Soledad Gallego-Díaz reflexiona sobre el procesamiento de 11 marroquíes por genocidio en el Sahara Occidental.
El hecho de que la justicia universal tenga especiales dificultades para llegar hasta sus objetivos no le quita validez ni importancia. El auto del juez Ruz procesando a ocho militares y tres civiles marroquíes por un ataque sistemático contra el pueblo saharaui será de casi imposible cumplimiento dado que Marruecos nunca extraditará a sus nacionales para que sean juzgados por genocidio en otro país. Aun así, la orden de detención contra siete de estas personas tendrá efectos sobre las mismas, en el sentido de que les obligará a ser muy cuidadosas en sus viajes al extranjero y les cerrará las puertas de prácticamente toda Europa.
Es seguro que el procesamiento de estas personas causará roce diplomáticos con un país que es vecino y con el que existen muchos intereses comunes. El Gobierno, sin embargo, tiene pocas posibilidades de frenar las actuaciones porque muchos de los saharauis víctimas de esa persecución tienen DNI, pasaporte y Libro de Familia españoles y no pueden ver rechazadas sus reclamaciones ante la justicia española, ni verse incluidas en la reforma de legislativa hecha por el PP en marzo de 2014.
¿Dificultará esa decisión judicial la necesaria negociación entre marroquíes y saharauis para resolver su contencioso? No necesariamente. Reconocer los derechos de las víctimas suele ser, por el contrario, un requisito necesario para cualquier negociación.
Fuente: Cadena SER
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