Crónica de una condena anunciada

Impresiones del juicio en Rabat a los acusados de «engañar» a miles de saharauis para levantar un campamento de protesta en El Aaiún

 «El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo».

Gabriel García Márquez

«Crónica de una muerte anunciada»

Al igual que en la novela de García Márquez, creo que los observadores internacionales que acudimos a Rabat al llamado «Juicio de Gdeim Izik» (en mi caso, gracias a la generosidad de la abogada Gemma Arbesú, del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental) sabíamos que, mucho antes del comienzo de las sesiones, la sentencia estaba ya dictada. Y, también, que sería extraordinariamente dura. Quizá por eso la entrada en la sala del tribunal de veinticuatro hombres jóvenes que de manera orgullosa, muchas veces en castellano, denunciaban la injusticia de su situación y la necesidad de una solución para el conflicto del Sahara Occidental no podía más que helar la sangre al más templado. No tenían ni la más mínima posibilidad. Y, al igual que nosotros, eran perfectamente conscientes de ello.

La fiscalía había allanado el camino con un relato de los hechos que nada tenía que envidiar al desbordante realismo mágico del Nobel colombiano. Según la Procuraduría del Rey, los acusados engañaron a varios miles de saharauis para levantar un campamento de protesta en las afueras de El Aaiún. Y digo engañaron porque, bajo la apariencia de justas reivindicaciones sociales, conspiraban en realidad y en secreto en pro de la desestabilización del Estado alauí. Por ello, descubierta por los acampados esta manipulación, los acusados debieron utilizar el terror para conseguir que aquéllos permaneciesen en el campamento.

Debió resultarles, sin duda, difícil controlar a varios miles de personas con los escasos cuchillos de cocina y la hachuela que se encontraron en el lugar de los hechos y que se hicieron constar como prueba. Fue ese terror el que exigió de las fuerzas militares marroquíes una intervención del todo pacífica para liberar a los cautivos. Operación que terminó con el resultado de varios muertos debido al salvaje y desesperado ataque de los acusados. Todo ello, al parecer, sin más armas que los cuchillos y la hachuela anteriormente citados. Borges decía que la teología no era más que una rama de la literatura fantástica. Sin duda, algunas instrucciones judiciales pertenecen al mismo género literario.

Este ejercicio de imaginación requería una mise en scène a la altura de ésta a la que hemos asistido estos días en Rabat. Una escenificación más cuidadosa que en otras ocasiones debido, sin duda, a la comprometida presencia de Antonio Masip y del también eurodiputado Willy Meyer. Pese a ello, lo visto repugna a lo que es el proceso penal: una investigación rigurosa de los hechos, basada en pruebas y orientada a la búsqueda de la verdad con el fin, en su caso, de impartir justicia. ¿Qué imparcialidad puede existir en un proceso presidido por un tribunal militar, con todo lo que ello implica de excepcionalidad en las normas procesales, pese a que los acusados son civiles? Una práctica que incluso la Constitución marroquí está próxima a prohibir. ¿Qué sustento tiene una prueba basada en autoinculpaciones de los acusados? Máxime cuando éstos han denunciado torturas como violaciones con botellas. ¿Qué credibilidad tienen los testigos de la fiscalía, presentados a última hora y que discrecionalmente fueron admitidos por el presidente del tribunal? No sorprende que el fallo se haya despachado a las pocas horas de finalizar la vista. No era necesario más tiempo. Nueve cadenas perpetuas, cuatro condenas a treinta años de prisión, ocho a veinticinco y dos a veinte de unos hombres jóvenes cuyo único delito ha sido, probablemente, el de poner cara a las reivindicaciones de un pueblo que desde hace demasiadas décadas pide lo que le corresponde según la ley internacional.

Recordar finalmente que, pese a nuestra precipitada huida del territorio del Sahara Occidental después de los llamados «acuerdos de Madrid», España sigue siendo de iure administrador internacional del territorio. Sé que como sociedad tenemos ahora mismo muchísimos frentes abiertos y que vivimos un momento muy complejo. Pero no deberíamos olvidar que los destinatarios de los gritos de los acusados somos nosotros. Somos los españoles.

Javier Ballina (Abogado)

Fuente: lne.es

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