Cheija, apátrida en España: "No he sentido nunca la tranquilidad que da tener un hogar"

-Esta joven saharaui es una de los al menos diez millones de personas que hay en el mundo sin nacionalidad, según el informe 'Tendencias Globales'.

-El documento ha sido presentado por ACNUR en el marco de la celebración este martes del Día Mundial de los Refugiados.

-Ella afirma que si España cumpliese las resoluciones de la ONU, "los saharauis tendrían la nacionalidad española casi al día siguiente de solicitarla".

Fuente: 20minutos.es / Araceli Guede

Cheija Abdalahe sale del trabajo. Viste un pantalón blanco y una blusa negra. En su día a día mantiene un estilo occidental. Pero si tiene que acudir a un acto sobre refugiados, a una manifestación o conceder una entrevista, no lo hace sin la melfa. "Es mi seña de identidad", argumenta ya en casa, mientras con gran agilidad se anuda la prenda típica de las mujeres saharauis. Porque aunque hay quien considera que no tiene patria, ella se siente saharaui.

Esta joven es una de los al menos diez millones de apátridas que hay en el mundo, según recoge el informe Tendencias Globales que ACNUR presentó el lunes, en vísperas del Día Mundial de los Refugiados. Son personas sin nacionalidad, a las que ningún estado considera como ciudadanos suyos.

Cheija resume esa situación con dos palabras: "Indeseados y desprotegidos". Y en su caso, alguien que no ha llegado a experimentar la sensación de tener un hogar. "La sensación de estar en un sitio en el que tus derechos humanos son respetados y sobre todo, un sitio en el que nadie te va a decir en la cara que le debes algo. Es seguridad y estabilidad y sobre todo, vivir en dignidad", explica. "No he sentido nunca esa tranquilidad. Tiene que ser tan satisfactoria... La única sensación que he experimentado es la de ser refugiada, extranjera y apátrida", lamenta.

Lo más cercano a un hogar que conoce son los campamentos de refugiados de la provincia argelina de Tinduf, en los que nació hace casi 30 años. Sus padres se habían visto obligados a exiliarse del Sáhara Occidental en 1975, cuando Marruecos ocupó la antigua colonia española. A la hija mayor la dejaron con la abuela, pensando que pronto podrían regresar. Pero no fue así y no han vuelto a reunirse. Cheija tiene contacto con su hermana, pero nunca la ha visto en persona.

Mohamed volvió a ser español catorce meses después de morir

Inscripción de Mohamed Ahmed en el Registro Civil de Sidi Ifni, DNI y pasaporte

Por Iván Suárez / eldiario.es/canariasahora

-Nació en Sidi Ifni cuando esta región africana era española; vivió y trabajó en Gran Canaria con DNI, pasaporte y alta en la Seguridad Social, y murió apátrida después de que el Estado le negara la nacionalidad que ahora la Justicia le ha devuelto

-La Audiencia de Las Palmas aplica el principio de presunción judicial: si Mohamed tenía DNI y pasaporte era porque había sido inscrito en el Libro de los Españoles del Registro Civil de Sidi Ifni.

Mohamed Ahmed nació español el 10 de agosto de 1951 y murió apátrida el 28 de diciembre de 2015. Era originario de Ifni, una región situada en el noroeste del continente africano que desde 1969 pertenece a Marruecos, pero que entonces era la provincia española número 51. Su padre, Muley Ahmed, combatiente en el frente de Aragón durante la Guerra Civil, ejercía como policía en ese territorio. Mohamed fue inscrito en el Registro Civil de Sidi Ifni, la capital, y cuando cumplió 16 años recibió el Documento Nacional de Identidad (DNI) que lo acreditaba como ciudadano español. Tres años después, comenzó a trabajar en Gran Canaria, donde había fijado su residencia. Su vida laboral recoge una docena de empleos en la isla, la mayoría de carácter esporádico. Afiliado a la Seguridad Social desde 1970, alternó periodos de cotización, hasta un total de 11 años y 5 meses, con otros en los que cobraba una prestación por desempleo.

Su historia de vida lo sitúa en los populares barrios de Guanarteme y La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la isla viajó varias veces al extranjero con el pasaporte que obtuvo en 1992. También ejerció su derecho al voto en elecciones europeas, generales y autonómicas.

Su destino cambiaría en el año 2010 al acudir a las dependencias de la Policía Nacional para renovar el DNI, un trámite que ya había cumplido, sin ninguna incidencia, en 1986. En esta ocasión se le denegó la posibilidad de hacerlo. ¿La razón? En el Registro Civil español no constaba ningún título inscrito a su nombre. Mohamed comenzó entonces la batalla a la que dedicó sus últimos años de vida y que se ha resuelto recientemente, catorce meses después de que falleciera víctima de un cáncer de bronquios extendido al pulmón, con una simbólica victoria póstuma en forma de sentencia judicial con el reconocimiento de la nacionalidad española que se le negó en sus últimos años de vida.

