Fisahara: los asistentes al festival escuchan conmovedores testimonios sobre el genocidio marroquí en el Sáhara Occidental

Dajla (Campamentos de Refugiados).- Los participantes en el Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (Fisahara) escucharon conmovedores testimonios de familiares y parientes de algunas víctimas de las fosas comunes descubiertas en 2013 en la región de Mheiriz , en el Sahara Occidental.

En una mesa redonda sobre la Justicia Universal organizada al margen del festival Fisahara 2015, Mahmud Salma, hijo y hermano de una víctima de las fosas comunes, dijo que el régimen marroquí no entiende el sentido de la justicia y expresó la esperanza de que el pueblo saharaui consiga la libertad y la autodeterminación.

También agradeció la decisión del juez español Pablo Ruz contra los oficiales militares marroquíes acusados ​​de genocidio en el Sáhara Occidental durante la invasión militar del territorio por Marruecos.

Baidalla Fatma, hija de una de las víctimas, pidió una acción rápida para conocer el paradero de los desaparecidos saharauis expresando el deseo de que la justicia siga su curso.

En una declaración a SPS hecha tras el debate, el Presidente de la Comisión Nacional saharaui de Derechos Humanos, el Sr. Said Filali dijo que las bárbaras prácticas contrarias a la ética seguidas por Marruecos en el Sáhara Occidental "deben ser consideradas como crímenes contra la humanidad ".

Fuente: spsrasd

La Justicia Universal, uno de los temas principales de la XII edición del Festival Internacional del Cine FISAHARA

Este miércoles arranca en Tinduf, Argelia, la XII edición del FiSahara, el Festival Internacional de Cine del Sáhara, con varios protagonistas clave, la Justicia Universal y las víctimas de desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad.

Una de las invitadas a este festival será Nora de Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que llevan luchando durante décadas para encontrar a los miles de desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó el país suramericano entre 1976 y 1983.

Este año el FiSahara se realizará a pocos días de conocerse la noticia de que la Audiencia Nacional española abría una causa contra once altos cargos militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara.

Manuel Ollés, el abogado encargado de este caso ante la Audiencia, también estará en el festival.

Este año se cumplen cuarenta años de la firma de los acuerdos en los que España permitía que Marruecos se quedase con este territorio, que ocupa de forma ilegal desde los años setenta.

El FiSahara contará con películas como "Granito de arena: Cómo atrapar a un dictador", sobre el proceso de genocidio en Guatemala o "Testigos de la memoria", sobre la exhumación de fosas comunes en el Sáhara Occidental.

"FiSahara es único en el mundo porque es mucho más que un festival: forma parte de un extraordinario movimiento solidario que lucha por una causa justa," aseguró María Carrión, directora ejecutiva de FiSahara, en un comunicado del festival.

Miles de personas entre asistentes, cineastas, productores, artistas y periodistas estarán en el campamento de refugiados de Dajla hasta el próximo domingo.

Fuente: mundo.sputniknews.com

Caso Sahara: ¿justicia universal sólo para españoles?

Defender que ante atrocidades y crímenes internacionales como un genocidio, los tribunales españoles sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de jurisdicción universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido jurídicamente hablando.

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

En muchas referencias en los medios de comunicación, así como en diversas declaraciones de las autoridades españolas, se destacaba que este procedimiento era posible al tratarse de crímenes cometidos contra españolas. Por mejor decir, en varias ocasiones he leído, visto y oído que esta causa ha podido avanzar pese a la radical limitación que pretendió imponer la Ley Orgánica 1/2014 respecto al principio de justicia universal, en tanto que las víctimas eran españolas.

Validez de la justicia universal

Soledad Gallego-Díaz reflexiona sobre el procesamiento de 11 marroquíes por genocidio en el Sahara Occidental.

El hecho de que la justicia universal tenga especiales dificultades para llegar hasta sus objetivos no le quita validez ni importancia. El auto del juez Ruz procesando a ocho militares y tres civiles marroquíes por un ataque sistemático contra el pueblo saharaui será de casi imposible cumplimiento dado que Marruecos nunca extraditará a sus nacionales para que sean juzgados por genocidio en otro país. Aun así, la orden de detención contra siete de estas personas tendrá efectos sobre las mismas, en el sentido de que les obligará a ser muy cuidadosas en sus viajes al extranjero y les cerrará las puertas de prácticamente toda Europa.

