Fuente: tercerainformacion.es / mediapart.fr/niko
Traducido por Luis Portillo Pasqual del Riquelme
Editado por María Piedad Ossaba
Hay quienes sacan pecho tras la admisión de Marruecos en la Unión Africana el pasado 31 de enero de 2017.
Por ejemplo, Nasser Bourita, ministro marroquí delegado ante el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien manifestó a propósito de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática, miembro fundador de la Unión Africana en 2002, después de haber sido miembro de la OUA, Organización para la Unidad Africana, desde 1984): «Marruecos no reconoce –y no reconocerá jamás- a esa entidad fantoche», y anunció que [Marruecos] «redoblará sus esfuerzos para que la pequeña minoría de países, principalmente africanos, que todavía la reconocen, modifiquen su posición en el sentido de la legalidad internacional y de las realidades geopolíticas». Caray, vaya, ¡«en el sentido de la legalidad internacional»!
Hagamos un poco de memoria: Marruecos invadió militarmente el Sáhara Occidental en 1975, cuando España, que llevaba colonizando el territorio desde finales del siglo XIX y que se había comprometido con la ONU a descolonizarlo, es decir, a organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, se desembarazó de él vilmente (Franco estaba moribundo) entregando el país a Marruecos y Mauritania; por supuesto, sin consultar a los saharauis… Se trata, pues, de una ocupación absolutamente ilegal, denunciada como tal por la Asamblea General de la ONU en 1979 (Resolución 34/37).
¿Sólo desprecio, o algo más?
Pero volvamos a la cuestión de la admisión de Marruecos en el seno de la UA, 33 años después de haberse marchado de la Organización de la Unidad Africana, predecesora de la UA, precisamente porque la RASD había sido admitida en dicha Organización. ¿Cómo ha justificado el rey Mohamed VI su voluntad de volver a ese organismo continental?: ¡« Nos pareció evidente que cuando un cuerpo está enfermo, se le puede curar mejor desde el interior que desde el exterior»! (¡!).
¡Vamos ya! ¡Ahora resulta que va a ser precisamente Marruecos quien va a enseñarle a África cómo curarse, cómo comportarse…! ¡Y sobre todo, cómo afrontar la cuestión del Sáhara, esta África que «no puede soportar por más tiempo la pesada carga de un error histórico y un legado embarazoso»!
Pero hay un pequeño problema: ningún país del mundo reconoce la pretendida soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. ¡E incluso la propia Unión Europea acaba de afirmar, en la sentencia de su Tribunal de Justicia, de fecha 21 de diciembre de 2016, que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos! Volveremos sobre esto más adelante.
Una «alta» fuente diplomática marroquí comentó a la AFP, tras el resultado del 31 de enero [la admisión de Marruecos en la UA en la Cumbre de Addis Abeba] que «la Cumbre de Addis Abeba fue para ellos [los países amigos de la RASD, es decir, principalmente Argelia, Sudáfrica y Nigeria] una bofetada; ellos se esfuerzan ahora en presentar ese fracaso como un éxito…». Y más adelante señalaba que «el retorno de Marruecos es un desafío directo a la presencia del Polisario en el seno de la UA (…). Marruecos continuará movilizándose para deslegitimar a la RASD». Por lo tanto una declaración de guerra, ¿a la RASD, o a África?.
Funcionarios saharauis vs funcionarios marroquíes: un enfoque verdaderamente diferente
Mohamed Salem Uld Salek, Ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, recordó que la adhesión de Marruecos se efectuó « conforme a los artículos 9 y 29 del Acta Constitutiva de la UA, basada en el respeto de las fronteras heredadas en la independencia y en la no utilización de la fuerza para adquirir territorio»; y que el gobierno marroquí «ratificó y firmó el Acta Constitutiva sin condiciones y sin reserva alguna».
El Ministro también subrayó: «Es un hecho que Marruecos ocupa un escaño bajo el mismo techo africano junto a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y la casualidad ha querido que la coordinación entre los países de la zona 5 de la UA (África del Norte) esté a cargo de la República Saharaui. Es un hecho consumado al que Marruecos tendrá que adaptarse…»
Para concluir, Mohamed Uld Salek añadió: «Poco importa la naturaleza de la agenda que motiva la solicitud de Marruecos de integrar la UA; la Unión Africana es consciente de los intereses del continente que se cruzan con los de la comunidad internacional». La UA «continuará desempeñando plenamente su papel para hallar soluciones africanas a los problemas de África».
Una forma de sabiduría. Y de respeto para la Organización interafricana.
El otro polo magnético de la política exterior marroquí: la UE
Ahora es en Europa donde las cosas se esfuman. Es necesario decir que la Unión Europea (Comisión y Consejo) creyó jugar al más astuto firmando unos acuerdos comerciales con Marruecos que no decían una sola palabra sobre el Sáhara Occidental… Contrariamente a los USA, que han precisado claramente en su tratado de libre comercio con Marruecos (firmado en 2004) que el Sáhara no formaba parte del mismo.