Cheija, apátrida: «Para los españoles, no me integré hasta que me quité el pañuelo»

Cheija es refugiada desde que nació. Sus padres huyeron del Sáhara Occidental cuando fue invadido por Marruecos, en 1975; atrás se vieron obligados a dejar a su hija mayor, a quien llevan más de 30 años sin ver. Cheija dice sentirse «mala persona» por no sentir por su hermana el afecto que correspondería. Asegura que tiene «mucho amor guardado para ella, pero está sin estrenar».

Cheija es apátrida; es decir, no tiene ninguna nacionalidad, por lo que le resultó mucho más difícil que a otros inmigrantes obtener los permisos de residencia y de trabajo. La apatridia implica un limbo legal que únicamente permite acceder a los derechos más básicos a los afectados. En 2015, 1.082 saharauis solicitaron el asilo en España.

La de su familia es la historia de una familia refugiada y, por tanto, separada. Cheija se sintió responsable por no llorar cuando le comunicaron la muerte de su abuelo, a quien no había visto más que en una foto. Aún así, renuncia a «ser negativa» porque «si no, nos consumimos a nosotros mismos».

La positividad es un leit motiv en la vida de Cheija. Criada con escasos recursos en un campamento de refugiados en Tinduf (Argelia), habla cuatro idiomas, tiene dos carreras y está estudiando su segundo Máster. Aún así, tardó cuatro años en legalizar su situación en España y los únicos trabajos a los que podía acceder era limpiando casas o cuidando niños.

En aquella época, llevaba la melfa, el pañuelo que visten las mujeres saharauis. Con esa prenda, no tenía acceso a otro tipo de empleos, por lo que decidió quitárselo. Ese gesto, le abrió las puertas que necesitaba.

Ya con su documentación (como apátrida, no como refugiada) en regla, la mayor satisfacción de Cheija fue corresponder con sus impuestos a una sociedad, la española, a la que asegura querer mucho. Desde esta posición, ha optado por seguir luchando como activista por un Sáhara libre.

El Régimen jurídico de la apatridia en España: el caso de los saharauis (II)

Un caso paradigmático referente a la apatridia en España viene siendo el de los saharauis. Hasta el año 2007, la práctica administrativa era denegar las solicitudes de apatridia de los ciudadanos de esta antigua colonia española. El 20 de noviembre de 2007 hay un punto de inflexión que determina el sentido de las resoluciones administrativas debido a jurisprudencia establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de dicha fecha, referente al recurso 10503/2003.

Ya vimos el otro día como el artículo 1.1 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, el que aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida dispone que "Se reconocerá el estatuto de apátrida conforme a lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifieste carecer de nacionalidad".

Referente al territorio concreto del Sahara: la citada sentencia delimita con claridad la naturaleza jurídica del territorio en cuestión y cito textualmente:

"Con fecha de 16 de octubre de 1975 la Corte o Tribunal de Justicia Internacional, en respuesta a las cuestiones solicitadas por la XXIX Asamblea de las Naciones Unidas (Resolución 3292), emitió su opinión consultiva en relación con dos cuestiones relativas al Sahara Occidental, señalando, por unanimidad, en la primera de las cuestiones que "el Sahara Occdental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de su colonización por España no era un territorio sin dueño (terra nullius)". En síntesis, la Corte Internacional fundamenta el Dictamen en relación, en concreto, con la situación comenzada en 1884 ---que es el momento en el que España proclama su protectorado sobre Río de Oro--- en los siguientes términos: 9 "Según la práctica de los Estados en ese período, los territorios habitados por tribus o pueblos que tuvieran una organización social y política no se consideraban terra nullius; en su caso, se consideraba en general que la soberanía no se adquiría mediante la ocupación, sino mediante acuerdos concertados con los gobernantes locales.

La información proporcionada a la Corte demuestra:

a) Que en el momento de su colonización el Sáhara Occidental estaba habitado por pueblos que, aunque eran nómadas, estaban organizados social y políticamente en tribus y tenían jefes competentes para representarlos;

b) Que España no actuó sobre la base de establecer su soberanía sobre terra nullius: por eso, en su decreto de 26 de diciembre de 1884, el Rey de España proclamó que estaba tomando el Río de Oro bajo su protección sobre la base de acuerdos concertados con los jefes de las tribus locales".

Venezolanos, sirios, saharauis: la doble vara del Gobierno para dar la nacionalidad "por persecución"

Los saharauis no acceden a la nacionalidad española por obstáculos políticos y burocráticos. Tampoco al estatus de refugiado en muchas ocasiones.

