Las implicaciones de la “justicia universal”, y concretamente la posibilidad de que funcionarios marroquíes puedan ser perseguidos en Francia, está detrás del conflicto diplomático entre Rabat y París, asegura hoy el diario marroquí Ajbar al Yaum.
El periódico, que cita “fuentes informadas”, explica que Marruecos decidió suspender todos los convenios de cooperación judicial con Francia porque teme que se repita la situación vivida por el jefe de contraespionaje marroquí, Abdelatif Hamuchi, a quien la policía francesa fue a buscar cuando se encontraba en París.
El pasado jueves 20 de febrero, siete policías se presentaron con una orden judicial en la residencia del embajador marroquí en París con un mandato de un juez para tomar declaración a Hamuchi (quien se acababa de marchar) por dos denuncias interpuestas en Francia por su supuesta complicidad en casos de tortura en su país.
Las mismas fuentes añadieron al diario que las autoridades marroquíes han suspendido los convenios judiciales bilaterales hasta revisarlos y garantizar disposiciones que exceptúen a los responsables marroquíes de toda persecución por el juez de instrucción en Francia.
En agosto de 2012 los medios marroquíes se hicieron eco del mandato de un juez francés para poder interrogar al presidente del Comité Olímpico marroquí, el general Hosni Benslimán, director de la Gendarmería, a su paso por Londres, por su supuesta implicación en un caso de desaparición forzosa de un opositor marroquí en París en 1965.
Del mismo modo, varias denuncias presentadas en la Audiencia Nacional española sobre la desaparición de saharauis desde 1975 cristalizaron en la presentación de denuncias contra 31 ex altos cargos marroquíes.
Según Ajbar al Yaum, se espera próximamente la reunión de una comisión franco-marroquí para estudiar y revisar los acuerdos judiciales entre los dos países que fueron suspendidos el pasado miércoles, 26 de febrero, unilateralmente por Marruecos.
De los siete acuerdos judiciales firmados entre Marruecos y Francia, hay uno relacionado con la cooperación en materia penal, de traslado y entrega de personas condenadas a sus países de origen; y convenios civiles relacionados con el estatuto personal y la familia, o que permiten a los abogados franceses y marroquíes ejercer sus funciones en ambos territorios.
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