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| El activista saharaui Hassanna Aalia, durante su conferencia de prensa, organizada por CEAR-Euskadi para denunciar su situación. (EFE) |
Madrid (España).- El activista saharaui Hassanna Aalia, que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013, está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Supremo o incluso ante la Corte Europea si la Audiencia Nacional le niega el asilo que ha pedido.
El activista, de veintiséis años, llegó a España en octubre de 2011 con un visado de estudiante de tres meses y pocas semanas después recibió la orden de busca y captura de las autoridades marroquíes por haber "participado y organizado" como "banda criminal" una protesta en El Aaiún.
Sin embargo, él considera que esa protesta fue "una acampada pacífica donde aproximadamente 20.000 saharauis alzaron sus voces por la libertad y por sus derechos sociales y políticos".
En declaraciones a Efe, el joven confiesa sentirse "angustiado y preocupado" ante el fallo que debe emitir la Audiencia sobre su petición de asilo, presentada tras conocer la orden de busca y captura marroquí.
El 19 de enero último el Ministerio del Interior le denegó su petición y le dio 15 días para abandonar el territorio español, pero la defensa de Aalia recurrió ante la Audiencia Nacional que paralizó, a finales de marzo, la orden de salida del activista.
En la actualidad carece de documentos y asegura que España le ha negado el derecho a estudiar y trabajar y que tampoco puede tomar aviones.
Denuncia que durante sus detenciones en Marruecos sufrió torturas y que, por ello, debería contar con una protección y un apoyo jurídico europeo.
Por eso se plantearía, eventualmente, llegar hasta la Corte Europea de Justicia.
En conversación telefónica con Efe desde el País Vasco, Aalia declaró que "es una vergüenza" que los intereses económicos españoles estén por encima de los derechos humanos y del pueblo saharaui.
Lo que tiene claro es que no quiere volver a Marruecos, porque ello supondría "estar en la cárcel con torturas y maltratos de por vida".
El juicio en rebeldía de 2013 fue criticado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que aseguraron que se hizo sin las garantías mínimas legales.
España abandonó el Sahara Occidental en 1975 y desde 2007 y bajo los auspicios de Naciones Unidas, el Frente Polisario y Marruecos intentan encontrar una salida al conflicto sobre la soberanía.
Marruecos propone una amplia autonomía para este territorio, a cambio de que se mantenga bajo el paraguas del Estado marroquí, mientras que el Frente Polisario exige la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que se pueda elegir libremente la opción de la independencia del pueblo saharaui.
Fuente: noticiasdegipuzkoa.com
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