De este modo ve el Palacio Real el contenido de la iniciativa de autonomía propuesta para la solución del conflicto. Una iniciativa vista por la comunidad internacional como “un paso adelante”, como “una propuesta para discutir”, pero no como solución única.
De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiene vigentes todas sus resoluciones sobre el conflicto en las que reclama la organización de un Referéndum de autodeterminación de la población saharaui, tal como ambas partes, el gobierno marroquí y el Frente Polisario, acordaron en 1991. La única novedad desde entonces, aceptada por Naciones Unidas, es la inclusión de la autonomía como una de las opciones a inscribir en la pregunta a realizar en dicho Referéndum.
Entre las novedades del discurso real está la alusión hecha por Mohamed VI a la posibilidad de que, como resultado de las negociaciones políticas, el independentista Frente Polisariopueda incluirse entre los representantes de la población. En efecto, el rey marroquí rechazó el que “algunos — en referencia implícita al Polisario — se autoproclamen representantes exclusivos de las poblaciones de la región, sin poseer la base jurídica, el fundamento popular o la legitimidad democrática” para serlo. Lo que rechazó fue la exclusividad, pero no la representación en sí misma. E hizo una sugerencia ambigua diciendo que la dinámica emprendida por Marruecos “permitirá a nuestros hermanos de los campamentos de Tinduf beneficiarse de los mismos derechos, oportunidades, perspectivas y esperanzas que el resto”. Mohamed VI no dejó de señalar que los saharauis que viven en Tinduf conocen “la privación, la represión, la humillación y la falta de libertades y otros derechos fundamentales legítimos”.
“Ha llegado el momento en que cada uno debe asumir sus responsabilidades”, subrayó el monarca. Y en esa línea tendió la mano a Argelia para solucionar los litigios bilaterales que oponen a ambos países y contribuir a la construcción de un nuevo Magreb, “verdadero motor de la unidad árabe, socio de la cooperación euro-mediterránea, factor de estabilidad y seguridad en la región del Sahara/Sahel, y actor estructurante de la Unión Africana”.
Sin embargo, el tono dialogante y aperturista del discurso real contrasta, a juicio de los observadores políticos, con la gestión que lleva a cabo la Administración marroquí del territorio del Sahara Occidental. Una gestión que escapa al control y participación de los políticos, y que sigue férreamente en manos del ministerio del Interior.
La existencia de una importante comunidad de presos saharauis en las cárceles del Reino, principalmente en la de Salé, colindante con la capital Rabat, da fe de la gestión securitaria de los disturbios ocurridos en diversas ciudades del Sahara.
Ayer, 8 de noviembre se cumplió el primer aniversario del desmantelamiento del campamento deGdeim Izik, formado por centenares de familias saharauis que improvisaron una protesta inédita contra la marginación social y económica que sufren por parte de las autoridades. La violencia de la intervención de las fuerzas del orden y la respuesta igualmente violenta de algunos grupos de manifestantes, provocó una grave crisis en la región.
El Frente Polisario y otras organizaciones saharauis independientes, como la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (ASADEDH) y Jat Achahid (la Línea del Mártir), denunciaron las graves violaciones de derechos humanos, las detenciones y torturas, y el allanamiento de viviendas de saharauis por parte de la policía o de grupos afines. Pero no fueron los únicos: varias organizaciones marroquíes también secundaron las denuncias, como la Organización Marroquí de Derechos Humanos y la Asociación Marroquí por los Derechos del Hombre.
El resultado ha sido el encarcelamiento de decenas de civiles saharauis — considerados por la parte independentista como presos de conciencia, y por parte de las autoridades marroquíes como perturbadores del orden público —, muchos de los cuales van a ser juzgados en tribunales militares. De ellos, un grupo ha comenzado una nueva huelga de hambre en la prisión de Salé el pasado 31 de octubre.
En relación con la situación en el Sahara Occidental la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha enviado una nueva carta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recordar la situación en el territorio, el encarcelamiento de militantes por los derechos humanos y activistas saharauis y la situación en que se encuentran los presos en las cárceles. Una carta, según ASADEDH, en la que se “exige que se garantice la seguridad y protección de la población autóctona saharaui”, al tiempo que reclama que se proporcione una “urgente atención médica de los presos políticos saharauis y las víctimas de la represión”. Según fuentes saharauis el número de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes se eleva actualmente a 79.
