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Los legisladores señalaron el miércoles que el acuerdo de pesca bilateral, que expira en marzo de 2011, no debe ser renovado si incluye caladeros del Sáhara Occidental, como sucede en la actualidad. Los europarlamentarios insisten en que debe existir un vínculo entre la pesca y el respeto a los derechos humanos.
Añaden que el acuerdo pesquero no está beneficiando al pueblo saharaui, pese a que las embarcaciones comunitarias faenan en las costas de su territorio ocupado por Marruecos desde 1975.
Añaden que el acuerdo pesquero no está beneficiando al pueblo saharaui, pese a que las embarcaciones comunitarias faenan en las costas de su territorio ocupado por Marruecos desde 1975.
Asimismo, el grupo presentó un documental sobre el uso de pescado extraído en las aguas del Sáhara Occidental por parte de buques suecos para producir aceites industriales en Noruega y Suecia, aprovechando el acuerdo suscripto y sin que beneficie a las poblaciones locales.
En el marco del actual convenio pesquero, 119 barcos europeos están autorizados a pescar en aguas marroquíes, de los cuales alrededor de 100 son embarcaciones de bandera española.
Como contrapartida, la Unión Europea le paga a Marruecos anualmente unos 36,1 millones de euros en concepto de contraprestación.
El Parlamento Europeo denunció en febrero pasado, a través de sus servicios de asesoría jurídica, que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, viola la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui.
En el marco del actual convenio pesquero, 119 barcos europeos están autorizados a pescar en aguas marroquíes, de los cuales alrededor de 100 son embarcaciones de bandera española.
Como contrapartida, la Unión Europea le paga a Marruecos anualmente unos 36,1 millones de euros en concepto de contraprestación.
El Parlamento Europeo denunció en febrero pasado, a través de sus servicios de asesoría jurídica, que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, viola la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui.
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