El Gobierno ha otorgado la nacionalidad española a dos familiares más del opositor venezolano Leopoldo López, que se suman a los dos nacionalizados el pasado diciembre. Lo ha hecho a través de la vía que permite dar la nacionalidad sin cumplir los requisitos habituales sino debido a "circunstancias excepcionales" que, en este caso, el Ejecutivo justifica con su necesidad de protección. "Para reforzar sus garantías democráticas ante la persecución política y judicial que sufren" y "en solidaridad a los que sufren persecución política", según ha defendido la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Sin embargo, la voluntad política para salvaguardar la vida de personas perseguidas así como conceder la ciudadanía, ya sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, no es la misma para todos.

El criterio mencionado por el Gobierno en funciones, "la persecución política", es un motivo reconocido para pedir asilo. Pero el compromiso y solidaridad defendidos por el Ejecutivo con las personas que sufren persecución o huyen de los conflictos no ha quedado reflejada, por ejemplo, en su respuesta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Después de oponerse en multitud de ocasiones al establecimiento de cuotas para redistribuir a los refugiados llegados a Grecia e Italia, España se comprometió a reubicar a 16.000 personas procedentes de Grecia e Italia. Por el momento solo han llegado 18 refugiados. Tampoco ha iniciado el reasentamiento pactado con Bruselas de 1.449 solicitantes de asilo desde los campos de refugiados levantados en países como Turquía, Líbano o Jordania, a pesar de que esta vía permitiría su traslado a territorio español sin antes tener que arriesgar su vida.

El Ejecutivo también se ha negado a apoyar la propuesta de la Comisión Europea que contemplaba el establecimiento de un reparto permanente por cuotas para que los Estados miembros puedan distribuirse de forma equitativa a los refugiados y evitar los arriesgados desplazamientos secundarios a los que se ven abocados los solicitantes de asilo con el sistema actual.

La justicia reconoce la condición de apátrida de uno de los primeros militantes del Polisario

La Audiencia Nacional obliga a Interior a expedir la documentación y aclara que haber permanecido en el Sahara y no haber optado por la nacionalidad marroquí no es razón para denegar la solicitud.

La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha reconocido en una reciente sentencia la condición de apátrida de uno de los primeros militantes del Frente Polisario. El tribunal ha anulado una resolución de junio de 2013 en la que el Ministerio del Interior le había denegado la aplicación a su caso del estatuto de apátrida y obliga al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a expedir la correspondiente documentación, si bien el Abogado del Estado puede interponer recurso en el Supremo.

Nacido en El Aaiún, en el Sahara Occidental, en 1974, este integrante del Frente Polisario solicitó ser declarado apátrida por primera vez en 2002. Entonces ni el gobierno de José María Aznar ni posteriormente la justicia consideraron que su caso se ajustara a lo que establece la ley y a las directrices que emanaron de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas que se celebró en Nueva York en 1954. Que en el expediente no constaran los documentos que el saharaui presentó en aquella ocasión impidió acreditar que fueran los mismos que en esta segunda solicitud, de modo que la Audiencia Nacional no pudo corroborar que hubiera una «mera reiteración», tal como defendió el Abogado del Estado.

El militante del Polisario justificó su situación, entre otros documentos, con una comunicación de 1998 en la que el delegado del frente en Canarias aseguró que aquel está o estaba inscrito en el censo oficial de saharauis y con un certificado, de 1999, en el que la Delegación Saharaui para España consignó que es uno de los primeros integrantes de la organización que sucedió al Movimiento para la Liberación del Sahara. Además, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis relató en un escrito de 1999 que el hombre escapó de los territorios ocupados, donde las autoridades de Marruecos lo habían detenido tras participar en una manifestación «pacífica». Estuvo detenido un año y llegó a España en 1997.

¿Cuál es la situación jurídica de los Saharauis en España?

Con carácter previo al análisis de la situación jurídica actual de los Saharauis en España haré una breve referencia histórica del pueblo Saharaui.

El Sahara Occidental fue una colonia española hasta 1975.

A finales del S.XIX España coloniza el Sahara Occidental, pero no será hasta 1924 cuando se produzcan los primeros acuerdos con los habitantes autóctonos de esa zona, y ya en 1957 pasará a ser provincia del Protectorado Español.

Pocos años después, en 1965, la ONU proclama el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui e insta a España a agilizar su descolonización.

Será en 1973 cuando se forme el frente Polisario, Frente de Liberación Nacional, movimiento político y militar que defiende los derechos del Pueblo Saharaui.

Dos años después, las tropas Españolas abandonan el territorio Saharaui, y Marruecos se hace con el control del mismo, comenzando los enfrentamientos armados entre el ejército de Liberación Popular Saharaui y las Fuerzas Armadas Reales Marroquis. Es a partir de este enfrentamiento cuando la población civil del Sahara se ve obligada a huir a la región de Argelia de Tinduf.

