Abogados saharauis piden a la Audiencia Nacional que reclame la causa de Gdeim Izik

Fuente: Contramutis

La Asociación profesional de abogados saharauis en España (Aprase) ha reiterado a la Audiencia Nacional que reclame la causa de Gdeim Izik, por la que están siendo juzgados desde diciembre de 2016 en Marruecos 24 presos políticos saharauis.

El juicio, que se celebra en Salé, cerca de Rabat, se reanudó por quinta vez el 5 de junio; los presos, que fueron llevados por la fuerza al Palacio de Justicia, se negaron a ir a sala de vistas para seguir con la medida que adoptaron el 16 de mayo de no estar presentes, lo mismo que hicieron sus abogados, por considerar que se trata de una farsa de juicio.

Los abogados saharauis insisten en un comunicado, como ya hicieron el 13 de marzo pasado ante la Audiencia Nacional, en que España es competente para conocer el caso del campamento reivindicativo saharaui, desmantelado en noviembre de 2010  a 12 kilómetros de El Aaiún, pues el Sáhara Occidental  sigue sin ser descolonizado y España es de iure la potencia administradora, como contempla un auto de 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Aprase recalca que según el Derecho Internacional Humanitario los hechos ocurridos en un territorio ocupado y que afecten a la población autóctona no pueden ser juzgados por los tribunales del país ocupante, en este caso Marruecos y constata más irregularidades procesales, “como la presentación de nuevos testigos casi 7 años después, ausencia de cuerpos de los supuestos agentes asesinados, imágenes manipuladas, confesiones obtenidas bajo torturas (que el Tribunal se niega a investigar) y un largo etc”,

La Audiencia Nacional tramita varias causas sobre el Sáhara Occidental, entre ellas una por la que fueron  procesados once altos cargos policiales y del ejército marroquíes por delitos de genocidio cometidos entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

Tras reanudarse el 5 de junio el juicio de Gdeim Izik, trece observadores internacionales de España, Italia, Noruega y  Portugal han denunciado que a estas alturas todavía no está claro si se trata de un procedimiento de primera o segunda instancia, cuestión pendiente de resolver por el Tribunal, de lo que depende sean distintas las reglas procesales aplicables, como la admisión de nuevas pruebas y testigos y la incorporación de una nueva parte civil.

APRASE denuncia en la Audiencia Nacional los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de Gdeim Izik

Fuente y Scribd: porunsaharalibre.org

Coincidiendo con la reanudación del proceso judicial del Grupo de Gdeim Izik, en Sale (Rabat), la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) se personará, hoy lunes 13 de marzo de 2017 a las 12:00h, ante la Audiencia Nacional para denunciar los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de Gdeim Izik.

De los 25 activistas, que ya fueron juzgados y acusados en febrero de 2013 en un tribunal militar, 24 vuelven a ser juzgados por los mismos delitos esta vez en un tribunal civil. Hassanna Aalia, que fue condenado en rebeldía por el tribunal militar y que en estos momentos se encuentra con asilo político en España, no fue incluido en este último proceso. También de los 24 juzgados dos ya habían sido puestos en libertad, por haber cumplido ya más dos años de prisión efectiva, y uno está en libertad condicional, por motivos de salud.

Nota de prensa de APRASE:

  APRASE denuncia en Audiencia Nacional los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de Gdeim Izik by porunsaharalibre.org on Scribd

El genocidio del Sáhara Occidental: Más de 2.000 muertos en 24 horas (2ª parte)

Saharauis esposados en el suelo por soldados españoles/LaMiliEnElSahara

*Ver 1ª parte

La retirada de las tropas españolas del Sáhara Occidental fue la llama que encendio el terror y las matanzas, debido a los masivos bombardeos de la aviación marroquí, días después de la retirada española y la entrega del Sáhara español a Marruecos y Mauritania. Con esta masacre daba comienzo, hace 40 años uno de los episodios más aberrantes, sanguinarios y atroces de la historia reciente: el genocidio de Um Draiga.

Fue tal la ola de violencia que se desató en el país africano el día 18 de febrero de 1976 que, durante tres días, fueron asesinados entre 2.000 y 3.000 saharauis (nómadas que huían de los bombardeos marroquíes), provocando, además de más de cien mil refugiados según los datos oficiales. Los colonos marroquíes, agredieron, torturaron y aniquilaron de manera sistemática a los saharauis con un objetivo claro: exterminarlos. Una limpieza étnica.

