímidos gestos de apertura protagonizados por Mohamed VI, ante el miedo a
una revolución que siga el camino de Túnez o Egipto.
Mientras los ecos de este y otros incidentes contra los
saharauis se difuminan al calor de la ola de acontecimientos que se
están desarrollando en el Mediterráneo, poco o nada se habla del proceso
abierto por genocidio en la Audiencia Nacional, cuya causa data de
2007, por los crímenes cometidos contra el pueblo saharaui entre 1976 y
1987, periodo en el que se asesinó a 542 personas. Aunque la causa dejó
de ser dirigida por el juez Garzón, su sustituto Pablo Ruz la ha
retomado de nuevo. Pero esta noticia apenas si ha trascendido.
El mundo se mueve muy despacio para ciertas cuestiones y muy
rápido para otras. La ONU no ha dudado en tomar serias cartas en el
asunto de Libia, pero, raudamente ha olvidado lo que hizo Rabat en el
desalojo de Agdaym Izik. El Sahara, dicho con amarga ironía, no deja de
ser un trozo de desierto sin ningún tipo de peso geoestratégico, poblado
por unos miles de habitantes que viven en sus haimas y que no concitan
interés en el concurso internacional. Sin embargo, la dignidad humana no
debería entender de estas cuestiones sino del compromiso internacional
por el respeto por la libertad y los derechos humanos.
El error de la ONU es clamoroso al no atender esta salvaguarda
de los derechos de los saharauis. De nada sirven las acciones aisladas o
cuando la presión mediática es demasiado fuerte, como en el caso de
Aminetu Haidar, si no se asume el problema con las verdaderas garantías.
El prolongar la misión en el Sahara no comporta sino que el tiempo siga
su curso sin interferir, en absoluto, con la política continuada que
lleva Marruecos de colonizar paulatinamente el Sahara con ciudadanos
marroquíes, mientras los verdaderos moradores se ven forzados a vivir en
el exilio, en campamentos de refugiados, o malvivir en unas condiciones
precarias en un territorio rico en fosfatos y pesca, pero de la que no
obtienen ningún beneficio.
Los derechos humanos, de todos modos, de nada sirven sin
dignidad y la dignidad procede de que exista una justicia social. Pero
los saharauis, una vez más, no poseen ninguna de las dos, maltratados
por un mundo injusto. La única riqueza inmaterial que portan con orgullo
es la conciencia de saber quiénes son y de salvaguardar su identidad
por encima de todo.
Articulo de Igor Barrenetxea Marañón, Historiador e investigador del IEP-FV
Fuente: deia.com
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