Es seguro que el procesamiento de estas personas causará roce diplomáticos con un país que es vecino y con el que existen muchos intereses comunes. El Gobierno, sin embargo, tiene pocas posibilidades de frenar las actuaciones porque muchos de los saharauis víctimas de esa persecución tienen DNI, pasaporte y Libro de Familia españoles y no pueden ver rechazadas sus reclamaciones ante la justicia española, ni verse incluidas en la reforma de legislativa hecha por el PP en marzo de 2014.

¿Dificultará esa decisión judicial la necesaria negociación entre marroquíes y saharauis para resolver su contencioso? No necesariamente. Reconocer los derechos de las víctimas suele ser, por el contrario, un requisito necesario para cualquier negociación.

Fuente: Cadena SER

La XII Edición del Festival Internacional de Cine saharui estará centrada en la justicia universal

La XII Edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) tendrá lugar del 28 de abril al 3 de mayo y estará centrada tanto en la Justicia Universal como en las víctimas de desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad, según ha anunciado la organización.

Este festival se celebrará en el campamento de población refugiada de Dajla, en Tinduf (Argelia). Miles de saharauis y cientos de visitantes internacionales se darán cita en esas fechas para disfrutar de una semana de cine, cultura saharaui, encuentros sobre derechos humanos y formación audiovisual.

Cuarenta años después del inicio de la crisis del Sáhara Occidental y coincidiendo con una reunión "crucial" del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el futuro del territorio ocupado por Marruecos, FiSahara abordará el papel del cine "en la lucha contra la impunidad".

Entre las películas participantes se incluyen 'Granito de arena: Cómo atrapar a un dictador' (Pamela Yates) sobre el proceso de genocidio en Guatemala o 'Testigos de la memoria' (Eztizen Miranda) sobre la exhumación de fosas comunes en el Sáhara Occidental.

Asimismo el proceso de Justicia Universal en España y Argentina también tendrá un espacio, con la proyección de películas y la participación de cineastas y de personas expertas en este tema.

Además, familiares de víctimas del conflicto del Sáhara Occidental protagonizarán la mesa redonda principal, centrada en este tema, y recibirán un reconocimiento especial por parte del festival.

El asesinato de Baby Hamday será investigado por ser España administradora “de derecho” del Sáhara Occidental

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que continúe la investigación por el asesinato del saharaui de nacionalidad española Baby Hamday Buyema, ocurrido en El Aaiún en noviembre de 2010, al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sáhara Occidental, según las normas de Naciones Unidas.

En contra de archivar el caso se manifestó el fiscal Pedro Rubira, ya que considera que Marruecos no es competente para llevar a cabo la investigación por no haberse producido en territorio de su jurisdicción.

En la misma reunión de la Sala de lo Penal de la AN, y como consecuencia de la reforma legal hecha por el Partido Popular sobre la justicia universal, se ha acordado sobreseer la causa que se seguía contra dos ex presidentes y otros seis ex altos cargos del Gobierno chino por el presunto genocidio cometido en el Tíbet.

El asesinato de Baby Hamday Buyema, de 35 años, padre de dos hijos, un niño de cuatro años, Saad, y una niña de dos, Aya, ocurrió el mismo día que las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí desmantelaron el campamento de Gdeim Izik, el campamento de la dignidad, en el que 20.000 saharauis se encontraban instalados en jaimas desde hacía tres semanas a las afueras de El Aaiún para reivindicar mejoras sociales y laborales.

Baby Hamday Buyema iba a su puesto de trabajo en FossBucraa, empresa en la que era ingeniero eléctrico desde hacía más de 12 años. Según el relato que hizo la familia, Baby viajaba en un autobús que fue interceptado por policías marroquíes del cuerpo especial GUS, creado exprofeso para actuar en el Sáhara Occidental.

