El anuncio de Rabat de revisar la colaboración con España en todos los ámbitos ha sido el último capítulo de una relación de tira y afloja entre ambos países. Los dos sucesos que han agitado la relación bilateral durante este año han sido la situación del Sahara Occidental y Ceuta y Melilla. La primera crisis entre España y el reino alauí tuvo lugar a mediados de julio y comienzos de agosto, cuando el Gobierno de Rabat divulgó varios comunicados de queja por supuestos actos de maltrato de la policía española contra ciudadanos marroquíes en la frontera con Melilla. Estas protestas motivaron la radicalización de colectivos sociales del país vecino que llegaron a bloquear el acceso de camiones con productos perecederes procedentes de España.
Las críticas contra la gestión benevolente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se hicieron esperar. La oposición y el Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla arremetieron contra la incapacidad autoritaria del Ejecutivo. "El Gobierno no ha sido capaz de poner en su sitio desde el primer minuto" a Marruecos, remachó el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
La intervención del Rey ante Mohamed VI el 11 de agosto, el posterior viaje del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rabat y la reunión que el monarca alauí mantuvo con el jefe del Gobierno el 20 de septiembre en Nueva York aliviaron la tensión con mensajes de buena voluntad.
España siguió 'sin mojarse'
Sin embargo, nada era lo que parecía y no era cordialidad todo lo que relucía. La segunda crisis que hizo tambalear las relaciones bilaterales estalló en octubre. Cientos de saharauis decidieron levantar un campamento en Gdaim Izika, a las afueras de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, para reivindicar mejores condiciones de vida, en la mayor protesta civil desde la retirada de España del territorio en 1975. Dos semanas después del inicio de esta protesta el Gobierno de Rabat decidió desalojar el campamento, cuando ya había concentradas en el recinto más de 20.000 personas. Durante el desalojo un joven de 14 años falleció a consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad marroquíes. Este incidente hizo reavivar la tensión entre la población saharaui y el Gobierno de Marruecos. A partir de entonces la población de El Aaiún se reveló y decidió salir a la calle para protestar por una situación insostenible, que dura ya 35 años, desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental. El miedo se instaló en las calles. El silencio informativo impedía contabilizar el número de víctimas mortales. La prensa española fue desacreditada por las autoridades marroquíes. Y la verdad se sumó a lista de las víctimas de este conflicto. Fue la primera crisis a la que se enfrentó Trinidad Jiménez como ministra de Asuntos Exteriores. Se habló de irresponsabilidad o incapacidad cuando su predecesor en el cargo, Miguel Ángel Moratinos, se reunió con el ministro marroquí de Exteriores, Taib Fasi Fihri para tratar el incidente. La tibia respuesta del Gobierno ante la violación sistemática por parte de Marruecos del derecho fundamental de la libertad de expresión y el veto al que fueron sometidos los medios españoles y los observadores desataron la indignación de los partidos de la oposición, incluidos sectores socialistas, y los colectivos pro saharauis. Este malestar llevó al Congreso a aprobar el pasado 2 de diciembre una moción de condena de los "actos violentos" de El Aaiún, apoyada por todos los grupos, también el PSOE, que provocó el escozor de Marruecos y el aviso ese mismo día de revisar la relación con España. En todas sus declaraciones el Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de cuidar las relaciones con el reino alauí. Zapatero ha insistido en que la posición de su Ejecutivo es la "responsable". "Defender los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante", aseguró el presidente.
Acuerdo que no zanja el conflicto
Marruecos parece haberse sosegado con la firma antes de fin de año del nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que los agricultores de varias regiones españolas ven pernicioso para sus intereses.
A pesar de que ambos Gobiernos hayan dado por zanjada esta crisis, la muerte de un joven saharaui el pasado 23 de diciembre tras recibir un disparo de un policía marroquí vuelve a enturbiar las aguas que azotan desde hace más de tres décadas a una población sometida por Marruecos y olvidada por la comunidad internacional.
Raquel Céspedes/Agencias
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