Esta mañana me preguntaron si dispongo de estadísticas y cifras de víctimas saharauis de minas terrestres. De veras que me produce tremenda impotencia tener que decir que no es que no las tenga yo, cosa que no sería de extrañar, sino que lo espantoso es que en realidad no existe una estadística oficial con estos datos. Ni en el Sáhara Occidental ni en ninguna parte del mundo. Se intenta, claro está, porque esfuerzos en este sentido se hacen muchos, pero no los suficientes. Cuando se trata de las víctimas, nada es suficiente. La cruda realidad es que los accidentes -así denominan internacionalmente a las explosiones de restos bélicos de guerra-, hoy por hoy, siguen sin registrarse de una manera exhaustiva por parte de las autoridades, por lo que es absolutamente imposible saber el alcance real de este drama humano que se ensaña con las poblaciones civiles de los países que han sufrido o sufren conflictos bélicos.
ICBL (Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres) ha emitido un comunicado en el que se exponen las principales conclusiones que arroja el Informe Monitor de Minas y Municiones en Racimo, único documento internacionalmente reconocido que analiza anualmente el cumplimiento del Tratado de Prohibición de Minas Terrestres y de la Convención de Municiones en Racimo. En este Informe se constatan datos esperanzadores: Se ha producido una disminución de nuevas víctimas, aumentó la proporción de tierras contaminadas despejadas y existe mayor nivel de financiación global para actividades relativas a sensibilización sobre minas terrestres. Ahora bien, alarman dos informaciones a las que dedica amplios capítulos. La primera, que continúa habiendo países que, pese a haber firmado ambos tratados, los incumplen sistemáticamente. Para muestra, un botón. En este año y el pasado, se han usado minas antipersonales en Afganistán, Colombia, Myanmar, Pakistán, Siria, Sudán, Sudan del Sur, Tailandia, Túnez, Turquía y Yemen. Según el Informe, con la incorporación de Siria y Túnez, la cantidad de países donde grupos armados no estatales han utilizado minas alcanzó su nivel más alto en cinco años.
La segunda parte de la información es todavía peor, por cuanto habla de las consecuencias medidas en vidas humanas. En 2012 aumentó la cantidad de víctimas menores de edad hasta el 47%, contabilizadas en proporción al total de víctimas civiles, es decir, cuatro puntos porcentuales más que en 2011. También aumentó la cantidad de víctimas mujeres al 13% del total, es decir, tres puntos porcentuales más que en 2011. La proporción de víctimas civiles, comparada con la de militares, ascendió al 78% en 2012, es decir, cinco puntos porcentuales más que en 2011. Y la guinda de este dramático panorama de datos que cuesta hasta escribir, es que el 70% de las víctimas registradas a nivel global se produjeron en Estados Parte, es decir, en países que se han adherido a la promesa internacional de cumplir a rajatabla la prohibición de fabricar, usar, almacenar y comercializar este tipo de armamento destructivo, que permanece activo siempre hasta que se acciona involuntariamente o es explosionado. Se constata, por tanto, que 42 países de los 161 que han firmado estos Tratados continúan utilizando minas terrestres y municiones en racimo. Una dramática y criminal realidad.
Y es que la utilización de minas antipersonas es un acto que denota absoluta cobardía, porque están diseñadas para ocasionar el mayor daño posible a un cuerpo humano, sin llegar a matarlo, y porque no permite defensa alguna. Ocultas estratégicamente, aguardan sólo un descuido de un incauto civil para reventarle. Es que no hay palabras, bueno sí que las hay, siempre las mismas. Putas minas, viles asesinas de ilusiones, de esperanzas, de vidas humanas que se truncan porque hay algún maldito humano deshumanizado capaz de colocarla. Dice el Informe Monitor que, en 2012, la cantidad registrada de víctimas de minas y otros artefactos explosivos de guerra se redujo a su nivel más bajodesde 1999, año en que el Monitor comenzó a llevar un registro de víctimas. Asegura contabilizar a nivel global un total de 3.628 víctimas, lo que supone una reducción del 19% en comparación con las 4.474 de 2011.
Pero, siempre tiene que haber un pero, que nadie lance las campanas al vuelo, porque según rebela el Informe, en numerosos Estados son demasiadas las víctimas que no se registran y, por lo tanto, es probable que las cifras de víctimas sean considerablemente superiores. Muerte, mutilación, amputación, destrucción… Ese rastro dejan tras de sí.
Computa el Informe 3.628 víctimas en 62 países, en un año, pero asegura con certeza que no están todos las que son. Entonces, ¿de cuántas víctimas estamos hablando? Si no se dispone de estadísticas por países, ni de datos oficiales que registren el número de accidentes totales que se producen y número de víctimas ocasionadas en consecuencia -fallecidos, heridos, ilesos, con daños psicológicos, etc…-, en el fondo aceptamos tácitamente que no se les otorgue siquiera la condición de ser lo que son: víctimas.
Y lo digo porque los Tratados contemplan también la asistencia a las víctimas. El Informe Monitor comunica avances en los siguientes aspectos: Mayor comprensión de las necesidades de las víctimas de minas y restos explosivos de guerra; Coordinación y planificación de medidas para abordar esas necesidades de manera más efectiva; Incremento de la información a las víctimas sobre programas y servicios existentes; sólo en algunos casos, facilitar su acceso a servicios disponibles; y fortalecimiento de los marcos jurídicos para promover los derechos de las víctimas, incluido el fomento del derecho de accesibilidad física de personas con discapacidad. El problema es que estas buenas intenciones de avanzar en la línea más idónea para atender a las víctimas de acuerdo con lo que necesitan, se convierten en todo un reto presuntamente inalcanzable, especialmente en las zonas donde persiste el conflicto o donde alguno de los países implicados no se ha adherido a los Tratados.
Por eso, el Informe Monitor confirma que aún subsisten los siguientes desafíos: Ampliar la disponibilidad y sostenibilidad de programas y servicios, especialmente a víctimas en zonas remotas; Asegurar que todas tengan acceso a programas que respondan a sus necesidades específicas, especialmente con respecto al empleo y a sus medios de subsistencia, además de apoyo psicológico; y asegurar que todas tengan un acceso equitativo a servicios adecuados en función de su edad y género.
Intención hay mucha y muy buena, sin duda. Pero el resultado continúa siendo sólo un desafío. Como decía, cuando se trata de víctimas, todo resulta insuficiente. Hay mucho trabajo por hacer y más para cuantos trabajamos en este ámbito con/por/para las víctimas de minas terrestres y municiones en racimo. En el caso concreto del Sáhara Occidental hay que reconocer que la cuestión riza el rizo, porque lo cierto es que se junta todo, como un combo de oferta pero que no supone ninguna ventaja. Tenemos un territorio considerado como uno de los 10 más minados del mundo, con una extensión enorme en pleno desierto, dividido por un muro marroquí con millones de minas terrestres, todo ello aderezado con un país gestor del drama que no quiere firmar los Tratados Internacionales, con un bloqueo informativo que niega la existencia del muro como constante amenaza para la población civil saharaui y que, además, silencia los llantos doloridos de las víctimas y anula sus derechos. Basta. Basta ya.
Abre los ojos, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Hagamos algo.
© Elisa Pavón
Fotografías: Joaquín Tornero
Fuente: Dales Voz a Las Victimas
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