En 1976 se constituyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que en la actualidad goza del reconocimiento internacional de más de 80 países.

En 1991 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea un plan de paz, así como una Comisión especial para el Referendum en Sahara Occidental.

Los saharauis no quieren ser “extranjeros de segunda” para acceder a la nacionalidad española

LAMENTAN LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE ESPAÑA

Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante”, lamentan los representantes de la colectividad saharaui.

Los saharauis no esperan obtener la nacionalidad por carta de naturaleza como los sefardíes, ni confían en un trato preferencial como otras excolonias españolas. Su fin es recuperar el derecho a la nacionalidad por residencia cumplidos diez años, como cualquier extranjero, que ahora el Gobierno les niega.

Una situación que denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) que reprocha al Ejecutivo que no dé validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la única a la que los saharauis tienen acceso, cuando anteriormente sí que los aceptaba.

“Ha habido un cambio de doctrina y el Gobierno nos ha convertido en extranjeros de segunda”, afirma Sidi Talebbuia, presidente de APRASE. “Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante para pedir la nacionalidad por residencia”, asegura.

Este escenario afecta a más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- ven rechazada su solicitud.

Desde el Ministerio de Justicia explican que las solicitudes son denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos administrativos de la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sahara.

Talebbuia explica que el cambio se produjo hace un año y medio cuando la Dirección General del Notariado dejó de admitir esta documentación “sin previo aviso ni explicación alguna”. El letrado no duda y apunta a Marruecos.

“Hay una injerencia de Marruecos en las decisiones del Gobierno español que condiciona cualquier movimiento que haga España hacia el pueblo saharaui”, asegura Talebbuia. “Nos utilizan como moneda de cambio en las relaciones entre ambos países”, añade.

El Gobierno de España y su limpieza étnica con burocracia

Ayer se sabía que los saharauis denuncian cómo el Gobierno les niega por sistema la nacionalidad española. Según cuentan desde la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE), el Ministerio de Justicia rechaza las solicitudes de más de 400 personas pese a cumplir con el requisito de llevar diez años de residencia en el país. Sorprende que a este Gobierno le importe más dar la nacionalidad a los descendientesde los judíos expulsados de España en 1492 (los sefardíes), cuyo proyecto de ley ya ha superado el primer trámite en el Congreso, que a los que hasta 1975 nacieron y vivieron en una provincia española.

Sidi Talebbuia, presidente de APASE, subraya el cambio de doctrina que el Gobierno de España está aplicando desde  unos años y medio, al invalidar los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a la que no reconoce. Lo curioso de todo es que nuestro Gobierno ya ha emitido con anterioridad DNI españoles en los que figura el “Sáhara Occidental” como lugar de nacimiento, lo que implica brindarle entidad de Estado y deslegitimizar la ocupación ilegal pues, de otro modo, aparecería “Marruecos”. Y hablo de DNI expedidos durante el Gobierno de Rajoy, concretamente, en 2012. Es más, a la hora de solicitar la residencia legal, el Gobierno sí acepta los documentos de la RASD, pero no para la nacionalidad.

Llevo bastante tiempo siguiendo el caso y detrás de esta violación del Derecho que está cometiendo el Gobierno español hay muchas más tropelías. Un ejemplo de ello es la experiencia de Salec, saharaui que ha hecho en vano todo lo posible por conseguir la nacionalidad española y que tuve ocasión de conocer hace justo ahora un año. Su padre es español y así figura en el Libro de Familia, pero el nació en el Sáhara Occidental. El certificado de nacimiento que expide la RASD es el único documento que lo acredita pues él es saharaui, no marroquí o argelino (el pasaporte que Argelia facilita a los saharauis únicamente sirve como título para poder viajar, pero nunca como medio identificativo de nacionalidad). Dicho de otro modo, la documentación de la RASD, por haber sido aceptada durante tantos años (más de una década) ya ha adquirido valor jurídico/administrativo y el Gobierno de Rajoy está, pues cometiendo una ilegalidad.

Los saharauis denuncian que el Gobierno les niega la nacionalidad española

El Ministerio de Justicia rechaza las solicitudes de más de 400 personas pese a cumplir con el requisito de llevar diez años de residencia en el país.

Varios refugiados saharauis asisten a un desfile en Tifariti, en los territorios liberados del Sáhara Occidental, en el 35 aniversario del Frente Polisario, 
un movimiento que lucha por la independencia de este territorio.

Madrid (España).- Los saharauis no esperan obtener la nacionalidad por carta de naturaleza como los sefardíes, ni confían en un trato preferencial como otras excolonias españolas. Su fin es recuperar el derecho a la nacionalidad por residencia cumplidos diez años, como cualquier extranjero, que ahora el Gobierno les niega.

