Más allá de la agenda económica, la visita del Rey Don Juan Carlos I a Marruecos debería servir para hablar de los derechos humanos de mujeres y niñas, de manifestantes y de activistas tanto de Marruecos como del Sáhara Occidental.
A lo largo del año 2012, los habitantes del barrio de Sidi Youssef Ben Ali, en Marrakech, se movilizaron contra la desmesurada subida de la factura del agua y la electricidad. Meses de protestas pacíficas contra la empresa suministradora culminaron el 28 de diciembre en una manifestación que se tornó violenta: los manifestantes lanzaron piedras y las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua, y hubo heridos en ambos bandos.
El mismo día, y en los que siguieron, las autoridades acusaron a 18 personas de “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”. 16 de ellas fueron condenadas posteriormente a penas de entre un año y dos años y medio de prisión. Recientemente, el Tribunal de Apelación de Marrakech ha confirmado las condenas contra 6 de los detenidos. Al hacerlo, no ha tenido en cuenta que, según los acusados, las “confesiones” en las que se basaron las condenas se habían obtenido bajo tortura y malos tratos. Al parecer, en algunos casos la policía impidió a los acusados dormir hasta que firmaran sus “confesiones”; en otros, se les obligó firmar las “confesiones” sin leerlas como condición para quedar en libertad.
Hechos como estos no son excepcionales en Marruecos, pese a los avances legislativos de los últimos años: la Constitución de 2011 prohíbe la tortura y el mismo año el gobierno retiró algunas de sus reservas a la Convención contra la Tortura. Sin embargo, como pone de manifiesto el Informe Anual 2013 de Amnistía Internacional, la práctica de la tortura y otros malos tratos y el uso de fuerza excesiva contra personas que se manifiestan por distintos motivos continúan siendo frecuentes motivos de preocupación tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental.
Estas cuestiones deberían estar sobre la mesa durante la visita del rey Don Juan Carlos I, el Ministro Margallo y demás autoridades españolas, a Marruecos. Cabe recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores indica en su página web que “la promoción y defensa de los derechos humanos constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo”.
¿Derechos humanos o intereses económicos?
Ante reuniones de alto nivel como estas, suele subyacer un falso dilema entre la persecución de los intereses económicos y la promoción de los derechos humanos. En realidad, las relaciones económicas entre países sólo serán sostenibles y productivas a largo plazo si incluyen la obligación de respetar los derechos humanos. En este sentido, el contexto de crisis económica no puede justificar que la protección de los derechos humanos quede postergada.
Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a Su Majestad el Rey para hacerle llegar sus preocupaciones en materia de derechos humanos y solicitar que las transmita a su homólogo marroquí, Mohamed VI, con motivo de su próxima visita.
Rachid Nini, periodista marroquí encarcelado por sus críticas al gobierno y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Entre las cuestiones que deberían estar en la agenda se halla la libertad de expresión, reunión y asociación, que afectan especialmente a periodistas y a personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. Desde 2011 permanecen detenidos decenas de activistas del Movimiento “20 de febrero”, que propugna reformas políticas.
La lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres debería ser otra prioridad. Las autoridades marroquíes continúan priorizando los principios de la sharia (ley islámica) sobre su obligación de eliminar la discriminación contra las mujeres, contraída al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En materia legislativa, se halla en curso una propuesta de modificación del artículo del Código Penal que permite que los violadores eludan el enjuiciamiento si se casan con la víctima, pero la reforma debería ir más allá: es necesario reconocer la violación marital como delito específico y terminar con las sanciones penales a los refugios para mujeres que huyen de la violencia, por ejemplo.
Los cambios en este terreno deberían apoyarse en medidas que incidan en las actitudes sociales que conducen a la discriminación; entre otros pasos, se debe dar formación a la policía y al poder judicial para abordar con sensibilidad las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y asegurar la protección de las víctimas.
La cuestión del Sáhara Occidental
Finalmente, es imprescindible tratar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, desde donde siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, presunta tortura bajo custodia y restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Por otro lado, la situación de los derechos humanos en los campos de Tinduf (Argelia), controlados por el Frente Polisario, sigue siendo opaca.
Por todo ello, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) debería contar con una función de observación de los derechos humanos, con capacidad de analizar tanto el Sáhara Occidental como los campos de Tinduf. Este mecanismo ofrecería información independiente e imparcial sobre el estado de los derechos humanos, al poder estudiar casos que de otra forma quedan sin documentar e impedir acusaciones no fundamentadas. Un trabajo de este tipo también podría servir para aumentar la confianza mutua entre las partes, un hecho muy necesario.
Saharauis fotografiados por la MINURSO
El pasado mes de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en la zona pero rechazó la posibilidad de reforzar el mandato de la MINURSO en este sentido, en lo que se puede calificar de oportunidad perdida. La cuestión seguirá sobre la mesa del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional y sería deseable que, en la próxima ocasión, la respuesta sea más favorable al respeto de los derechos humanos.
La credibilidad de las autoridades de un país depende, en buena medida, de su capacidad de traducir el discurso en acciones concretas y coherentes. El Rey y el gobierno español tienen ahora una buena ocasión para convertir los principios en un diálogo concreto, que se preocupe por los derechos de las mujeres y niñas, de los activistas saharauis y de los manifestantes de Marrakech.
Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción para pedir al ministro de Exteriores español que los derechos humanos estén en la agenda de la visita del Rey a Marruecos.
Por Jordi Baltà
Coordinador del trabajo sobre Norte de África en Amnistía Internacional
Fuente: eldiario.es / Amnistía Internacional
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