El genocidio que se inició en febrero de 1976 contra la población saharaui fue seguido y visto por España, sin hacer nada para evitar la matanza, a través de sus militares que quedaban ahí, dejando imágenes tan dantescas como difíciles de olvidar. Según organizaciones internacionales, en los dos días siguientes de la invasión de los colonos marroquíes, más de 2.000 saharauis fueron ejecutados solo en Um Draiga y Smara.

Investigan la implicación de España y Marruecos en el genocidio ocurrido en el Sáhara Occidental en 1976.

El genocidio que se produjo en Um Draiga en 1976, y que como recordarán costó la vida a más de 2.000 de personas, está siendo investigado en España. En efecto, una jueza instruye una causa para determinar la responsabilidad de Marruecos en la matanza.

Hassanna Aalia y la política española de asilo

La Audiencia Nacional española reconoció el miercoles 5 de octubre la condición de refugiado político al activista saharaui Hassanna Aalia, cuya extradición reclama Marruecos, que aguarda al joven activista con una sentencia a cadena perpetua dictada en ausencia. La decisión del tribunal deja sin efecto además la orden de expulsión dictada por el Estado español, que sin embargo tiene un mes para recurrir la sentencia. Madrid tiene una oportunidad de oro para callar y enmendar así, parcialmente, el error de no otorgar desde el primer momento el estatus de refugiado a Aalia, condenado por un tribunal militar por haber participado en la protesta pacífica desarrollada en 2010 en torno al campamento de resistencia Gdeim Izik.

A la espera de confirmarse la buena noticia, el proceso seguido por el joven afincado en Euskal Herria, que ha necesitado cinco años para que un tribunal le reconozca cautelarmente como refugiado, deja en evidencia al Estado español por partida doble. En primer lugar, por su vergonzoso papel en el proceso de descolonización del Sahara, en el que ha pasado de potencia colonial a socio preferente de la nueva potencia ocupante, ignorando tanto sus deberes internacionales como los más básicos principios democráticos y humanitarios. Cuarenta años después de abandonar el Sahara, los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) y la sangrante represión en los territorios ocupados, denunciada ayer por el propio Aalia, son un recordatorio diario de los incumplimientos españoles.

En segundo lugar, los cinco años que ha tardado Aalia en conseguir el reconocimiento son también el crudo reflejo de la triste e insolidaria política de asilo aplicada por el Estado español, inmune al incremento de solicitudes de asilo que han convertido al Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Una cifra basta para ilustrarlo: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de los 17.000 solicitantes de asilo que se comprometió a acoger hace un año, Madrid solo ha acogido a 552.

Fuente: naiz.eus

La Audiencia Nacional reconoce el estatus de refugiado político a Hassanna Aalia

Hassanna Aalia, junto al abogado Javier Canivell y Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. (Argazki Press)

Tras cinco años, la Audiencia Nacional española ha reconocido el estatus de refugiado político al activista saharaui Hassanna Aalia, que en una rueda de prensa en Bilbo se ha mostrado emocionado y ha dado gracias a quienes le han apoyado. «Lo celebraré cuando todos los presos y refugiados saharauis sean libres».

El activista saharaui ha estado cinco años luchando por conseguirlo, frente a la reclamación de Marruecos para su extradición y la orden de expulsión emitida por el Estado español.

«Ha sido un proceso muy largo y duro, aunque muy bonito a su vez, ya que me he sentido acompañado y apoyado por muchas personas, organizaciones e instituciones durante estos cinco años», ha manifestado el activista. La sentencia es aún recurrible ante el Tribunal Supremo. A este respecto, ha afirmado que si se recurre «habrá otros intereses por encima del derecho de asilo» y ha reconocido que la actitud del Gobierno español está mediatizada por intereses políticos y no jurídicos. Hassanna Aalia ha reivindicado el derecho a asilo para todas las personas.

El abogado Javier Canivell, a quien se notificó el lunes la sentencia, ha explicado que ahora el Ejecutivo español tiene 30 días hábiles para recurrir. «Aunque es una gran noticia, tenemos que recordar que lamentablemente no suele ser habitual la concesión de la protección para las y los saharauis», ha lamentado, al tiempo que ha pedido que se facilite la llegada a la UE de refugiados, retirando valla y concertinas.

Condenado a cadena perpetua

Aalia fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik.

