Llegará sin duda la hora de pedir
cuentas a los estados y a las organizaciones que tienen la
responsabilidad de que el sufrimiento del Pueblo Saharaui se haya
prolongando a día de hoy durante 37 años. Deberán pagar por los
civiles, niños, hombres y mujeres muertos durante la ocupación militar
de España y Marruecos, por los muertos y heridos durante el éxodo bajo
las bombas de NAPALM y fósforo blanco, o simplemente por la debilidad,
el hambre y la enfermedad, por todos y cada una de las personas que han
tenido que exiliarse perdiendo hasta la vida, todo excepto la dignidad;
deberán pagar por los cientos de personas detenidas, torturadas,
desaparecidas o encarceladas por el simple hecho de ser saharauis y
empeñarse en afirmarlo. Deberán pagar por cada una de las armas y de
las monedas prestadas al gobierno marroquí para hacer callar esa voz
que se agiganta a la la luz de los derechos humanos. Y entre todos los
culpables el lugar más destacado sin duda le corresponde a España: al
gobierno actual y a todos los que sucedieron al último gobierno de
Franco, pero también a los partidos políticos con responsabilidades de
gobierno y a las empresas que vienen haciendo negocio en esta situación
de ignominia.
El pueblo saharaui ha resistido
activamente contra todos los intentos de ocupación y colonización desde
que las potencias europeas empezaron a mostrar su interés por controlar
los recursos africanos. Rechazados ingleses y portugueses, los
españoles, tras largos años de lucha, consiguieron establecerse en el
territorio del Sáhara Occidental a principios del siglo pasado creando
las que denominaron posesiones de Saguía el Hamra y Rio de Oro y
permaneciendo en el mismo mediante una ocupación de corte militar
clásico hasta 1975, fecha en la que, acosados por la resistencia
saharaui, decidieron dejar “sus posesiones” – para entonces con el
nombre de provincia del Sahara Español, en manos de Marruecos y
Mauritania, vecinos que, en la geopolítica del momento garantizaban no
solo para España sino para el conjunto de Occidente, el control de un
territorio rico en recursos naturales –pesca, fosfatos,
hidrocarburos...- y, sobre todo de gran valor geoestratégico para el
bloque occidental y su brazo armado, la OTAN.
Dos
años antes de aquel vergonzoso abandono, perpetrado en contra de las
leyes internas e internacionales y contradiciendo todas las
declaraciones oficiales realizadas ante los organismos internacionales
como la ONU y ante el propio pueblo saharaui, en el sentido de que el
gobierno español garantizaría la celebración de un referendum de
autodeterminación, un grupo de jóvenes habían conseguido reunir en
torno a sí al conjunto de las fuerzas sociales saharauis para fundar el
Frente Popular de Liberación de la Saguía el Hamra y el Río de Oro (F.
PO.LI.SA.RIO) y, habían decidido emprender una guerra de liberación
contra la potencia ocupante (el Estado Español) a la vista de que los
intentos de negociación y protesta pacíficos iniciados anteriormente
habían acabado en masacres de la población civil (1970) y en el
endurecimiento de las condiciones represivas fijadas por Madrid y
ejecutadas por el ejército y la legión.
El 20 de Mayo de 1973, la primera
acción del Ejército Popular de Liberación Saharaui, significó para el
mundo entero -a pesar de los intentos de ocultar la realidad por parte
de las autoridades españolas – el estallido de un conflicto al que ya
nadie podría dar la espalda. El pueblo saharaui, como decía su líder
más significado, Luali Mustafa Sayed, había demostrado que existía como
tal y que estaba dispuesto a alcanzar su autogobierno por encima de la
voluntad y los intereses de las potencias occidentales. A la ONU no le
quedó otro remedio que reconocer al Frente POLISARIO como único
representante legítimo del Pueblo Saharaui y, en tanto que movimiento
de liberación nacional contra el colonialismo, con derecho a utilizar
la violencia armada para conseguir sus fines. La comunidad
internacional, por tanto, estaría obligada a prestar ayuda al F
POLISARIO en todos los niveles, incluido el asesoramiento y ayuda
militar. Una gran parte de los países africanos, encabezados por
Argelia, así como muchos de los no alineados y pequeños estados del
pacífico y Oceanía, así lo asumieron, más o menos desde el inicio,
reconociendo los actos del POLISARIO, como la proclamación de
independencia y/o acogiendo y ayudando en diversos aspectos la lucha
del F. POLISARIO.
Pero, ni los organismos
internacionales, como la ONU, pegados a los intereses económicos y
geopolíticos de los poderosos de la tierra, ni, sobre todo, las
potencias occidentales y, en primer lugar, España, han podido perdonar
que lo que siempre habían considerado un conglomerado de tribus nómadas
sin organización ni capacidad, tuvieran la osadía de enfrentarse
¡incluso con las armas! a sus designios y reclamar lo que en derecho y
justicia les correspondía.
La última resolución del Consejo de Seguridad - S/1920 (2010) - en la que la ONU, en contra de sus propios principios y resoluciones pretende alargar el statu quo de la ocupación, el exilio, la represión y el expolio del Pueblo Saharaui, bajo la vigilancia de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental) sin avanzar un ápice en la vigilancia de los Derechos Humanos ni en la realización del referéndum de autodeterminación no es más que un reflejo del sometimiento de las instituciones internacionales a los intereses más oscuros de los estados y las corporaciones más poderosas. El que la propuesta de resolución, que inicialmente no contenía los mínimos suficientes para que países como Austria, Nigeria o México vieran como aceptable en términos del derecho internacional haya sido obra, entre otros, de España, no solo es una vergüenza para la ciudadanía del estado, sino una ofensa para quienes, dentro y fuera del estado compartimos la causa de los derechos de las personas y los pueblos.
Pero, sobre todo, la resolución del
Consejo de Seguridad, apunta peligrosamente a la idea de que el pueblo
saharaui puede ser sometido bajo el peso del poder militar y económico
de los grandes aliados de la dictadura marroquí. La misma arrogancia
que en su día provocó el inicio de la lucha armada del Frente
POLISARIO, parece haber recuperado posiciones en los salones de los
reinos de España y Marruecos y entre sus más fieles aliados. Pero, si
la apuesta decidida y sincera del Frente Polisario desde 1990 a favor
de la negociación y de la solución pacífica del conflicto se ve
truncada, como en 1970 lo fue en el caso de Basiri, el riesgo de que un
grupo de jóvenes saharauis retome el camino de las armas no será solo
una eventualidad terrible sino, sobre todo, una opción legítima y legal
cuya responsabilidad solo corresponde a quienes en este país y en las
organizaciones internacionales tienen capacidad para tomar decisiones.
Por Jesús Garay
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