De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiene vigentes todas sus resoluciones sobre el conflicto en las que reclama la organización de un Referéndum de autodeterminación de la población saharaui, tal como ambas partes, el gobierno marroquí y el Frente Polisario, acordaron en 1991. La única novedad desde entonces, aceptada por Naciones Unidas, es la inclusión de la autonomía como una de las opciones a inscribir en la pregunta a realizar en dicho Referéndum.
Entre las novedades del discurso real está la alusión hecha por Mohamed VI a la posibilidad de que, como resultado de las negociaciones políticas, el independentista Frente Polisariopueda incluirse entre los representantes de la población. En efecto, el rey marroquí rechazó el que “algunos — en referencia implícita al Polisario — se autoproclamen representantes exclusivos de las poblaciones de la región, sin poseer la base jurídica, el fundamento popular o la legitimidad democrática” para serlo. Lo que rechazó fue la exclusividad, pero no la representación en sí misma. E hizo una sugerencia ambigua diciendo que la dinámica emprendida por Marruecos “permitirá a nuestros hermanos de los campamentos de Tinduf beneficiarse de los mismos derechos, oportunidades, perspectivas y esperanzas que el resto”. Mohamed VI no dejó de señalar que los saharauis que viven en Tinduf conocen “la privación, la represión, la humillación y la falta de libertades y otros derechos fundamentales legítimos”.
“Ha llegado el momento en que cada uno debe asumir sus responsabilidades”, subrayó el monarca. Y en esa línea tendió la mano a Argelia para solucionar los litigios bilaterales que oponen a ambos países y contribuir a la construcción de un nuevo Magreb, “verdadero motor de la unidad árabe, socio de la cooperación euro-mediterránea, factor de estabilidad y seguridad en la región del Sahara/Sahel, y actor estructurante de la Unión Africana”.
Sin embargo, el tono dialogante y aperturista del discurso real contrasta, a juicio de los observadores políticos, con la gestión que lleva a cabo la Administración marroquí del territorio del Sahara Occidental. Una gestión que escapa al control y participación de los políticos, y que sigue férreamente en manos del ministerio del Interior.
La existencia de una importante comunidad de presos saharauis en las cárceles del Reino, principalmente en la de Salé, colindante con la capital Rabat, da fe de la gestión securitaria de los disturbios ocurridos en diversas ciudades del Sahara.
Ayer, 8 de noviembre se cumplió el primer aniversario del desmantelamiento del campamento deGdeim Izik, formado por centenares de familias saharauis que improvisaron una protesta inédita contra la marginación social y económica que sufren por parte de las autoridades. La violencia de la intervención de las fuerzas del orden y la respuesta igualmente violenta de algunos grupos de manifestantes, provocó una grave crisis en la región.
El Frente Polisario y otras organizaciones saharauis independientes, como la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (ASADEDH) y Jat Achahid (la Línea del Mártir), denunciaron las graves violaciones de derechos humanos, las detenciones y torturas, y el allanamiento de viviendas de saharauis por parte de la policía o de grupos afines. Pero no fueron los únicos: varias organizaciones marroquíes también secundaron las denuncias, como la Organización Marroquí de Derechos Humanos y la Asociación Marroquí por los Derechos del Hombre.
El resultado ha sido el encarcelamiento de decenas de civiles saharauis — considerados por la parte independentista como presos de conciencia, y por parte de las autoridades marroquíes como perturbadores del orden público —, muchos de los cuales van a ser juzgados en tribunales militares. De ellos, un grupo ha comenzado una nueva huelga de hambre en la prisión de Salé el pasado 31 de octubre.
En relación con la situación en el Sahara Occidental la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha enviado una nueva carta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recordar la situación en el territorio, el encarcelamiento de militantes por los derechos humanos y activistas saharauis y la situación en que se encuentran los presos en las cárceles. Una carta, según ASADEDH, en la que se “exige que se garantice la seguridad y protección de la población autóctona saharaui”, al tiempo que reclama que se proporcione una “urgente atención médica de los presos políticos saharauis y las víctimas de la represión”. Según fuentes saharauis el número de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes se eleva actualmente a 79.
Fuente: El Imparcial
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