El juez Ruz acusa a Marruecos de genocidio sobre el pueblo de Sahara Occidental y de ocuparlo ilegalmente

Las desapariciones, asesinatos, torturas, deportaciones y los bombardeos con Napalm y fósforo de sarahauis que huían, son parte de un plan de Mohamed VI, para apoderarse del territorio de Sahara Occidental, impidiéndole elegir libremente.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

Para adoptar esta decisión, el juez se basa en su auto en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten “corroborar la veracidad indiciaria” de los crímenes denunciados, apoyados en muchas ocasiones por “documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas por las víctimas como consecuencia de las torturas”.

Ruz destaca “el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sáhara Occidental), que un periodista calificó de las cunetas del Sahara”.

Se hallaron ocho cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, “así como por la documentación que tenían entre sus prendas (muchas veces el DNI español)”, a raíz de lo cual declararon algunas personas que presenciaron esos asesinatos y sus familiares.

En 2013, un equipo dirigido por Paco Etxeberria con miembros de Hegoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco realizó una investigación. En ella exhumaron dos fosas comunes que corresponden a ejecuciones extrajudiciales de población saharaui por parte de Marruecos.

Entre los testimonios recogidos por el juez figuran relatos como el de Abba Ali Said Daf, que cuando era niño presenció una matanza, escondido bajo una manta en un camión, en el campamento de Samra entre el 12 y 13 de febrero de 1976.

Ese día vio cómo soldados marroquíes mataban a dos hombres del campamento y después los enterraban “dejando al descubierto las manos y los pies de los cadáveres para que las alimañas acabaran con ellos”. Los restos de estas personas y otras más fueron halladas en la citada fosa común hace un par de años.

El activista saharaui Hassanna Aalia al filo de la navaja de la monarquía feudal marroquí

El Ministro del Interior español presiona para ponerlo en manos de los ocupantes del Sahara Occidental.

Hace apenas un par de semanas, el joven saharaui Hassana Aalia fue detenido mientras viajaba a bordo de un tren, camino hacia el País Vasco, donde reside. Dos policías de paisano le pidieron la documentación, Hassana les mostró sus papeles de la Audiencia Nacional que acreditan su permanencia en España, los policías le dijeron a Hassana que quedaba detenido, y que ellos no reconocían el auto de la Audiencia Nacional.

Hassana Aalia, nació en el Aaiun en 1988. Tiene ahora pues 27 años. En en el  2011, Hassana solicitó una petición de asilo político al Gobierno español, después de que un Tribunal militar marroquí emitiera contra él una orden de busca y captura. Hassana había participado en una manifestación pacífica durante los célebres "campamentos de la dignidad" saharauis.

Su juicio ante el Tribunal Militar fue considerado por organizaciones internacionales y asociaciones marroquíes pro Derechos Humanos como "juicio farsa, sin garantía alguna". "No presentaron ni una sola prueba contra nosotros", dice este joven activista saharaui.

Hassana Aalia proporciona detalles de cómo la policía española procedió a su detención. "Viajaba en el tren, camino del País Vasco y me pararon dos policías de paisano y me pidieron la documentación. Les enseñé los papeles de la Audiencia Nacional, junto con la orden de salida obligatoria del país paralizada. Me dijeron que estaba detenido por situación irregular, y de ahí fuimos a comisaría. Aunque les mostré lo que me pidieron, me dijeron que no reconocían el auto de la Audiencia Nacional, lo que me extrañó, porque es una institución superior. Cuando llegó el abogado de oficio, me abrieron un expediente sancionador. No me esperaba algo así, por que la policía me ha parado en otras ocasiones y no he tenido problemas. Pienso que no ha sido legal, porque deberían reconocer la validez de los papeles de la Audiencia Nacional".

La situación de Hassana es dramática. "Si finalmente me expulsan, en Marruecos me espera una cadena perpetua, con todo lo que eso conlleva para alguien de mi situación, además de malos tratos o torturas, como han sufrido los compañeros que fueron juzgados conmigo. Espero no llegar a esta situación. Además, estoy condenado a cadena perpetua pero juzgado en dos ocasiones por el mismo hecho de manera irregular.

