Tras su visita relámpago, Rajoy calificó a Marruecos de «amigo» de España. Pese a que el Sahara continúa siendo el principal escollo en las relaciones entre los dos países, junto con las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, durante el encuentro ambos mandatarios olvidaron todo tipo de contencioso. Los territorios de España en la costa africana son objeto de cíclicas reivindicaciones por Marruecos que afectan negativamente a las relaciones bilaterales hispano-marroquíes, según advierte el Real Instituto Elcano en el informe “Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez y Alhucemas: tomar la iniciativa”.
Pero las relaciones comerciales mandan y Rajoy regresó con el objetivo de elaborar una agenda bilateral alejada de los conflictos.
“Las grandes potencias no han intervenido en el Sáhara Occidental porque no hay guerra. La solución del conflicto saharaui depende de las decisiones de los grandes países”, señala, Alexandra Kapitanskaya, investigadora y experta en resolución de conflictos de la School of International Service at American University en Washington al mensual Afrique Asia. Al ser informada del éxito de la 37ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (Eucoco), celebrada en Sevilla, fue cuando Kapitanskaya desveló que el Gobierno marroquí entrega cuatro millones de dólares anuales a 15 grupos de presión, localizados en Washington y Nueva York, para apoyar sus posiciones con la toma de decisiones. “Los Estados Unidos tienen buenas relaciones con Marruecos, donde tienen importantes intereses. Marruecos realiza importantes esfuerzos para convencer a los responsables políticos de que su posición es la mejor”, subraya esta investigadora. Quizá algún día podamos enterarnos cuánto y quiénes cobran en España por hacer esta labor.
Hasta el próximo pleno del Parlamento Europeo, que se celebrará el 15 de febrero, el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que ya recibió el visto bueno de los Estados miembros, continuará pendiente de la aprobación. Organizaciones de apoyo a la causa saharaui y eurodiputados españoles expresaron en diciembre pasado su satisfacción por el veto de la Eurocámara a la prórroga del controvertido acuerdo pesquero. El acuerdo ofrece 119 licencias a los buques europeos, 100 de ellas a la flota española. A cambio, la UE debe pagar al año 36,1 millones de euros al país magrebí, de los cuales 13,5 millones se destinan a desarrollar su industria pesquera. Otros contenciosos como el agrícola –la Unión Europea compra los tomates marroquíes más baratos que los españoles- siguen abiertos.
Pero las relaciones comerciales mandan y Rajoy regresó con el objetivo de elaborar una agenda bilateral alejada de los conflictos.
“Las grandes potencias no han intervenido en el Sáhara Occidental porque no hay guerra. La solución del conflicto saharaui depende de las decisiones de los grandes países”, señala, Alexandra Kapitanskaya, investigadora y experta en resolución de conflictos de la School of International Service at American University en Washington al mensual Afrique Asia. Al ser informada del éxito de la 37ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (Eucoco), celebrada en Sevilla, fue cuando Kapitanskaya desveló que el Gobierno marroquí entrega cuatro millones de dólares anuales a 15 grupos de presión, localizados en Washington y Nueva York, para apoyar sus posiciones con la toma de decisiones. “Los Estados Unidos tienen buenas relaciones con Marruecos, donde tienen importantes intereses. Marruecos realiza importantes esfuerzos para convencer a los responsables políticos de que su posición es la mejor”, subraya esta investigadora. Quizá algún día podamos enterarnos cuánto y quiénes cobran en España por hacer esta labor.
Hasta el próximo pleno del Parlamento Europeo, que se celebrará el 15 de febrero, el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que ya recibió el visto bueno de los Estados miembros, continuará pendiente de la aprobación. Organizaciones de apoyo a la causa saharaui y eurodiputados españoles expresaron en diciembre pasado su satisfacción por el veto de la Eurocámara a la prórroga del controvertido acuerdo pesquero. El acuerdo ofrece 119 licencias a los buques europeos, 100 de ellas a la flota española. A cambio, la UE debe pagar al año 36,1 millones de euros al país magrebí, de los cuales 13,5 millones se destinan a desarrollar su industria pesquera. Otros contenciosos como el agrícola –la Unión Europea compra los tomates marroquíes más baratos que los españoles- siguen abiertos.
Fuente: lacelosia.com
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