Ante la injusta e ignominiosa sentencia del Juicio a los 24 defensores de los Derechos Humanos de Gdeim Izik, campamento de la dignidad, declaramos que, constituye un gravísimo atentado a la razón y a las normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática, CEAS-Sáhara se permite reclamar la atención de la opinión pública internacional hacia el carácter estrictamente político y militar de un proceso que se ha querido presentar como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia.
Tanto la naturaleza del hecho inicial del que derivan los sucesos encausados, la formación de un campamento de protesta pacífica de la sociedad saharaui frente a los poderes ocupantes marroquíes destruido violentamente por estos, como la aplicación de un sistema legal propio del reino alauita a la población de un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la doctrina de las Naciones Unidas, o el sometimiento de una población civil a una jurisdicción estrictamente militar con la disculpa de la comisión de actos de terrorismo evidencian que Marruecos se esfuerza por ignorar los mandatos internacionales y pasa por alto razones más que suficientes para deslegitimar el papel que pretende adoptar en el Sáhara Occidental al que considera de forma caprichosa y unilateral, más allá de todo derecho o acuerdo, parte de su propio estado.
Todavía perplejos ante el silencio ominoso con que este proceso ha sido seguido por los medios de comunicación españoles, de la potencia que es aún por derecho administradora de este territorio sin descolonizar, exigimos del Estado español, del Gobierno, del Parlamento y de las instancias judiciales, que se opongan rotunda y enérgicamente a la desproporcionada condena, se manifiesten totalmente opuestos a tolerar que su revisión sea utilizada como moneda de cambio en función de intereses espurios del reino alauí y soliciten, de forma inequívoca y rotunda, la liberación de todos los presos políticos y de opinión como parte imprescindible para la resolución del contencioso que enfrenta al pueblo saharaui contra la monarquía marroquí.
Es vergonzoso que, los mismos militares que invadieron el Sahara Occidental hace 37 años quieren condenar, sin ningún tipo de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de su pueblo.
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