#AsiloParaHassanna La Audiencia Nacional paraliza la expulsión del activista saharaui Hassana Aalia

La Audiencia Nacional ha decidido paralizar la expulsión del activista saharaui Hassana Aalia, al que la Policía Nacional abrió un expediente para deportarle pese a que el recurso que había presentado contra la denegación de su solicitud de asilo en España aún no había sido resuelto y el tribunal había autorizado que permaneciese mientras tanto en el país.

Según informa a Europa Press el letrado de CEAR-Euskadi Javier Canivell, la Audiencia ha pedido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Burgos, donde le fue incoada la orden de expulsión, que proponga a la subdelegación del Gobierno el archivo del procedimiento.

Hassana Aalia, que llegó a España en 2011 para estudiar con una beca en Bilbao, fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik. Organismos y entidades nacionales e internacionales han denunciado que el procedimiento judicial no contó con las suficientes garantías.

Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó admitir a trámite su petición de asilo en España, una denegación que implica la salida obligatoria del país. El activista, con apoyo de CEAR Euskadi, recurrió a la Audiencia Nacional, que el 26 de marzo estableció como medida cautelar que el joven permaneciese en España hasta que su recurso se resolviese.

La justicia reconoce la condición de apátrida de uno de los primeros militantes del Polisario

La Audiencia Nacional obliga a Interior a expedir la documentación y aclara que haber permanecido en el Sahara y no haber optado por la nacionalidad marroquí no es razón para denegar la solicitud.

La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha reconocido en una reciente sentencia la condición de apátrida de uno de los primeros militantes del Frente Polisario. El tribunal ha anulado una resolución de junio de 2013 en la que el Ministerio del Interior le había denegado la aplicación a su caso del estatuto de apátrida y obliga al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a expedir la correspondiente documentación, si bien el Abogado del Estado puede interponer recurso en el Supremo.

Nacido en El Aaiún, en el Sahara Occidental, en 1974, este integrante del Frente Polisario solicitó ser declarado apátrida por primera vez en 2002. Entonces ni el gobierno de José María Aznar ni posteriormente la justicia consideraron que su caso se ajustara a lo que establece la ley y a las directrices que emanaron de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas que se celebró en Nueva York en 1954. Que en el expediente no constaran los documentos que el saharaui presentó en aquella ocasión impidió acreditar que fueran los mismos que en esta segunda solicitud, de modo que la Audiencia Nacional no pudo corroborar que hubiera una «mera reiteración», tal como defendió el Abogado del Estado.

El militante del Polisario justificó su situación, entre otros documentos, con una comunicación de 1998 en la que el delegado del frente en Canarias aseguró que aquel está o estaba inscrito en el censo oficial de saharauis y con un certificado, de 1999, en el que la Delegación Saharaui para España consignó que es uno de los primeros integrantes de la organización que sucedió al Movimiento para la Liberación del Sahara. Además, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis relató en un escrito de 1999 que el hombre escapó de los territorios ocupados, donde las autoridades de Marruecos lo habían detenido tras participar en una manifestación «pacífica». Estuvo detenido un año y llegó a España en 1997.

Genocidio del Sahara Occidental: nuevo marroquí imputado por la justicia española

Madrid (España).- El Tribunal Supremo español aceptó el viernes la acusación contra Lehsan Chaf Yeudan por un delito de tortura cometido contra Brahim Mohamed Salem Omar en una guarnición militar en Smara en enero de 1977.

El juez encargado de la investigación, José de la Mata, dio la orden de "búsqueda, arresto y detención" de Lehsan Chaf Yeudan y envió a las autoridades judiciales de Marruecos una comisión rogatoria internacional para que se ponga en conocimiento del interesado los delitos que se le imputan.

Lehsan Chaf Yeudan es un ex guardia de una prisión marroquí cuyo nombre se añadió a una lista de 11 altos dignatarios marroquíes acusados ​​de genocidio contra el pueblo saharaui durante el período comprendido entre 1977 y 1991.

La querella fue abierta en 2007 tras las denuncias depositadas por una asociación de presos y desaparecidos saharauis y la Asociación Española Pro Derechos Humanos. En 2013, fue enriquecida con el descubrimiento de una fosa común en la región de Mheiriz, cerca de la localidad de Amgala.

A la luz de las investigaciones, la Justicia española considera que la población civil saharaui fue atacada sistemáticamente por la policía y el ejército marroquíe en los años que siguieron a la retirada de España del Sáhara Occidental.