Una situación que denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) que reprocha al Ejecutivo que no de validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la única a la que los saharauis tienen acceso, cuando anteriormente sí que los aceptaba.

"Ha habido un cambio de doctrina y el Gobierno nos ha convertido en extranjeros de segunda", afirma a Efe Sidi Talebbuia, presidente de APRASE. "Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante para pedir la nacionalidad por residencia", asegura.

Este escenario afecta a más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- ven rechazada su solicitud.

Desde el Ministerio de Justicia explican que las solicitudes son denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos administrativos de la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sáhara.

Talebbuia explica que el cambio se produjo hace un año y medio cuando la Dirección General del Notariado dejó de admitir esta documentación "sin previo aviso ni explicación alguna". El letrado no duda y apunta a Marruecos.

"Hay una injerencia de Marruecos en las decisiones del Gobierno español que condiciona cualquier movimiento que haga España hacia el pueblo saharaui", asegura Talebbuia. "Nos utilizan como moneda de cambio en las relaciones entre ambos países", añade.

España niega la nacionalidad a los refugiados saharauis por proceder de un “país no reconocido”

-Unos 400 saharauis llevan años intentando que España les conceda la nacionalidad, pero siempre reciben la misma respuesta: no reconocemos los documentos de la República Árabe Saharaui Democrática.

-Cumplen con todos los requisitos: llevan más de diez años viviendo en España, cotizan a la Seguridad Social y no tienen antecedentes penales

-"Esto es un problema político. España antepone sus intereses con Marruecos", protestan los afectados.

Zahra cumple con todos los requisitos para conseguir la nacionalidad española: lleva viviendo en España más de diez años, no tiene antecedentes penales y está cobrando un salario como trabajadora. Pese a todo, la Administración le ha denegado hasta en dos ocasiones su solicitud. Su hándicap: provenir de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. España exige una partida de nacimiento "de un país reconocido", una categoría que no está reservada para la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Zahra no es un caso excepcional.

El Ministerio de Justicia reconoció en diciembre la existencia de problemas administrativos porque los documentos que entregan los saharauis "no son oficiales" y están generando "problemas en la Dirección General del Notariado". La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) calcula que hay unas 400 saharauis que atraviesan la misma situación.

Lehbib encarna otro ejemplo. Lleva en España desde el año 2000, cuando aterrizó en Asturias para cursar un seminario de medicina gracias a un programa de cooperación. Después se desplazó a Alicante donde trabaja como personal sanitario en un hospital. Asentado en nuestro país, inició los trámites para optar a la nacionalidad en 2010. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que la cita no sería hasta 2012. Dos años después la Administración resolvió su solicitud: no reconocemos su país. Respuesta calcada a la facilitada a Zahra.

"Es una injusticia", clama Lehbib. Dos años atrás el Gobierno español cambió la doctrina y dejó de dar validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Ni el argumento de que sus padres son españoles –atesoran el DNI español por haber vivido en una colonia- les ha servido para algo. España tampoco reconoce ahora esa circunstancia.

El Vía crucis de los saharauis que aspiran a ser españoles

El Ministro de Justicia Rafael Catalá

Rafael Catalá, el nuevo Ministro de Justicia, lo reconoció en público a principios de mes. Para algunos colectivos la obtención de la nacionalidad española es un "laberinto imposible". Aludía a los saharauis que residen en España a los que el predecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, colocó en un callejón casi sin salida.

El "laberinto imposible" surgió hace aproximadamente un año cuando la dirección general de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia dejó de dar validez a los documentos expedidos por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Tampoco España reconoce a Kosovo, pero su documentación sí se acepta.

"Se ha producido un cambio de doctrina" se lamenta Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE). "Afecta sobre todo a aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de Vacaciones en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez años residiendo aquí", añade. "Están integrados, tienen arraigo, pero ahora se les deniega la nacionalidad".

A aquellos que quieran ser españoles solo les queda entonces una vía tortuosa: hacerse primero apátridas. Presentan la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Jefatura Superior de Policía, señala Talebbuia. "A partir de ahí deben esperar al menos un par de años", señala. "Cuando tengan documentos como apátridas podrán solicitar la nacionalidad española", que tardarán otros dos años más en conseguir. "Es un camino interminable", se queja.

Para Talebbuia la solución consistiría en modificar el artículo 22 del Código Civil para que, como sucede con los portugueses, filipinos, ecuatoguineanos o sefardíes, a los saharauis les basten dos años de residencia para poder solicitar la nacionalidad. El Sáhara Occidental ha sido colonia española hasta 1975 como lo fueron en su día Filipinas o Guinea Ecuatorial. La Administración española debería además aceptar de nuevo la documentación expedida por la RASD.

