Fuente: Equipe Media
A primeros de este mes de octubre, más de 100.000 toneladas de fosfato saharaui habrán sido enviadas fuera del territorio ocupado. Los fosfatos se han extraído y vendido por el ocupante, Marruecos, en su propio beneficio. En septiembre, los barcos Ultra Dynamic y Ultra Crimson ya se habían llevado una cantidad similar de fosfatos saharauis. Un seguimiento de las informaciones internacionalmente disponibles así como controles visuales han permitido a Équipe Média establecer el siguiente balance:
El 3 de octubre de 2017, el barco Glovis Madrid, Imo 9610999, pabellón de Singapur, proveniente de Bremen llegó a El Aaiún. Su calado era entonces de 6,7 m y su máximo posible, de 12,85 m., su peso fijo, de 56.605 toneladas. Partió cargado de fosfato en la noche del 5 al 6 con dirección al canal de Suez donde se estima que llegará el 15 de octubre próximo. Su calado era entonces de 12,9 m.
Según las informaciones conseguidas por Équipe Média, su propietario es PST Management de Singapur, siendo Pacific International Lines de Singapur la encargada de la gestión.
La tarde del 4 de octubre, el Panagiotis (ex Maverick Gunner), Imo 9461063, pabellón de las Islas Marshall, proveniente de Hadera (Israel) llegó a la altura de El Aaiún con un calado de 7 m. Su peso fijo es de 80.717 toneladas. A su salida de El Aaiún, el 8 de octubre, cargado de fosfatos, su calado era de 11 m. Se dirige hacia South West, en Nueva Orleans, USA.
En 2002, el dictamen del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, Hans Corell, al Consejo de Seguridad de la ONU, ya avisaba que las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos.
En diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha recordado la realidad que parecía olvidada. Dictaminó en segunda instancia que el acuerdo de liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplicaba al territorio del Sahara Occidental por tratarse éste de un territorio no autónomo pendiente de autodeterminación, con un estatus separado y distinto, y en virtud del principio relativo de los tratados según el cual los acuerdos no pueden ni perjudicar ni beneficiar a un tercero sin su consentimiento.
Es decir, los considerandos de la sentencia afectan a cualquier acuerdo de compra de productos del Sahara Occidental que quiera vender Marruecos.
Únicamente el acuerdo con las autoridades saharauis, es decir, el Polisario, hace posible la exploración o explotación de estos recursos. Y eso significa que las empresas que explotan o utilizan los fosfatos pueden ser perseguidas ante los tribunales.
A primeros de este año, un barco cargado con 55.000 toneladas de mineral de fosfato proveniente del Sahara Occidental fue retenido por la justicia de Sudáfrica, tras ser advertida del carácter ilegal de su carga. El procedimiento fue admitido a trámite. OCP, la empresa estatal marroquí que explota y vende los fosfatos saharauis, decidió retirarse del proceso y no defender su carga, probablemente por la dificultad de encontrar argumentos que justificasen su pillaje.
En junio pasado, WSRW, el Observatorio Internacional de Recursos del Sahara Occidental, publicó un informe en el que se detallan los barcos que han cargado o transportado fosfato saharaui desde El Aaiún, entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de junio de 2017. En ese informe se pueden encontrar una estimación de las cantidades transportadas, así como las informaciones administrativas.
A la publicación de este artículo, el SBI Tango, Imo 9714707, pabellón de las Islas Marshall, peso muerto de 61.192 toneladas, está amarrado en el muelle de carga de fosfato de El Aaiún. Si carga también más de 50.000 toneladas, esto supondrá más de 150.000 toneladas de fosfato sacados del puerto de El Aaiún en una semana.
La gran vigilancia militar y policial del puerto de El Aaiún por Marruecos hace difícil el trabajo de los periodistas, que no están autorizados a acceder al puerto para sacar fotos o para investigar.
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