Fuente: spsrasd

La Audiencia Nacional procesa por torturas a un carcelero del cuartel saharaui de Smara

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a Lehsan Chaf Yeudan, carcelero del cuartel de Smara, en el Sahara Occidental, por haber torturado en 1977 a un preso saharaui al que ataron, golpearon y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión.

En un auto, el juez De la Mata, que ha sustituido a Pablo Ruz en la instrucción de esta causa, procesa al funcionario por un delito de genocidio cometido mediante tortura, y lo hace a petición de una acusación, que recurrió la decisión de Ruz de no procesarle por estar prescrito el delito.

Sin embargo, De la Mata considera, al igual que la Fiscalía, que el delito no ha prescrito, porque las torturas que supuestamente realizó a Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel no fueron "una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida" contra los saharauis, sino que se desarrolló "dentro del plan de destrucción física de los saharauis, acometido por militares y policías en el cuartel".

El procesado era, abunda el juez, "plenamente consciente" de que sus acciones se enmarcaban en este plan genocida y por ello las torturas formaron "parte inseparable del delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991" para acabar con los saharauis.

Por tanto, cree que el delito que se imputa a Yeudan no está prescrito al no haber pasado más de 20 años desde 1991 hasta 2006, cuando se interpuso la querella por el genocidio en el Sahara.

Hassanna Aalia recurrirá al Supremo si la Audiencia le niega el asilo

El activista saharaui Hassanna Aalia, durante su conferencia de prensa, organizada por CEAR-Euskadi para denunciar su situación. (EFE)

Madrid (España).- El activista saharaui Hassanna Aalia, que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013, está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Supremo o incluso ante la Corte Europea si la Audiencia Nacional le niega el asilo que ha pedido.

El activista, de veintiséis años, llegó a España en octubre de 2011 con un visado de estudiante de tres meses y pocas semanas después recibió la orden de busca y captura de las autoridades marroquíes por haber "participado y organizado" como "banda criminal" una protesta en El Aaiún.

Sin embargo, él considera que esa protesta fue "una acampada pacífica donde aproximadamente 20.000 saharauis alzaron sus voces por la libertad y por sus derechos sociales y políticos".

En declaraciones a Efe, el joven confiesa sentirse "angustiado y preocupado" ante el fallo que debe emitir la Audiencia sobre su petición de asilo, presentada tras conocer la orden de busca y captura marroquí.

El 19 de enero último el Ministerio del Interior le denegó su petición y le dio 15 días para abandonar el territorio español, pero la defensa de Aalia recurrió ante la Audiencia Nacional que paralizó, a finales de marzo, la orden de salida del activista.

En la actualidad carece de documentos y asegura que España le ha negado el derecho a estudiar y trabajar y que tampoco puede tomar aviones.

Denuncia que durante sus detenciones en Marruecos sufrió torturas y que, por ello, debería contar con una protección y un apoyo jurídico europeo.

Por eso se plantearía, eventualmente, llegar hasta la Corte Europea de Justicia.

Crímenes en el Sahara Occidental: caso abierto

Por desgracia, por mucho que sepamos sobre los crímenes perpetrados por ciertos Estados, gobiernos o grupos, si no se abre un proceso judicial es como si los males ocurridos no hubiesen ocurrido y si los responsables no asumen sus crímenes, las víctimas, una vez más, se quedan indefensas, enfrentándose al dolor y al sufrimiento del oprobio y de la humillación de ver a los verdugos libres. Pues bien, parece que algo ha cambiado respecto a lo ocurrido en el Sahara Occidental tras la descolonización española. Por fin, la Audiencia Nacional, a través del juez Pablo Ruz, ha dado un paso. Ahora solo queda aguardar a que los populares inventen una nueva ley para evitar que se puedan juzgar tales masacres. La causa abierta contra 11 militares marroquíes es por genocidio. Palabras mayores, sin duda.

En el auto se recoge que durante años (en un periodo que abarca desde 1976 a 1992) se ha producido “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes” cuyo fin no era otro que “destruir total o parcialmente a la población autóctona con el fin de apoderarse del territorio que había pertenecido a España”.

Se han recogido, y seguro que esto solo es la punta del iceberg (porque Marruecos no ha colaborado en modo alguno en investigar los horrores y políticas homicidas allí practicadas), 50 asesinatos, 6 casos de desapariciones, 202 detenciones ilegales y 23 casos de torturas, pero imaginamos que hay muchas más. Con esto, Ruz pone el cierre a una larga investigación iniciada en 2007 por el juez Baltasar Garzón, el mismo que por diferentes intereses, más políticos que judiciales, fue apartado de la judicatura por pretender juzgar el franquismo.