El Tíbet, el Sahara Occidental y un "narcobarco" al pleno de la Audiencia Nacional

Madrid (España).- El pleno de la Audiencia Nacional estudia hoy si accede al cierre de la causa por presunto genocidio en el Tíbet, si confirma la excarcelación de ocho narcos apresados en un buque y si archiva un atropello mortal en un campamento saharaui, los tres casos afectados por la limitación de la justicia universal.

En la causa de la acusación de genocidio en el Tíbet, y que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal, el pleno de la Sala de lo Penal debe determinar si lo archiva definitivamente o si cabe plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva norma, después de que en su última reunión no entraran a discutir este asunto.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

Esta decisión provocó que el gobierno chino expresara en varias ocasiones su "fuerte malestar" y su "firme oposición" a la decisión de la Justicia española, así como su deseo de que el Gobierno resolviera "de forma apropiada" este asunto.

Moreno ha sido el único juez que tras la reforma aprobada en marzo por el Congreso ha accedido a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y elevarlo a la Sala de lo Penal para que este órgano se posicione sobre la disposición transitoria única de la nueva norma, que ordena el archivo de forma retroactiva de los casos de justicia universal abiertos.

El pleno también abordará la excarcelación dictada el pasado 8 de abril por el juez Fernando Andreu de ocho presuntos narcotraficantes egipcios apresados el 6 de marzo en un barco pesquero con trece toneladas de hachís cuando navegaban por aguas cercanas a Almería fuera de la competencia española.

RASD: “España está obligada a juzgar a los responsables del genocidio saharaui”

El juez Baltasar Garzón con Mohamed Luali Akeik,
Ministro saharaui de los Territorios Ocupados

“España, que no cumplió con su deber de descolonizar el Sáhara Occidental, tiene ahora la obligación de juzgar a las autoridades marroquíes responsables del genocidio del pueblo saharaui, que iniciaron al invadir la que todavía era colonia española el 31 de octubre de 1975”.

Quien así de contundente habla es Mohamed Luali Akeik, Ministro saharaui de los Territorios Ocupados, que ha participado en Madrid en el I Congreso Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y en el que los grandes expertos internacionales han criticado con dureza la nueva ley de justicia universal del Gobierno del Partido Popular, que limita las posibilidades de investigar en España crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos en otros países.

Entre las causas que se siguen en la Audiencia Nacional afectadas por la nueva ley, cuya aplicación ha obligado a la excarcelación de 43 narcotraficantes, se encuentra la que instruye Pablo Ruz contra altos mandos militares marroquíes por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas y que el juez ha decidido no cerrar por considerar que las víctimas eran ciudadanos españoles ya que habitaban en el Sáhara Occidental cuando todavía se consideraba provincia española.

Mohamed Luali Akeik dice que a los tribuales españoles les compete juzgar a los responsables marroquíes por “las atrocidades cometidas contra la población civil saharaui”. En declaraciones a “elespiadigital.com” recuerda cómo durante la invasión del Sáhara Occidental “la aviación marroquí bombardeó con fosforo blanco y napalm a las familias que huían por el desierto para escapar de la masacre que perpetraba el ejército, con fusilamientos extrajudiciales, enterramientos en vida en fosas comunes y pozos, lanzamiento de personas desde helicópteros, desapariciones forzadas e, incluso, eliminación del ganado”.

Cita las dos fosas comunes descubiertas en febrero de 2013 en la zona de Amgala con los restos de ocho pastores beduinos, varios de ellos con documentación española, asesinados el 12 de febrero de 1976 cuando España aun no había abandonado el Sáhara Occidental. “Hay muchas fosas como esas en todo el territorio”, asegura.

De Guántanamo al Sáhara, doce causas en el limbo

La reforma de la Justicia Universal que entró ayer en vigor afecta a procesos investigados en la Audiencia Nacional.

La reforma de la Justicia Universal ha entrado en vigor este sábado al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se limita su aplicación, lo que se produce dos días después de su aprobación definitiva en el Senado.