Porque esa es la legalidad internacional.
Qué sorpresa cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una denuncia interpuesta por el Frente Polisario, tras una primera sentencia seguida de un recurso de apelación del Consejo Europeo, finalmente decidió, el 21 de diciembre pasado, que el acuerdo comercial UE-Marruecos relativo a los productos agrícolas y pesqueros era válido puesto que… ¡no se aplica al Sáhara Occidental!.
Pero las cosas han cambiado de verdad a finales de enero de 2017, cuando el Comisario europeo responsable de la Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, contestó a una pregunta de los eurodiputados del Grupo de Los Verdes diciendo que la declaración conjunta sobre el intercambio comercial de energías renovables (firmada al margen de la COP22 entre Marruecos, Alemania, Francia, España y Portugal) «se aplicará con el debido respeto teniendo en cuenta el estatuto distinto e independiente del Sáhara Occidental según el derecho internacional». ¡Ay, ay! Esta vez la Comisión Europea no juega más con las palabras. Ya no es cuestión de la «potencia administradora de facto», fábula en la que la UE ha aparentado creer durante mucho tiempo, a pesar de que Marruecos jamás ha recibido mandato alguno para la administración del territorio saharaui, sin rendir cuentas a nadie, y mucho menos a la ONU…
Arrogancia aún, e incluso amenazas
Y los marroquíes se enojan… El comunicado del Ministro marroquí de Agricultura, Aziz Ajannouch, subraya que «la ausencia de un compromiso franco por parte de la UE impondrá a Marruecos una opción decisiva entre preservar un partenariado económico pacientemente tejido o deshacerse de él sin retorno para centrarse en la construcción de nuevas relaciones y circuitos comerciales»…
Con una alusión muy precisa a « Rusia, China, India, Japón, los países del Golfo, así como también nuestros vecinos africanos». Y para que se entendiera bien el mensaje, el ministerio advirtió que Europa se exponía a un « verdadero riesgo de reanudación de los flujos migratorios que Marruecos, gracias a un esfuerzo constante, ha logrado gestionar y contener»…
Más aún, una «fuente diplomática marroquí» afirmó al periódico “Le Havre libre” el 7 de febrero: «Con el pretexto de esta relación privilegiada, Europa actúa como si estuviéramos en su regazo o incluso como si fuéramos sus súbditos. Actúa con una visión moralizadora y se arroga el derecho de juzgar». Recordar el derecho internacional y tratar de aplicarlo es, según Marruecos, tener una visión moralizadora…
No es sólo la indignación escenificada, hay también las falsas pretensiones. Por lo tanto afirmar que Marruecos ha llevado a cabo «una política proactiva y altamente comprometida en el sector agrícola en beneficio de la estabilidad de las poblaciones y la seguridad alimentaria mediante una práctica reconocida a nivel continental» es una gran mentira en lo que concierne al Sáhara, puesto que los únicos cultivos que hay allí, los tomates y melones cultivados en invernaderos en la región de Dajla, hasta que se agote (¿cuándo?) la capa freática, se destinan exclusivamente a la exportación, principalmente a Francia (en donde se comercializan con las marcas Idyl y Azura).
Eso no es todo: la opción de la colonización
Este fin de enero ha sido también la ocasión para poner el foco en la justicia marroquí. Tras la audiencia celebrada el 26 de diciembre, en la que se aplazó el juicio de apelación de los 24 saharauis acusados del Grupo de Gdeim Izik, se celebró una segunda audiencia los días 23-24 y 25 de enero en el Tribunal de Apelación de Rabat-Salé, en Marruecos.
Los acusados son militantes saharauis partidarios de la autodeterminación, activistas pacíficos que habían participado en la construcción y animación de un vasto campo de jaimas en el que aproximadamente se reunieron unas 20.000 personas en octubre de 2010, a una decena de kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para protestar contra sus condiciones de vida social y económica y por el hecho de no poder ejercer su derecho a la autodeterminación.
Fue esa una prefiguración de las «Primaveras árabes» que comenzarían unas semanas más tarde. Pero después de haber discutido regularmente con los responsables de la organización del campo, las autoridades marroquíes decidieron desmantelarlo brutalmente en la mañana del 8 de noviembre de 2010, utilizando para ello cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de caucho. En el curso de los enfrentamientos, que se extendieron a la ciudad misma de El Aaiún, fueron matados 11 agentes de seguridad marroquíes.
24 activistas saharauis fueron detenidos, la víspera, el mismo día o en los días posteriores al desmantelamiento del campamento y llevados a 1.200 kilómetros de allí, a la prisión de Rabat-Salé, fuera del territorio ocupado en el que deberían ser encarcelados y juzgados según el derecho internacional humanitario (DIH), el derecho de guerra promulgado por los Convenios de Ginebra, suscritas por Marruecos. El DIH prohíbe desplazar a la población civil local fuera de las fronteras del territorio ocupado, como también prohíbe hacer emigrar habitantes de la potencia ocupante al territorio ocupado. Eso es lo que Marruecos ha hecho, por supuesto, sin molestarse, haciendo venir al Sáhara a un gran número de marroquíes pobres ofreciéndoles subvenciones y salarios netamente más altos que en el propio Marruecos.