El mismo auto del juez Ruz establece que el Sahara Occidental nunca fue territorio de Marruecos, que nunca ha ostentado derecho histórico alguno sobre el mismo.

La suerte de vulneración sistemática de los derechos humanos, de violencia gratuita contra la población civil y de acciones que ningún gobierno democrático puede asumir ni avalar (bombardeo de núcleos de población, desplazamientos forzados y, por supuesto, torturas, asesinatos y desapariciones) fueron practicadas por Marruecos de forma sistemática con un único fin de doblegar, destruir la identidad y voluntad del pueblo saharaui.

Las caras que hay detrás del auto del juez Ruz sobre el genocidio saharaui

-Los denunciantes en la causa del genocidio saharaui han anunciado su intención de incluir los testimonios de las víctimas de los bombardeos de fósforo blanco y napalm lanzados por Marruecos en 1976

-El abogado Manuel Ollé pretende personar a víctimas como Balla, que vio morir a su hijo de 11 años: "La bomba cayó sobre sus piernas, se las destrozó y falleció frente a mí".

-La Audiencia Nacional ha imputado a once altos cargos y militares marroquíes por un posible delito de genocidio sobre la población saharaui.

El abogado Manuel Ollé con Abubekeren Ben-Nani Abdalame, a su derecha, también víctimas de los bombardeos marroquíes

Campamento de refugiados de Dajla (Argelia).- Sus muñecas le recuerdan por qué está donde está. "Mis hijos estaban jugando cuando empezaron los bombardeos... Les llamé para que viniesen conmigo, pero cuando corrían hacia mí, nos tocó a nosotros", relata Balla. Le tocó observar la muerte de su hijo en el acto, ver a su bebé fallecer meses después, huir hasta el campamento de refugiados más alejado del muro para no escuchar ese estruendo jamás. Es una de las víctimas del bombardeo de fósforo blanco y napalm cuyo testimonio podría formar parte de la ampliación de la causa que, por el momento, ha procesado a 11 altos altos cargos y militares marroquíes por posible genocidio en el Sáhara Occidental.

Balla muestra las quemaduras que le produjeron los bombardeos de Marruecos sobre la población saharaui

Balla sufrió los bombardeos de fósforo blanco y napalm lanzados por Marruecos en 1976,
en los que vio morir a uno de sus hijo en el acto

“Fui secuestrada y torturada durante 15 años por el simple hecho de ser saharaui”

Mamia Salek permaneció 15 años en cárceles marroquíes

Mamia Salek, una saharaui que reside en Tenerife, relata las torturas que sufrieron ella y su familia en una cárcel marroquí entre 1976 y 1991, perdió a su madre y su padre en prisión.

En 1991 fue puesta en libertad gracias a la presión internacional.

El procesamiento de 11 altos cargos marroquíes por genocidio en el Sáhara entre los años 1976 y 1991 ha aflorado testimonios de víctimas que permiten poner rostro a la crueldad que impregnó un episodio de la historia que no ha cerrado aún sus heridas.

Mamia Salek tenía 14 años cuando la policía marroquí irrumpió en su casa de Tarfaya apresándola a ella, a su hermana y a su madre. Aunque la tragedia comenzó dos semanas antes, el día que el padre de Mamia, Salek Abdessamed, fue secuestrado por la gendarmería marroquí. Cuando ella vio de nuevo la luz de la libertad tenía ya 29 años y un testimonio desgarrador de 15 años enclaustrada en una oscura celda de Marruecos. “Mi historia no puede resumirse en unas horas porque son 15 años de un sometimiento infernal”, denuncia Mamia.

En el momento que las mujeres fueron detenidas, les vendaron los ojos y fueron trasladadas a la comisaría de Agadir, donde habían retenido también a su padre. Aquí las hermanas Salek recibieron una paliza por hablar entre ellas y donde Mamia tuvo que pasar días aislada debajo del hueco de una escalera.

El juez Ruz sostiene en su auto que “desde noviembre de 1975 y hasta 1991, se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (...) debido precisamente a dicho origen con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”. La investigación la inició Baltasar Garzón en 2007, a raíz de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa) y que denunciaba asesinatos, torturas y bombardeos de campamentos.

