Fuente: Contramutis
La Asociación profesional de abogados saharauis en España (Aprase) ha reiterado a la Audiencia Nacional que reclame la causa de Gdeim Izik, por la que están siendo juzgados desde diciembre de 2016 en Marruecos 24 presos políticos saharauis.
El juicio, que se celebra en Salé, cerca de Rabat, se reanudó por quinta vez el 5 de junio; los presos, que fueron llevados por la fuerza al Palacio de Justicia, se negaron a ir a sala de vistas para seguir con la medida que adoptaron el 16 de mayo de no estar presentes, lo mismo que hicieron sus abogados, por considerar que se trata de una farsa de juicio.
Los abogados saharauis insisten en un comunicado, como ya hicieron el 13 de marzo pasado ante la Audiencia Nacional, en que España es competente para conocer el caso del campamento reivindicativo saharaui, desmantelado en noviembre de 2010 a 12 kilómetros de El Aaiún, pues el Sáhara Occidental sigue sin ser descolonizado y España es de iure la potencia administradora, como contempla un auto de 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Aprase recalca que según el Derecho Internacional Humanitario los hechos ocurridos en un territorio ocupado y que afecten a la población autóctona no pueden ser juzgados por los tribunales del país ocupante, en este caso Marruecos y constata más irregularidades procesales, “como la presentación de nuevos testigos casi 7 años después, ausencia de cuerpos de los supuestos agentes asesinados, imágenes manipuladas, confesiones obtenidas bajo torturas (que el Tribunal se niega a investigar) y un largo etc”,
La Audiencia Nacional tramita varias causas sobre el Sáhara Occidental, entre ellas una por la que fueron procesados once altos cargos policiales y del ejército marroquíes por delitos de genocidio cometidos entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
Tras reanudarse el 5 de junio el juicio de Gdeim Izik, trece observadores internacionales de España, Italia, Noruega y Portugal han denunciado que a estas alturas todavía no está claro si se trata de un procedimiento de primera o segunda instancia, cuestión pendiente de resolver por el Tribunal, de lo que depende sean distintas las reglas procesales aplicables, como la admisión de nuevas pruebas y testigos y la incorporación de una nueva parte civil.
Los observadores ponen de manifiesto que el tribunal no tiene jurisdicción territorial, ya que juzga en Marruecos hechos ocurridos en el Sáhara Occidental, y que no ha admitido el dictamen de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas.
También han reseñado que la defensa designada de oficio el 16 de mayo, tras la renuncia de los abogados de los saharauis, asumió su función de forma inmediata, sin haber tenido contacto con los acusados ni haber estudiado el expediente.
Los observadores internacionales han denunciado que son objeto de grandes medidas de seguridad, como fotografiar sus documentos de identidad por personas no identificadas en el exterior del Tribunal, cacheos continuos y prohibición de entrada de cualquier tipo de dispositivo electrónico.
Los abogados que llevan ahora la defensa cuestionaron el informe pericial redactado por los médicos marroquíes, alegando contradicciones y falta de garantía en la aplicación del Protocolo de Estambul, y solicitaron un complemento del informe por más peritos, lo que no fue admitido por el tribunal.
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