Saharauis, apatridas con patria

En este reportaje para TeleSur hemos intentado resumir la situación de los saharauis residentes en España, toda una guerra burocrática por los documentos, y es que ni son mauritanos, aunque tengan documentos, ni son argelinos, aunque tengan documentos, ni son marroquíes, aunque tengan documentos, ni son españoles, aunque tengan documentos, ni son apátridas aunque algunos lo hayan conseguido… Su patria es el Sahara, una nación en vías de descolonización que ningún país de la “democrática” Unión Europea sigue sin reconocer. Esta es su historia…

Miles de saharauis se encuentran en España a la espera de la resolución de sus solicitudes de estatuto de apátridas despues de la negativa del gobierno de reconocer el territorio de la República Saharaui. Sin poseer nacionalidad alguna (ni española, ni argelina, ni marroquí), los saharauis enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos al tener que trasladarse a otros países con pasaporte argelinos o mauritanos. teleSUR

Fuente: entrefronteras.com

¿Se puede vivir sin nacionalidad? La ruta de los apátridas en España

Jovenes saharauis en los campamentos de refugiados

El Ministerio del Interior concede esta protección a las personas saharauis que vienen a estudiar o trabajar a España.

«Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya». Las palabras del filósofo Séneca cobran especial significado en Omar, que tuvo que abandonar su tierra para poder estudiar. Actualmente vive en España bajo la condición de «apátrida», una figura jurídica que se otorga en nuestro país a aquellos que no tienen nacionalidad. En este caso, el país que él reconoce como nación es el Sáhara, una tierra no reconocida como país en el ámbito internacional.

«Llegué a España a los 14 años bajo un programa de Estudios. En el Sáhara solo hay educación hasta sexto de primaria y si quieres seguir estudiando tienes que ir a Argelia, Cuba o España», narra el joven saharaui. Fue seleccionado por su buen expediente académico y recayó en una familia española en la que se integró a la perfección. Ahora, casi 10 años después, está a punto de culminar sus estudios como ingeniero agrónomo y piensa en volver a largo plazo a su tierra para «ayudar en su reconstrucción». Aunque en su documentación ponga «apátrida» en el hueco de «nacionalidad», en realidad este chico de 24 años tiene la vida dividida en dos lugares: el de su origen y el de su acogida.

Cuando Omar acabó su programa de estudios, necesitó solicitar el estatuto de «apátrida» para quedarse. Este reconocimiento, que parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de Nueva York firmado el 28 de septiembre de 1954 al que España se adhirió en 1997, permite estudiar, trabajar y vivir en España y, sobre todo, la posibilidad de pedir la nacionalidad española tras cinco años. Omar reconoce que acceder a este estatuto no fue tan difícil para él como para otros compañeros, ya que la ONG CEAR le ayudó a

tramitarlo.

En el Sáhara no hay futuro y su población tiene graves problemas para resolver su situación fuera de una tierra no reconocida como país y donde la ocupación es una situación cotidiana. Detrás del reconocimiento de apátrida, hay una lucha de años con la administración. «Las solicitudes saharauis en España eran sistemáticamente denegadas. Nosotros empezamos a recurrir al Tribunal Supremo y entonces este comenzó a reconocer el estado de «apátrida» para estas personas», cuenta Paloma Favieres, coordinadora del Servicio Jurídico de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Aunque en el caso de los inmigrantes palestinos tampoco existe un país reconocido por toda la comunidad internacional, los solicitantes en este caso suelen acogerse al Estatuto de Refugiado por el que están amparados.

Ser saharaui y de ninguna parte

Hay algunas naciones, pueblos o  grupos humanos, con características comunes que se sienten geográficamente adscritos y cohesionados por razones culturales, históricas y sentimentales y que tienen una  mala suerte casi endémica. Habitualmente sus problemas pueden resultar incómodos por ubicación, por diferencia, por idiosincrasia, para uno o más de sus vecinos. Y estos son de mayor tamaño y peso específico, por lo que tampoco consiguen mucho apoyo real por parte de las demás naciones, que temen a la ira de los vecinos. El tiempo pasa, los conflictos se enquistan….

Uno de los pueblos, naciones, grupos que se enfrentan a esta situación son los saharauis. Antigua colonia española, por cierto. España tiene una postura ambigua con respecto a ellos, ya que no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, por lo que no da valor jurídico a ningún documento oficial que emita dicha autoridad.

Tampoco considera expresamente al Sahara Occidental como parte de Marruecos. Probablemente porque tenemos una enorme responsabilidad histórica en la situación, horrendamente resuelta por nuestra parte.  En 1992 debió celebrase, por mandato de la ONU un referéndum de autodeterminación que nunca se celebró. Parece que hay determinadas votaciones que se consideran de segunda categoría.  A Mauritania y, sobre todo a Marruecos, no les interesa que haya otro país ocupando una franja con acceso al mar y control sobre el rico caladero.