Caso Sahara: ¿justicia universal sólo para españoles?

Defender que ante atrocidades y crímenes internacionales como un genocidio, los tribunales españoles sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de jurisdicción universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido jurídicamente hablando.

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

En muchas referencias en los medios de comunicación, así como en diversas declaraciones de las autoridades españolas, se destacaba que este procedimiento era posible al tratarse de crímenes cometidos contra españolas. Por mejor decir, en varias ocasiones he leído, visto y oído que esta causa ha podido avanzar pese a la radical limitación que pretendió imponer la Ley Orgánica 1/2014 respecto al principio de justicia universal, en tanto que las víctimas eran españolas.

“Ha habido un genocidio que sigue marcando la política marroquí de represión contra el pueblo saharaui”

A. O. LAHSEN MANIFESTANDO POR LA COMPETENCIA EN DERECHOS HUMANOS PARA LA MINURSO (ARCHIVO 2014) / DETALLE DE IMAGEN EN FACEBOOK

Entrevista y texto: Luz Marina Mateo / Voz del Sahara Occidental en Argentina

El pasado 9 de abril se conoció el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, de la Audiencia Nacional de España, contra once altos cargos civiles y militares marroquíes por genocidio en el Sahara Occidental. Llegar a esto no fue fácil para quienes iniciaron la querella en 2007 ya que denunciaron, entre otras cosas, intentos de obstaculización tanto en la presentación de pruebas como en las declaraciones de los testigos. Sin dudas, el hallazgo de fosas comunes con restos de saharauis fusilados en 1976, fue un hecho fundamental en la causa por genocidio iniciada por Afapredesa (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis). Sobre el tema hablamos con su presidente, Abdeslam Omar Lahsen, quien -desde los campamentos de refugiados en Tinduf- se refiere al auto del magistrado, las responsabilidades internacionales en el genocidio contra el pueblo saharaui, las esperanzas en el futuro, lo que significaron en su lucha organizaciones de derechos humanos latinoamericanas como Madres de Plaza de Mayo y varios otros aspectos del tema.

-¿Cómo repercutió en Afapredesa el auto del juez Ruz?

Estamos muy contentos con esta gran noticia. Esto sigue adelante. Y a ver si hay suerte y se puede enjuiciar a alguno de estos criminales.

-Sabemos que la querella fue presentada hace varios años. Pero, refiriéndonos a este último tiempo, ¿qué acciones se realizaron desde Afapredesa para que el juez Ruz llegara a dictar este auto?

Desde el inicio, Afapredesa ha estado trabajando para presentar todas las pruebas, testimonios y documentos que prueban los crímenes que se han cometido contra el pueblo saharaui. Y, en este tiempo, hemos presentado diecinueve testimonios relevantes, además del gran descubrimiento de fosas comunes que ha ayudado considerablemente, con la colaboración de expertos independientes como los profesores Carlos Beristain y [Francisco] Etxeberria Gabilondo, que tienen un prestigio internacional irreprochable y que han demostrado que, efectivamente, hay argumentos y pruebas de que hubo genocidio contra el pueblo saharaui.

-¿Qué se espera a partir de ahora desde el punto de vista legal?

Este auto de procesamiento significa que, por fin, tenemos ahora un reconocimiento judicial de que somos víctimas de una política de genocidio llevada a cabo por el Estado marroquí y que van a ser perseguidos los autores de dichos crímenes que abarcan desde desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos, hasta detención ilegal, etc.

“Todavía no entendemos por qué fue fusilado mi padre”

Jueila protegía a sus pequeños de los bombardeos escondiéndolos bajo un árbol. Su marido, pastor, había sido detenido y desaparecido por militares marroquíes en 1976. Tras cuarenta años guardando la esperanza de que estuviera en alguna prisión, un equipo español de forenses y psicólogos descubrió en 2013 sus restos en una fosa común. Las evidencias extraídas de esta exhumación forman parte del proceso que el juez Ruz ha abierto contra 11 mandos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara. Jueila, adorada por sus hijos y nietos, ha caído en una depresión ante la certeza de que el esposo al que esperó toda una vida fue ejecutado. Su hijo Sidi, dentista gracias a una beca para estudiar en Cuba, ha construido una pequeña consulta en la que cobra precios irrisorios por atender a sus vecinos y vecinas.