La limitación de la aplicación de la Justicia universal en España, que se ha tramitado por la vía de urgencia, conlleva el archivo de varias causas abiertas en la Audiencia Nacional, como en la que están imputados ex líderes chinos por la represión en el Tíbet o la que afecta a militares estadounidenses por la muerte del cámara español José Couso en la guerra de Irak.

La reforma establece que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

Todo ello cuando se haya interpuesto querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal.

Desde los partidos de la oposición, se ha reprochado al Gobierno su “intromisión” en el Poder Judicial al introducir una disposición transitoria que permite el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles.

“Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”, señala dicho precepto de la reforma.

La iniciativa ha sido criticada por la oposición tanto por su fondo, porque consideran que “abre la puerta” a la impunidad, como por su forma, al tramitarse por la vía de urgencia, sin comparecencias y como proposición de ley.

Justicia universal: La Audiencia puede desde hoy archivar causas como las del Tíbet o el Sáhara

La Audiencia Nacional podrá archivar desde ayer una docena de causas abiertas bajo el principio de justicia universal, ya que este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la reforma, impulsada por el PP y aprobada por las Cortes, que limita la capacidad de los jueces españoles de investigar causas de genocidio en otros países.

La publicación de la reforma de la justicia universal en el BOE se produce tras su aprobación definitiva este miércoles en el Senado, después de que se tumbaran siete propuestas de veto presentadas por los partidos de la oposición.

Esta reforma se produce a partir de una proposición de ley impulsada por el PP. Este procedimiento de modificación legal evitó que sobre la misma se pronunciaran el CGPJ y el Consejo de Estado. Por ello, la reforma vio el visto bueno el pasado 27 de febrero en el Congreso y, en apenas quince días, ratificada por el Senado.

La principal novedad de esta modificación legal es que se limita la persecución de los crímenes de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra un español o extranjeros que residan habitualmente en España, o contra extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido negada por las autoridades españolas.

REFORZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA

En las disposiciones generales recogidas en el BOE se señala que la reforma pretende delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía.

Entre otros cambios, el artículo 23.4 elimina la posibilidad de actuar por medio de una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por la víctima o por la Fiscalía.

Justicia universal. Los saharauis pedirán que la reforma sea llevada al constitucional

Los saharauis que han denunciado a Marruecos en la Audiencia Nacional por genocidio pedirán que el instructor de esta causa, el juez Pablo Ruz, lleve al Tribunal Constitucional la restricción de la jurisdicción universal promovida por el PP y aprobada este jueves por el Congreso.

Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derecho Humanos de España(Apdhe), que lleva la querella de estos saharauis, explicó a Servimedia que, ante el previsible sobreseimiento de su procedimiento, pedirán que la reforma legal promovida por el PP sea declarada inconstitucional. “Como particulares no podemos plantear esta cuestión de inconstitucionalidad”, apuntó este abogado, quien coordina la querella contra la presunta represión que Marruecos ejerció en el Sáhara tras abandonar España este territorio en 1976.

“SÁHARA ESPAÑOL”

Este abogado señaló que la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial referida a la jurisdicción universal “es contraria al derecho internacional y a las obligaciones adquiridas por España en virtud de la firma de diferentes tratados y convenios internacionales”. Para evitar el sobreseimiento de las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional, este letrado sostuvo que “los jueces de oficio, o bien a petición de las partes, deberían plantear la cuestión de inconstitucionalidad” ante el Constitucional.

En el caso de la querella saharaui, Ollé apuntó que “se podría continuar con el enjuiciamiento de los delitos por el principio de territorialidad, ya que los delitos se cometieron en territorio español y por lo tanto deben ser juzgados por los tribunales españoles”.

Sobre la inminente limitación de la justicia universal en España, el abogado de Apdhe añadió que esta reforma supone “un genocidio a la defensa de los derechos humanos al ser contraria a la mayoría de postulados del derecho internacional”.

“La reforma se produce por motivos económicos y políticos tras la orden internacional de detención de varios dirigentes chinos a raíz de la querella admitida en la Audiencia Nacional por el genocidio del Tíbet, y la posterior presión de China”, concluyó Ollé.

Fuente: noticias.lainformacion.com