Firmar los convenios internacionales, pero sobre todo no aplicarlos
Tal es la actitud general del Reino, ya se trate de las Convenciones de Ginebra o, tan grave o incluso más, de la Convención de la ONU Contra la Tortura. Los 24 acusados saharauis del Grupo de Gdeim Izik fueron juzgados en febrero de 2013 por un tribunal militar que los condenó a penas muy duras, desde 20 años de cárcel a cadena perpetua (salvo dos de ellos, que fueron puestos en libertad tras dos años de prisión preventiva). Pero esas condenas sólo han podido basarse, en todos los casos, exclusivamente en un único medio de prueba: las confesiones arrancadas mediante tortura, como alegaron los acusados, pero sin que se haya llevado a cabo investigación alguna sobre dichas alegaciones. Por lo demás, ni testigos, ni pruebas materiales, ni autopsia de los cuerpos de las víctimas, ni tan siquiera mención del nombre de éstas por el tribunal…
Sin embargo, uno de los acusados del Grupo, Naama Asfari, logró interponer una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, con sede en Ginebra (el CAT). Y esta denuncia no sólo fue admitida sino que además dio lugar a una decisión, el 12 de diciembre de 2016, que denuncia a Marruecos por torturar a Naama Asfari y por haber incumplido su obligación, como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura, de verificar las alegaciones del denunciante. Dado que todos los acusados han alegado haber sido torturados, puede comprenderse la magnitud de la acusación.
Entre tanto, el 27 de julio de 2016, Marruecos, preocupado por la denuncia en curso en Ginebra, anuló el juicio militar celebrado en febrero de 2013 –esto es, más de tres años después de los recursos de casación interpuestos por los abogados de la defensa- y remitió a los acusados al Tribunal de Apelación [civil] de Rabat, pero manteniéndolos en prisión a pesar de haber sido anulado su proceso y la motivación otorgada a la casación, a saber, la ausencia de pruebas… Hace más de seis años que estos acusados –cuya presunción de inocencia es totalmente pisoteada - se pudren en prisión lejos de sus familiares. ¡Y esto no ha terminado!.
¿Un juicio que pretende ser equitativo?
El juicio «de apelación» del Grupo de Gdeim Izik (26 de diciembre, 23-24 y 25 de enero, y pospuesto a una tercera audiencia el 13 de marzo de 2017) emite unas señales inquietantes. En primer lugar, la instrumentalización de las familias de las víctimas marroquíes de Gdeim Izik, que naturalmente tienen todo el derecho al reconocimiento de su duelo, de su sufrimiento, y a que se descubra la verdad sobre los asesinatos de sus hijos o hermanos, pero a quienes se les sugiere que los culpables están allí, en la persona de los acusados, a pesar de la ausencia de pruebas.
Por otra parte, es evidente la hostilidad hacia los abogados franceses designados por los detenidos a quienes se les prohíbe hacer su defensa en francés, mientras que en otros juicios celebrados en Marruecos se ha permitido a los abogados hablar en francés; como también son manifiestas las constantes interrupciones, por parte del presidente del Tribunal y del fiscal, al alegato del abogado defensor, Sr. Breham, solicitando la libertad de los detenidos; y asimismo, la negativa a escuchar las alusiones a la resolución del Comité Contra la Tortura o los argumentos basados en el derecho internacional humanitario. El presidente del Tribunal lo dijo muy claro: «¡Usted no tiene derecho a abogar el derecho internacional, no estamos en Naciones Unidas, estamos en Marruecos!»
Efectivamente, hay un problema…, porque la ley marroquí castiga a los marroquíes o a los que se presume como tales (o sea, los saharauis) que hablen del «Sáhara Occidental» porque es considerado como delito contra la «integridad territorial». Las únicas denominaciones autorizadas son «Sáhara marroquí» o «Provincias del Sur»…
Es necesario, por tanto, alertar sobre todas estas cuestiones detestables, pues el régimen marroquí dispone de medios que los saharauis –que tratan de luchar pacíficamente por sus derechos fundamentales- no tienen.
El Reino de Rabat goza de apoyos prácticamente incondicionales de la clase política, especialmente en Francia y también en España. Yo espero que este texto haya permitido al lector medir la gravedad de los comprometimientos que Marruecos ha despertado en Europa, con sus aires de «buen alumno del mundo árabe-musulmán». Pero su arrogancia es sin duda el signo de su debilidad intrínseca, mientras que el pueblo saharaui resiste admirablemente, en condiciones materiales muy duras, desde hace más de cuarenta años.
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