En esta entrevista nos cuentan cómo han sido estos casi cuarenta años de búsqueda, de duelo inconcluso y de lucha por la supervivencia. Ahora sólo les queda la esperanza de que se haga justicia y se cumpla el derecho del pueblo saharaui a volver a su tierra.

Realización @patriciasimon
Imagen @nachocosio y @patriciasimon
Grafismo Marta Asolari
Música Jupiter the blue, Gillicuddy CC
Una producción de Médicos del Mundo Asturias

Fuente: Saharaui Si

Inédito asombro

El Gobierno de Marruecos manifestó su “asombro ante la inédita decisión judicial española” tomada el jueves por un juez español de procesar a once funcionarios marroquíes por cargos de genocidio en el Sáhara Occidental. (Fuente: agencia EFE)

 Guillermo Tell

A las autoridades del país que ocupa una de las últimas colonias que quedan en el mundo, les parece inaceptable que un magistrado llamado Pablo Ruz procesara a 11 altos cargos policiales y militares marroquíes por delitos cometidos entre 1975 y 1992 contra ciudadanos saharauis, que califica como genocidio, además de ir asociado en algunos casos con delitos de tortura, asesinato o desaparición forzada. Como si se fuera posible borrar de la memoria histórica de que manera el Reino invadió el territorio, con la tácita complicidad de la España todavía franquista, el éxodo masivo de poblaciones autóctonas aterrorizadas que provocó, y la represión impuesta a la resistencia nacional, a lo largo de los años con tantos casos denunciados internacionalmente.

Visiblemente contrariado por la causa abierta el gobierno marroquí se refiere al Sahara Occidental como si perteneciera a la potencia ocupante, soslayando una incumplida resolución de la ONU para un referendo de autodeterminación. Y al mismo tiempo desliza que la decisión judicial se produce cuando las relaciones con Madrid se encuentran en “una de las fases más serenas y prometedoras”, un recordatorio de que algunos de sus intereses económicos pueden verse afectados.

La declaración de enojo emitida, sin mencionar su nombre, ataca al juez, hoy uno de los más prestigiosos por encarrilar dormidos casos de escándalos de corrupción, y le atribuye la finalidad de dañar esos vínculos bilaterales, fundamentalmente por tener el mérito de recordar que la injusticia con el Sahara Occidental persiste.

Por Hugo Rius

Fuente: cubadebate.cu

El juez Ruz y el Sahara

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha procesado a 11 altos cargos marroquíes por los delitos de genocidio y otros crímenes cometidos contra la población del Sáhara entre los años 1.975 y 1.992. De esta forma la Justicia española ha vuelto a poner sobre la mesa un conflicto que muchos quieren dar por olvidado y sacado a la luz lo que sucedió con aquella tierra y aquellas gentes, que estaban bajo la tutela de España.

Las atrocidades cometidas por el régimen marroquí desde la independencia vuelven a la actualidad, estamos hablando de un reino donde cualquier voz disonante era acallada y donde la tortura y las cárceles secretas del Atlas formaban parte del entramado represivo del Estado. Pero, si la oposición interna ara aplastada sin contemplaciones, mucho peor fue lo que aconteció en el Sáhara tras la retirada de España. Los saharauis que no quisieron permanecer bajo el yugo marroquí iniciaron una travesía por el desierto hacia la frontera con Argelia. No todos llegaron, porque cazabombarderos Northrop F-5 de la aviación marroquí bombardearon a hombres, mujeres y niños con napalm (bombas de fósforo blanco con gasolina gelatinosa) en una masacre a la que no se dio publicidad. Al tiempo, las fuerzas de seguridad marroquíes arrestaron a cientos de personas en El Aiún y las sometieron a todo tipo de torturas. También se asesinó a muchos saharauis, algunos incluso fueron enterrados vivos. Entre aquellos patriotas y entre aquellas víctimas había una muchacha de 20 años, se llamaba Aminatu Haidar, que hoy todavía siente recato de contar todo lo que le hicieron, entre otras cosas la tuvieron 3 años con los ojos vendados.

Como sucedió después con los talibanes y el yihadismo, Occidente y, en particular, los EE UU, utilizaron a Marruecos como un instrumento mas en la lucha estratégica del tablero mundial, no olvidemos que Argelia era aliada de la URSS y el Frente Polisario aliado de Argelia. España, con el tirano caudillo agonizando, obedeció las órdenes de abandonar a los saharauis a su suerte.