Los saharauis refugiados ubicados en los campamentos de la región de Tinduf están en Argelia. No reclaman el territorio en el que se asientan, están de paso en un éxodo que ya dura 30 años. Pero si quieren viajar, necesitan un pasaporte, que tiene que estar emitido por una administración nacional reconocida por el país de destino. Esto es, un saharaui no puede entrar como tal en España.

Argelia es consciente del problema y emite un pasaporte argelino, pasaporte que se puede utilizar como título de viaje pero que no supone en ningún caso el reconocimiento como argelino.

Solicitudes de ‘sinpatrias’ en ascenso

Desde el año 2012, las oficinas de CEAR-Euskadi han tramitado cerca de un millar de peticiones.

Hay personas que exigen un techo bajo el que poder vivir y hay otras que van más allá y buscan un país. Es el caso de los apátridas, personas que no tienen nacionalidad por diversas razones, pero en la mayoría de las ocasiones porque los organismos internacionales no reconocen su identidad nacional, solapada bajo presiones administrativas, económicas o militares. Es el caso de los saharauis que, tal y como ya determinó una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2009, no eran ni marroquíes, ni argelinos, ni mauritanos ni españoles.

Un argumento legal que ha servido para que colectivos humanitarios como CEAR-Euskadi, haya tirado de la manta y encontrado un resquicio legal para que decenas de personas del Sáhara Occidental accedan a esta figura de protección reconocida a nivel internacional. “Desde agosto del año 2012 hasta ahora hemos tramitado cerca de mil solicitudes de apatridia”, informaba Javier Canivell, coordinador de los servicios jurídicos de esta entidad que el año pasado consiguió este reconocimiento para 19 personas, catorce hombres y cinco mujeres. El número de solicitudes presentadas ese 2013 ascendió a 405. En 2011, sin embargo, en las oficinas de CEAR-Euskadi únicamente se presentó una solicitud por parte de una persona procedente del Sáhara Occidental.

Eso sí, en numerosas ocasiones se han visto obligados a presentar recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que, finalmente, fueron estimados por la Audiencia Nacional. “Empezamos a trabajarlo y hemos interpuesto treinta recursos en la Audiencia Nacional y muchos se nos han estimado”, agregaba Canivell, conocedor de primera mano de la magnitud del proceso que tienen sobre la mesa.

España: El TS accede a la condición de apátrida de un refugiado saharaui en territorio argelino

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia que accedió al reconocimiento del demandante del estatuto de apátrida. El solicitante nació en el antiguo Sahara español y luego estuvo en los campos de refugiados saharauis en Argelia.

Esta Sala ha dictado numerosas sentencias, en casos similares al litigioso, en el sentido de acceder a la condición de refugiado. Señala que la prueba que la legislación aplicable exige no tiene que ser plena y acabada de que el país de origen no le reconoce su nacionalidad; ahora bien, eso no significa que la mera declaración en tal sentido del solicitante sirva por sí para tener por cierta su afirmación. Pero en el caso presente, el solicitante del estatuto de apátrida aportó todos los datos y documentos que, a juicio del Tribunal, permiten situar su lugar de nacimiento, filiación, así como el de sus ascendientes. Concluye que ha quedado acreditado que carece de la nacionalidad argelina, tal y como ha sido contrastado por los datos aportados por las autoridades argelinas y españolas. Y que, en contra de lo declarado por el Abogado del Estado, no se está ante meras manifestaciones del solicitante, sino de antecedentes que figuran en el expediente administrativo, evidentes, contrastados y exhaustivos, que revelan la concurrencia de los requisitos establecidos para tener la condición de apátrida.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sentencia de 04 de abril de 2014

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Fuente: Iustel

La Audiencia Nacional obliga a Interior a reconocer la condición de apátrida a dos saharauis

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado dos sentencias muy similares que obligan al Ministerio del Interior a reconocer la condición de apátridas de dos saharauis a quienes se les había negado, argumentando que carecían de un certificado de la misión de la ONU en el Sáhara (MINURSO) que demostrase que procedían de allí. Condena a la Administración a pagar las costas. Ambas sentencias, de las que ha sido ponente José Guerrero Zaplana, critican que Interior pusiera ese papel como condición indispensable para reconocer la apatridia de ambos saharauis, cuando contaban con otro tipo de documentos oficiales expedidos por las autoridades del Sáhara que probaban su procedencia. Es más, uno de los afectados, que recibió la misma negativa, sí tenía el certificado de la MINURSO.

