A
principios del mes de diciembre de 2010 pudimos leer, ver y escuchar,
en todos los medios de comunicación de este país, que un grupo de
activistas pro saharauis entre los que se encontraba el actor Willy
Toledo, eran expulsados de la tribuna de invitados del Congreso de los
Diputados por lanzar gritos a favor de la libertad del Sahara
Occidental, el incidente tuvo lugar el mismo día que se debatía una
moción para condenar la violencia en el desalojo del campamento saharaui
en El Aaiún “Gdeim Izik”; aunque para conseguir la aprobación de la
Cámara, hubo que omitir (a petición del PSOE) la condena expresa a
Marruecos por la forma en la que se produjo, algo que hemos podido
constatar gracias a las imágenes y testimonios, que a riesgo de sus
vidas en muchos casos, se grabaron y difundieron desde el mismo epicentro de la agresión.
Hay
que recordar que el territorio del Sahara Occidental está ocupado
ilegal y militarmente por Marruecos desde finales de 1975, momento en el
que España culmino la traición más cruel
y vergonzosa de toda su historia; la entrega del territorio y sus
habitantes a Marruecos y Mauritania. Desoyendo, claro está, todas sus
responsabilidades y compromisos internacionales como
potencia administradora de un territorio no autónomo, el único que
perdura en el continente africano y que sigue esperando ese momento de
libertad que la doctrina de la ONU le reconoce; decidir de forma libre y
sin intromisiones su futuro, a través de un referéndum de
autodeterminación que incluya la opción de independencia.
Pero
no es la única ocasión en la que nuestros gobernantes anteponen los
intereses económicos ó de real politic, a los genuinos valores
democráticos de respeto y justicia que deberían exigirse en cualquier
relación, local ó internacional.
El
pasado mes de febrero, el presidente del Congreso de los Diputados,
José Bono, (el mismo que envió a la Brigada de Información de la Policía
a los activistas que reclamaban justicia para el Pueblo Saharaui) acepto
una invitación que había sido cursada meses antes por el presidente de
la ex colonia española (Guinea Ecuatorial) Teodoro Obiang Nguema y que fue recomendada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido actualmente por Trinidad Jiménez.
La delegación española estuvo formada por representantes de otros partidos políticos en el Parlamento, como Gustavo de Aristegui del PP ó Josep Antoni Dura i Lleida de CIU, entre otros.
Todo entraría dentro de los protocolos que habitualmente se realizan para alcanzar acuerdos económicos, políticos o sociales entre dos países, si
no fuera porque el actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro
Obiang Nguema, accedió al poder hace 32 años después de ejecutar al
anterior presidente, Francisco Macias (curiosamente tío suyo) y que
desde entonces ha construido una estructura de saqueos, corrupción,
asesinatos..., que llegan a extremos difícilmente comprensibles, con un
único objetivo, amasar una fortuna que lo sitúa entre los hombres más
ricos del planeta, condenando a su población a la más absoluta pobreza y
desamparo social.
Guinea
Ecuatorial dispone de una de las mayores reservas petrolíferas del
planeta, explotadas por empresas extranjeras que reportan al país miles
de millones de euros, pero todo, absolutamente todo, es ingresado en las
cuentas de la familia Obiang y allegados.
A pesar de la riqueza de su país, los guineanos no disponen de servicios sanitarios, de educación, seguridad o justicia.
La
política de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos cometidos
contra la población, han significado la desaparición del 10% de los
guineanos. El último informe de Amnistía Internacional referido a los
derechos humanos en Guinea Ecuatorial, hacen encoger el corazón al
comprobar la crueldad con la que se trata a personas inocentes.
Su Renta per Cápita la sitúa en el número 38 del ranking mundial (por encima de Kuwait o Arabia Saudita) pero ocupa el puesto 121 en el índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Ocupa el puesto 151 de 163 en corrupción según
Transparecy International. La esperanza de vida es de solo 49,9 años
según Amnistía Internacional. El 98% de la renta nacional está en manos
de la clase gobernante. El 80% de la población vive con menos de 20 € al
mes.
En
las pasadas elecciones Teodoro Obiang Nguema fue el ganador con el
95,4% de los votos. Eso sí, los 13 partidos políticos autorizados
estaban formados por miembros de su propio gobierno.
Y la lista de violaciones a la Carta de los Derechos Humanos es interminable en la ex colonia española.
Todo
lo anterior, hace que la visita del Presidente del Congreso, José Bono y
el resto de representantes políticos de un país democrático como el
nuestro, sea más despreciable si cabe, porque detrás de los posibles
acuerdos y negocios conseguidos, habrán contribuido, sin ninguna duda,
al sufrimiento de muchos inocentes, al igual que vienen haciendo en el
conflicto del Sahara Occidental.
Alguien
dijo que “los países desarrollados practican la democracia en sus
territorios y el fascismo fuera de ellos”, este podría ser un buen
ejemplo.
En
un momento como el actual, en el que las poblaciones oprimidas se están
levantando en contra de los tiranos, dictadores, teócratas o
autócratas, esa sociedad avanzada denominada Comunidad Internacional,
sigue sin dar una sola muestras de que la sangre derramada por inocentes
haya servido para algo, ya que Teodoro Obiang
Nguema es el actual presidente de turno de la Unión Africana (UA) , José
Bono el actual presidente del Congreso de los Diputados de España y
según algunos miembros del PSOE, posible candidato a la sucesión de ZP
(desde luego el perfil en materia de política exterior lo da con
creces).
En cambio, un grupo de jóvenes cooperantes, pacifistas, solidarios, que luchan por algo tan necesario como
es la libertad y la justicia en estos tiempos, están a la espera de
juicio por alteración grave del orden en el Congreso de los Diputados,
el motivo, haber levantado la voz en el mismo lugar donde hace 35 años
se consumó una traición, una traición que se
cometió en silencio por el ultimo gobierno franquista, pero que ninguno
de los sucesivos gobiernos democráticos han sabido/querido resolver y
que condeno al Pueblo Saharaui al dolor, el
exilio, el hambre, la cárcel, la tortura y la muerte. El otro pecado de
estos jóvenes fue el haber recordado a algunos de nuestros políticos,
disfrazados de demócratas, que el Pueblo Saharaui sigue esperando,
paciente y pacíficamente a que se les devuelva algo que nunca debieron
perder, la opción de decidir libremente su futuro. Paradojas.
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