La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional destaca en el documento que "las fuerzas de seguridad desalojaron por la fuerza a miles de saharauis de un campamento de protesta en medio de enfrentamientos en los que se produjeron muertos y heridos".
Además, recuerda que "siguieron llevándose a cabo detenciones y expulsiones colectivas de ciudadanos extranjeros", y añade que aunque fueron impuestas condenas de muerte, no hubo ninguna ejecución.
Respecto a la situación en los territorios del Sahara Occidental bajo el control de Rabat, AI señala que tras el desalojo forzoso de los miles de ocupantes del campamento montado en octubre en Gdim Izik, a pocos kilómetros de El Aaiún, la intervención de las fuerzas de seguridad "provocó un estallido de violencia intercomunal".
En dichos sucesos, según el recuento de AI, "murieron 13 personas, incluidos 11 miembros de las fuerzas de seguridad".
"Las autoridades detuvieron a unas 200 personas, muchas de las cuales afirmaban haber sufrido torturas u otros malos tratos durante su detención. Al menos 145 estaban a la espera de ser juzgadas por alteración del orden público, incluidos 20 civiles cuyos casos se remitieron al Tribunal Militar de la capital, Rabat", agrega AI.
Amnistía Internacional denuncia que fueron impuestas sanciones a "defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por comentar cuestiones que las autoridades consideraban políticamente delicadas, como la monarquía, y por criticar a autoridades o instituciones publicas".
Entre otros episodios atentatorios contra la libertad de expresión recuerda que "el Ministerio de Comunicaciones cerró la corresponsalía de Al Yazira en Rabat tras acusar a la cadena de dañar la imagen de Marruecos y sus intereses superiores, sobre todo su integridad territorial, en referencia al Sahara Occidental".
La organización defensora de los derechos humanos critica las restricciones "al ejercicio pacífico de la libertad de expresión, asociación y reunión a los saharauis que propugnaban la autodeterminación del Sahara Occidental.
Además reitera en sus denuncias que "los defensores de los derechos humanos y los activistas saharauis eran objeto de hostigamiento, vigilancia de agentes de seguridad y procesamientos por motivos políticos", mientras "las organizaciones saharauis de derechos humanos siguieron sin poder obtener autorización oficial".
La organización afirma que "siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, infligidos sobre todo por la Dirección de Vigilancia del Territorio y, en algunos casos, la Brigada Nacional de la Policía Judicial, al parecer, casi siempre con impunidad".
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