Duro informe del europarlamentario José Bové sobre los efectos económicos, sociales y ambientales de un acuerdo beneficioso para la fortuna de Mohamed VI. La derogación del acuerdo pesquero se basó en la defensa de los derechos de la población saharaui.
El acuerdo prevé un aumento en las concesiones de hortalizas marroquíes, que ya constituyen el 80% de las importaciones de la UE (según datos del Parlamento Europeo). Lejos de repercutir en el pueblo saharaui, el principal beneficiario de este acuerdo comercial es el propio rey de Marruecos Mohamed VI, según noticias publicadas por el periódico británicoThe Telegraph y el francés Tel Quel.
La fortuna de Mohamed VI
Mohamed VI tiene una posición dominante en todos los sectores del país: inmobiliario, minero, industrial, agropecuario, turístico, las telecomunicaciones y el sector financiero. En 2002, la revista Forbes estimaba en 573 millones de euros la fortuna de la familia real. En 2009 ya se cifraba en 1.757 millones. Según El Economista, en 2010, en plena crisis, sus empresas triplicaron beneficios. El dictador tiene en propiedad al menos 12.000 hectáreas en las zonas más fértiles, gestionadas a través del grupo Siger. Este holding es a su vez propietario de Dominios Agrícolas, que junto con Soprofel y Azura son las tres empresas que más se han beneficiado de los acuerdos comerciales con la UE, según el informe presentado por José Bové. El eurodiputado, ligado al movimiento alterglobalización, fue el ponente de la Comisión de Comercio Internacional. El 26 de Enero, esta Comisión rechazó su informe contrario al acuerdo comercial. Sin embargo el pasado Julio, la Comisión de Agricultura siguió las recomendaciones de su ponente, el europarlamentario Lorenzo Fontana, y rechazó firmar el tratado con Marruecos.
El Informe Bové
En su informe, se toma en consideración los hechos de la Primavera Árabe y se observa “que los acuerdos de liberalización establecidos hasta la fecha no han logrado los objetivos planteados” (establecer una zona de paz, seguridad y prosperidad) y se pregunta “por la pertinencia de seguir una política que favorece los intereses económicos de actores influyentessin evaluar el impacto social en las poblaciones afectadas y los daños ambientales causados”.
La falta de derechos sindicales en Marruecos o el trabajo infantil son señalados como obstáculos para la firma. Así como las consecuencias medioambientales, entre las que destaca el despilfarro de agua. Para producir un tomate en Marruecos se necesitan cien litros de agua, frente a los diez de Francia. En el Sáhara Occidental, la extracción de agua de los acuíferos costeros está poniendo en peligro el abastecimiento de la población. Bové señala también incumplimientos del sistema de pagos en las aduanas. Como explica a DIAGONAL Andrés Góngora, del sindicato agrario COAG: “Por ejemplo, un camión puede llevar 26 toneladas de tomates y declarar 20. Así dejan de pagar aranceles aduaneros al Estado español. Cuando las inspecciones se ponen serias, ingresan la mercancía por puertos de otro país”. Bové visitó Madrid el 7 de febrero invitado por COAG, organización que se está movilizando contra el acuerdo con Marruecos. A finales de Enero visitarón Bruselas "para hacer lobby a los eurodiputados" dice Góngora. Las comisiones de Agricultura, Derechos Humanos y Medio Ambiente del parlamento europeo se posicionan contra el acuerdo. Pero los tres grupos mayoritarios de la eurocamara; populares, socialistas y liberales, en principio, están a favor. Todos los eurodiputados elegidos por el Estado Español se oponen al acuerdo agrario, pero mayoritariamente están a favor del acuerdo pesquero.
Rechazo del Acuerdo Pesquero con Marruecos
El 14 de diciembre, el Parlamento Europeo rechazó prorrogar el acuerdo pesquero con Marruecos. La decisión del Parlamento Europeo se basó, sorprendentemente, en el uso de las aguas territoriales del Sáhara Occidental, sobre las cuales Marruecos no tiene jurisdicción según la ONU. Pero hubo otras razones de mayor peso. “Asistimos a un enfrentamiento interinstitucional”, declara a DIAGONAL Willy Meyer, eurodiputado de IU y defensor de la causa del pueblo saharaui. Ese día muchos europarlamentarios se sintieron ninguneados por la Comisión Europea, que sometió a votación la prórroga por un año en vez de renegociar el acuerdo de forma que las comisiones tuvieran voz y voto. Este malestar encontró una excusa en el incumplimiento del artículo 2 del tratado de pesca que obligaba a Marruecos a aportar pruebas de que la población saharaui se beneficiaba del acuerdo. Durante los cuatro años de vigencia, Marruecos no presentó ningún informe.
El pasado 3 de Febrero, la comisión europea autorizó a la Comisaria de Pesca, Maria Damanaki, a retomar los contactos con Marruecos para un nuevo acuerdo pesquero. El texto evita cualquier referencia al Sáhara Occidental tal y como proponían los estados Español y Francés. Sin embargo para iniciar los contactos, la comisaria, también necesita del visto bueno del Parlamento Europeo.
Por otra parte, Dinamarca, que ejerce la presidencia de turno de la UE, ha advertido a través de su ministra de Agricultura y Pesca, Mette Gjerskov, que la firma del nuevo tratado de pesca será “un largo proceso que tomará su tiempo”. Porque “el nuevo acuerdo pesquero abordará cuestiones tanto de derechos humanos como de sostenibilidad”. En los países del norte de Europa parece existir una mayor sensibilidad con la situación del Sáhara. En 2010, un escándalo costó el puesto al presidente de la patronal noruega y provocó la caída del ministro de Economía Sigbjørn Johnsen, cuando se comprobó la importación de mercancías procedentes del Sáhara Occidental etiquetadas como marroquíes.
En vísperas de la votación del acuerdo comercial agrario con Marruecos cabe preguntarse si la Comunidad Europea hará de la costa sur del Mediterráneo su patio trasero ignorando los derechos humanos y reproduciendo parte del modelo de EEUU en América Latina.
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