“No alcanza la Sala a entender cómo puede el citado certificado erigirse en presupuesto esencial para la concesión del estatuto de apátrida, hasta el punto de constituirse, siempre según el representante de la Administración, en una suerte de condictio sine qua non para el reconocimiento del derecho”, dice la Audiencia Nacional.

El tribunal recuerda que si bien “no basta con la mera manifestación del solicitante de que se carece de nacionalidad”, en ambos casos “sí constan esos datos que reflejan la concurrencia del presupuesto de hecho previsto en la norma”, ya que ambos habían presentado “documentos expedidos por la autoridad saharaui”. que ponían de manifiesto su nacionalidad y su residencia en los campos de refugiados.

La Nación apatrida

Que el orgulloso nacionalismo se impulse de forma alarmante, en el buen sentido, sobre otras ideas políticas no es ninguna sorpresa y he de decir que es la corriente democrática reinante en los conjuntos occidentales, pero que lectura haremos de esto? es eficaz el nacionalismo? sabemos lo que es el nacionalismo? y por último, donde deja esto al Sáhara?

Leyendo, oyendo y sobre todo escuchando, se da uno cuenta de la falta de claridad y entendimiento que la sociedad en general tiene de la palabra "Nacionalismo" y hay que decir que deja mucho que desear y poco margen para enseñar dado que muy pocos se muestran dispuestos a escuchar.

No es de extrañar oír en un bar aquello de "los nacionalistas son lo peor, VIVA ESPAÑA...", pero como comportamiento aislado y mala norma la de generalizar, lo pasaré por alto, no para contextualizar lo que quiero decir.

Personalmente creo poco, muy poco en los nacionalismo periféricos y centrales y de cualquier lugar del mundo cuyo objetivo sea separar y poner fronteras a un mundo ya saturado de estas, pero sí creo en la justicia y en el derecho individual y colectivo de la identidad, como creo en la democracia como forma de redimirse de tales derechos, para unos, y obligaciones de proporcionarlas, para otros, no sin antes debatir su legitimidad, en ciertos casos, no muy clara.

Me aventuraré a interpretar estos signos "nacionalistas" como descontento social en ciertos casos, como deseo de opinar en otros o como desarrollo natural de una democracia a la que se le ha dado a elegir "el menos malo del cuento", siendo el mas malo la alternativa, pues el nacionalismo apela a principios tan básicos como anticuados, apela a la exclusión y a las diferencias antes que las igualdades.

Pero una cosa clara, el nacionalismo debe ser superado y no será superado sino democráticamente y con una sociedad consciente y despierta.

¿Donde deja esto al Sáhara?.

Refugiados, apátridas o, sencillamente, ciudadanos de la RASD

Desde el 31 de octubre de 1975 hasta el 26 de febrero de 1976, la población saharaui que había huido de la invasión era, técnicamente, una población refugiada. Personas que abandonan el país donde antes tenían su residencia habitual y llegan a un tercer Estado (Argelia), perseguidos por motivos de su nacionalidad. Tal es la situación de los primerísimos saharauis. En Argelia, en Malí o en donde estuvieran, les esperaba un mundo de penas. Tenían que comparecer ante las autoridades del país de acogida y reclamar ser reconocidos como tales refugiados para, entonces aspirar a que dichos países de acogida les ofrezcan un mínimo de derechos (seguridad personal, vivienda, alimentación, sanidad, educación). Es decir, ser un ciudadano de segunda clase en la Argelia, Malí o, incluso, la Mauritania de finales de los años setenta y ochenta. Al proclamarse la República Árabe Saharaui Democrática, en la noche del 26 de febrero de 1976, el nuevo Estado, se convirtió en el paraguas cuya sombra iba a cobijar a todos los saharauis y les iba a garantizar todos los derechos en condiciones muchísimo mejores, de las que podrían haber obtenido si hubieran ido a mendigar, cada uno por su cuenta, el reconocimiento de la condición de refugiado en los Estados vecinos. Sería de hipócritas negar que ese nuevo Estado garantiza, a sus nacionales, muchos derechos en condiciones muchísimo mejores de las que ofrecen los Estados vecinos a sus propios nacionales. Esa noche, los saharauis pasaron de ser refugiados a ser ciudadanos de un Estado. Es decir, esa noche, nació un vínculo jurídico entre unas personas y un Estado. Ese vínculo se llama la nacionalidad. Muy a prisa, el nuevo Estado, aún en el exilio, empezó a operar como auténtico Estado y a proporcionar a sus ciudadanos toda clase de derechos, entre ellos, el derecho a que sus nacionales puedan circular, en los países vecinos, provistos de los documentos expedidos por ese joven Estado. Pronto, empezaron a llover los reconocimientos internacionales y pronto, el nuevo Estado, se iba a sentar, como Estado soberano, en la Unión Africana.