“Las denuncias de tortura a detenidos deben ser investigadas, y toda prueba obtenida mediante tortura debe ser rechazada por el tribunal. Las autoridades deben asimismo emprender una investigación independiente e imparcial sobre los sucesos de Gdeim Izik, una medida que lleva ya dos años de retraso”.
El juicio celebrado contra 24 civiles saharauis ante un tribunal militar de Marruecos es defectuoso desde el principio. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, al pedir que los acusados sean juzgados ante un tribunal civil y que se investiguen sus denuncias de tortura.
Todo el grupo, del que forman parte varios activistas, está siendo juzgado en Rabat en relación con los actos violentos que tuvieron lugar durante el desmantelamiento –y después de él– del campamento de protesta de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, en noviembre de 2010. A consecuencia de aquella operación murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis. La mayoría de los acusados han asegurado haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos en distintos momentos de sus dos años de detención preventiva. Algunos parecen haber sido coaccionados para firmar declaraciones.
“El juicio de civiles ante un tribunal militar no cumple las normas internacionalmente reconocidas de justicia procesal. Los 24 acusados deben comparecer ante un tribunal civil con todas las garantías de derechos humanos que lo acompañan, y en ningún caso debe condenarse a nadie a muerte”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las denuncias de tortura a detenidos deben ser investigadas, y toda prueba obtenida mediante tortura debe ser rechazada por el tribunal. Las autoridades deben asimismo emprender una investigación independiente e imparcial sobre los sucesos de Gdeim Izik, una medida que lleva ya dos años de retraso”.
Los 24 detenidos –entre los que se encuentran miembros de organizaciones de la sociedad civil saharaui y activistas políticos saharauis– se enfrentan a cargos tales como pertenencia a una organización delictiva, violencia contra un funcionario público y profanación de un cadáver.
El delito de violencia contra un funcionario público puede ser castigado con la pena de muerte cuando esa violencia da lugar a una muerte intencionada.
El 8 de noviembre de 2010, la violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad marroquíes trataron de desmantelar el campamento de protesta de Gdeim Izik, a unos kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental administrado por Marruecos, y expulsar por la fuerza a sus ocupantes.
El campamento de Gdeim Izik había sido montado a principios de octubre por saharauis que protestaban contra la marginación de que se sentían objeto y que pedían empleos y viviendas adecuadas.
Durante el estallido de violencia murieron once miembros de las fuerzas de seguridad y dos saharauis.
Unos 200 saharauis fueron detenidos por las fuerzas de seguridad durante los actos violentos y los días siguientes. En diciembre se practicaron más detenciones.
La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, pero los 24 cuyo juicio se celebrara el dia 8 de Febrero llevan ya dos años en detención preventiva en la prisión de Sale, en Rabat.
En diciembre de 2010, Amnistía Internacional publicó un informe tras una visita realizada a Marruecos y el Sáhara Occidental para investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos durante los sucesos del 8 de noviembre en Gdeim Izik y El Aaiún y en relación con ellos.
Tras el examen al que sometió a Marruecos en diciembre de 2011, el Comité de la ONU contra la Tortura declaró que Marruecos “debe reforzar las medidas adoptadas para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz y rápida todos los actos de violencia y las muertes ocurridas en el contexto del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, y para enjuiciar a los responsables de tales actos”, y “debe modificar su legislación para que todos los civiles sean juzgados exclusivamente por jurisdicciones civiles”.
Durante su visita a Marruecos y el Sáhara Occidental en septiembre de 2012, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, señaló que los fiscales y los jueces de instrucción rara vez investigan las denuncias que afirman que se ha utilizado la tortura para obtener pruebas o confesiones durante las etapas iniciales de los interrogatorios.
Juan Méndez declaró: “El sistema para denunciar actos de tortura y malos tratos y para investigar, procesar y castigar a los responsables de estos actos parece existir únicamente, salvo muy contadas excepciones, en la ley [...] es preciso salvar este abismo entre la ley y la práctica”.
Fuente: Amnistia Internacional
Imprimir artículo
Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
Suscribete a los comentarios de este artículo
0 comentarios :
¿Que opinas de este articulo? Tus comentarios siempre serán bien recibidos, ¡¡ Gracias !!