COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN SAHARAUI EN ESPAÑA
Es la hora de nuestra satisfacción pero no podemos vivirla de una manera plena. La decisión adoptada por el Parlamento de Estrasburgo en diciembre pasado por la que se rechaza la renovación del acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos y que pone fin al convenio ilegal e injusto en el que se incluían las aguas del Sahara Occidental, territorio ocupado y controlado ilegal e injustamente por el Reino marroquí, dentro del ámbito jurisdiccional del mismo, constituye un triunfo de la legitimidad y de la justicia frente a la prepotencia y la violación de los derechos. Pero también, es cierto que las consecuencias de esa decisión y de la irresponsable finalización anticipada del mismo por parte de las autoridades marroquíes han afectado también a cientos de familias españolas, cuyos recursos se basaban en la explotación ilegítima de estos recursos. Y somos nosotros, los Saharauis, quienes venimos soportando el exilio y unas difíciles condiciones de vida en el desierto quienes mejor sabemos de lo que suponen las carencias y la falta de recursos que nos han afectado por años y años.
Por ello, no podemos menos de mostrar nuestro pesar y nuestra solidaridad con sus dificultades aunque sin dejar de recordar que la situación a la que se ha puesto fin ha supuesto el robo permanente de los recursos del Pueblo Saharaui, cuyos beneficios a partir de ese acuerdo han sido constatadamente nulos.
Nosotros sabemos de solidaridad, la sentimos a nuestro derredor de forma constante, y sabremos compartir la fortuna y las riquezas que la naturaleza nos dé en un añorado futuro libre; pero lo haremos de mejor grado con quienes se afanan por sus derechos defendiendo también los nuestros y no con aquellos otros que afirman sus privilegios atropellando los de los demás cuando no haciéndose cómplices de la rapiña y el robo, como en este caso. Los Saharauis, somos plenamente conscientes de la dificultad del momento, y la vivimos como si la sufrieran nuestras propias familias: conociendo en nuestra propia carne, como la conocemos en nuestras familias refugiadas desde hace mas de 30 años, expulsadas de su tierra y de sus costas, todas las dificultades del vivir incierto, en total dependencia de unas siempre escasas ayudas internacionales.
El nuevo escenario abre la puerta a una nueva negociación, respetuosa con el Pueblo Saharaui y con la legalidad internacional.
La ratificación del acuerdo anterior hubiera supuesto el reconocimiento totalmente injustificado de una estrategia política concebida por Marruecos, que no buscaba rentabilidad social o económica en beneficio de la sociedad ni siquiera, en primer término, el lucro de sus negociadores, ya que sólo habría servido de excusa, para intentar legitimar y dar carta de naturaleza a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. En base al reconocimiento de la competencia para negociar la explotación de unos recursos que no eran suyos, vulnerando la legalidad internacional y el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia se abría la posibilidad de dar apariencia legal a una ocupación militar.
Marruecos no ha sido nunca reconocido por la ONU como potencia administradora del Sahara Occidental, cuyo territorio ocupa y controla mediante el uso de la fuerza y la violencia contra la población civil saharaui. Las recomendaciones internacionales señalan que, con independencia de la base jurídica que sustente la presencia de Marruecos en ese territorio, el territorio debe de ser administrado teniendo en cuenta los intereses del pueblo saharaui y sus recursos utilizados en su beneficio.
Y, en este sentido, lo que sería deseable es que el pueblo del Sahara Occidental, y en su nombre su legítimo representante el Frente POLISARIO, participase en una negociación que afecta al uso de sus riquezas naturales, hasta el momento en el que, con la realización del referéndum de autodeterminación, sus ciudadanos y ciudadanas, libremente, pudieran decidir por sí mismos como gobernar su territorio en el futuro.
Es la hora de nuestra satisfacción pero no podemos vivirla de una manera plena. La decisión adoptada por el Parlamento de Estrasburgo en diciembre pasado por la que se rechaza la renovación del acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos y que pone fin al convenio ilegal e injusto en el que se incluían las aguas del Sahara Occidental, territorio ocupado y controlado ilegal e injustamente por el Reino marroquí, dentro del ámbito jurisdiccional del mismo, constituye un triunfo de la legitimidad y de la justicia frente a la prepotencia y la violación de los derechos. Pero también, es cierto que las consecuencias de esa decisión y de la irresponsable finalización anticipada del mismo por parte de las autoridades marroquíes han afectado también a cientos de familias españolas, cuyos recursos se basaban en la explotación ilegítima de estos recursos. Y somos nosotros, los Saharauis, quienes venimos soportando el exilio y unas difíciles condiciones de vida en el desierto quienes mejor sabemos de lo que suponen las carencias y la falta de recursos que nos han afectado por años y años. Por ello, no podemos menos de mostrar nuestro pesar y nuestra solidaridad con sus dificultades aunque sin dejar de recordar que la situación a la que se ha puesto fin ha supuesto el robo permanente de los recursos del Pueblo Saharaui, cuyos beneficios a partir de ese acuerdo han sido constatadamente nulos.
Nosotros sabemos de solidaridad, la sentimos a nuestro derredor de forma constante, y sabremos compartir la fortuna y las riquezas que la naturaleza nos dé en un añorado futuro libre; pero lo haremos de mejor grado con quienes se afanan por sus derechos defendiendo también los nuestros y no con aquellos otros que afirman sus privilegios atropellando los de los demás cuando no haciéndose cómplices de la rapiña y el robo, como en este caso. Los Saharauis, somos plenamente conscientes de la dificultad del momento, y la vivimos como si la sufrieran nuestras propias familias: conociendo en nuestra propia carne, como la conocemos en nuestras familias refugiadas desde hace mas de 30 años, expulsadas de su tierra y de sus costas, todas las dificultades del vivir incierto, en total dependencia de unas siempre escasas ayudas internacionales.
El nuevo escenario abre la puerta a una nueva negociación, respetuosa con el Pueblo Saharaui y con la legalidad internacional.
La ratificación del acuerdo anterior hubiera supuesto el reconocimiento totalmente injustificado de una estrategia política concebida por Marruecos, que no buscaba rentabilidad social o económica en beneficio de la sociedad ni siquiera, en primer término, el lucro de sus negociadores, ya que sólo habría servido de excusa, para intentar legitimar y dar carta de naturaleza a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. En base al reconocimiento de la competencia para negociar la explotación de unos recursos que no eran suyos, vulnerando la legalidad internacional y el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia se abría la posibilidad de dar apariencia legal a una ocupación militar.
Marruecos no ha sido nunca reconocido por la ONU como potencia administradora del Sahara Occidental, cuyo territorio ocupa y controla mediante el uso de la fuerza y la violencia contra la población civil saharaui. Las recomendaciones internacionales señalan que, con independencia de la base jurídica que sustente la presencia de Marruecos en ese territorio, el territorio debe de ser administrado teniendo en cuenta los intereses del pueblo saharaui y sus recursos utilizados en su beneficio.
Y, en este sentido, lo que sería deseable es que el pueblo del Sahara Occidental, y en su nombre su legítimo representante el Frente POLISARIO, participase en una negociación que afecta al uso de sus riquezas naturales, hasta el momento en el que, con la realización del referéndum de autodeterminación, sus ciudadanos y ciudadanas, libremente, pudieran decidir por sí mismos como gobernar su territorio en el futuro.
Madrid, 10 de febrero del 2012
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