Madrid (España).- «No resulta posible cumplimentar la petición sin violentar» la protección que el ordenamiento jurídico «dispensa a la información clasificada». Ésta ha sido la respuesta ofrecida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al requerimiento de información sobre diversos extremos relacionados con el secuestro y posterior liberación, previo pago de rescate, de los cooperantes españoles Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas. Los dos fueron raptados el 23 de octubre de 2011 en el campamento de refugiados saharauis de Tindouf (sur de Argelia) y puestos en libertad, casi nueve meses después, por miembros del grupo terrorista Movimiento de Unidad y Yihad en África Occidental (Muyao), en las inmediaciones de Gao, situada a unos 1.200 kilómetros al noreste de la capital maliense, Bamako.
El magistrado había solicitado a los servicios secretos españoles que le informaran sobre la presunta participación de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de agentes del CNI, así como la identificación de otros posibles intervinientes en el proceso de negociación y de otros datos que se considerasen «relevantes para el esclarecimiento de los hechos». Entre otros aspectos, el juez quería conocer si se pagó rescate por la liberación de los dos cooperantes, la cantidad y quien la abonó. Las informaciones publicadas cifraron en su momento en 30 millones de euros el precio para lograr su puesta en libertad.
El CNI esgrime, tras aludir a sus estatutos, la «imposiblidad legal» de poder facilitar ese tipo de información, por la imposición que tienen de guardar el «deber de reserva» sobre esas cuestiones.
El juez no tienen intención en estos momentos de solicitar la desclasificación de los documentos, aunque todo dependerá de si finalmente la Fiscalía lo pide. Sin embargo, ha requerido a las autoridades de Mali y Burkina Faso toda la información que posean del secuestro y del grupo terrorista que lo llevó a cabo.
Por su parte, el Ministerio Público acaba de presentar en el juzgado un escrito en el que solicitan al juez que cite a declarar a los dos cooperantes, aunque con carácter previo deban ser reconocidos por los médicos forenses de la Audiencia Nacional al objeto de determinar su estado de salud, que se aporten los informes médicos que dispongan y que se oficie al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información que remitan el «vídeo de la prueba», de 1,23 minutos, que fue recibido el 17 de diciembre de 2011 por la agencia France Press en la capital de Mali, con el que los secuestradores demostraban que los raptados continuaban con vida.
Un informe de la Guardia Civil que obra en poder del magistrado define al Muyao como un grupo extremista que intenta imponer un «Islam radical» y la Sharia (ley islámica) en todo el África Occidental. En ese mismo documento se alude a la detención, en mayo de 2012, de dos terroristas de origen malienses supuestamente vinculados al secuestro de los voluntarios españoles, aunque en estos momentos se encuentran ya en libertad.
Fuente: larazon.es
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