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| El cuerpo sin vida de Baby Hammadi Buyema |
Denuncian al juez Moreno por no investigar la muerte de un saharaui español
-Los querellantes llevan al magistrado de la Audiencia Nacional al CGPJ por dilatar el proceso desde el 2010 y desoír a la Sala Penal.
La muerte del ciudadano español Baby Hamdam Buyena en El Aaiún, Sahara Occidental, no tiene quien la investigue. Desde que la acusación presentara una querella en la Audiencia Nacional para investigar los hechos, ocurridos en noviembre del 2010 durante la intervención de la Policía y el Ejército marroquí en el campo de refugiados de Gdeim Izik por una oleada de protestas de los saharauis, el titular del juzgado de instrucción número dos encargado de investigar los hechos ha guardado la denuncia en un cajón, casi en sentido literal, hasta la fecha.
El juez es Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número dos, y en estos casi cuatro años apenas ha mandado una comisión rogatoria a Marruecos para conocer si se estaba investigando el caso allí antes de admitir o no la querella, ya que se trata de la muerte de un ciudadano español en el extranjero y la Audiencia Nacional es competente para tramitar el caso. La única salvedad es que el país donde ocurrieron los hechos lo indague primero.
Como es habitual en un caso con saharauis de por medio, Rabat tardó meses en contestar y, como era previsible, la respuesta de las autoridades judiciales marroquíes fue dubitativa y dejaba la puerta abierta a que Moreno investigara si la Policía de aquel país atropelló de forma premeditada a Baby Hamdam Buyena, de 35 años y padre de dos hijos menores residentes en Valencia. Pero el juez no hizo nada. Y dejó pasar el tiempo pese a la insistencia de la acusación popular del caso, la Liga Española Pro-Derechos Humanos, para que se admitiera la querella contra los supuestos autores de los disturbios y responsables políticos del territorio ocupado que terminaron en un baño de sangre.
Lo hicieron primero con múltiples recursos al juzgado de instrucción y luego en apelaciones a la Sala de lo Penal. Pero nada. Era Moreno quien decidía y el juez mantuvo el caso en el cajón in motivo aparente. Los recurrentes incluso llegaron al Tribunal Constitucional. Tampoco fueron atendidos.
Sin embargo, cuál fue la sorpresa de la acusación cuando el Gobierno limitó el alcance de la jurisdicción universal y estalló un amplio debate jurídico en la Audiencia Nacional sobre el destino de los procesos abiertos bajo este precepto legal.
Curiosamente, el caso de Baby Hamdam pasó el corte de la reforma y la querella se encontraba admitida en la Audiencia Nacional para sorpresa de la familia del fallecido. Incluso, el pleno de la Sala de lo Penal hizo una referencia expresa a la competencia de la Justicia española en los territorios saharauis como antigua potencia administradora, tal y como establece la doctrina de Naciones Unidas.
Esto ocurrió en julio pasado, pero el juez Moreno sigue sin mover un papel ni ordenar diligencia alguna. Incluso los abogados de la acusación no han podido acceder en este tiempo al caso, según denuncian en un escrito presentado el pasado martes en el Consejo General del Poder Judicial.
En la queja, a la que ha tenido acceso este periódico, acusan al magistrado de la Audiencia Nacional de grave negligencia por desatención y retraso injustificado en estos cuatro años y enumeran las faltas graves en la que podría haber incurrido. «Queremos conocer la oscura razón por la que este juez no ha querido investigar este crimen», señala el presidente de la Liga Pro-Derechos Humanos, Francisco José Alonso.
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Cientos de artículos de prensa denunciaron la dependencia de la justicia marroquí del poder central. Muchos ciudadanos marroquíes y saharauis fueron declarados culpables de crímenes imaginarios por jueces marroquíes que están a la merced del rey Mohamed VI y de su Majzén.
Si la justicia española es incomparable con la marroquí, en un punto coinciden. No es independiente en ciertos casos y sobre todo cuando el asunto del Sáhara Occidental está en medio.
El 14 de diciembre del 2010, el ciudadano belgo-marroquí Ali Aarrass es extraditado a Marruecos por España en condiciones rodeadas de un secreto absoluto. A pesar de que el Juez Garzón había declarado su inocencia al concluir que no había pruebas palpables contra él.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un comunicado publicado el 28 de agosto del 2014, fustigó la decisión de las autoridades españoles de extraditar a esa persona sabiendo que había un riesgo verídico de tortura en Marruecos. De hecho, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria constató en un informe reciente que el señor Aarrass fue condenado sobre la base de confesiones hechas bajo tortura.
En noviembre, un ciudadano hispano-saharaui, Baby Hamadi Buyema, fue asesinado por la policía marroquí en El Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental durante los acontecimientos de Gdeim Izik de octubre del 2010, en el que la población saharaui se sublevó contra las condiciones de vida precarias impuestas por Marruecos en la antigua provincia española.
Se trata de la muerte de un ciudadano español en el extranjero y la Audiencia Nacional es competente para tramitar el caso. Sin embargo, el juez Ismael Moreno, encargado de investigar los hechos ha guardado la denuncia en un cajón hasta la fecha. La ley prevé que el país donde ocurrieron los hechos lo indague primero. Como es habitual en un caso con saharauis de por medio, Rabat tardó meses en contestar y la respuesta de las autoridades judiciales marroquíes fue dubitativa y dejaba la puerta abierta a que Moreno investigara si la Policía de aquel país atropelló de forma premeditada a Baby Buyema, padre de dos hijos menores residentes en Valencia. Pero el juez no hizo nada.
¿Es este caso una de las estrategias adoptadas por el gobierno de Rajoy para complacer al régimen de Marruecos? Según ciertos medios saharauis, desde el asesinato de Buyema, y para evitar otros problemas de esta índole con Marruecos, las autoridades dificultaron la obtención de la nacionalidad española por los saharauis. Desde aquel entonces, el ministerio del interior español ya no reconoce los documentos expedidos por las autoridades del Frente Polisario (partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales, etc.)
Fuente: Noticias del Sahara
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