El eurodiputado socialista Antonio Masip probablemente no se esperaba revivir una escena que en su juventud lo marcó: la que tuvo lugar en Burgos en 1975 cuando se celebró el consejo de guerra que mandó al paredón a los cinco últimos fusilados del franquismo. Pero el veterano jurista se equivocaba. El pasado jueves, cuando asistió al juicio militar que se sigue en Rabat contra 24 civiles saharauis, Masip confiesa que sintió cómo ese proceso “lamentable” lo retrotraía a “a la España del tardofranquismo”.
Desde hace seis días, un tribunal castrense marroquí juzga a 24 saharauis, detenidos en relación con la violencia originada por el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento pacífico de protesta Gdeim Izik, el 8 de noviembre de 2010. El objetivo de los saharauis que levantaron sus jaimas en las cercanías de El Aaiún era reclamar mejoras en su situación socioeconómica.
Los 24 saharauis están acusados de delitos muy graves, como atentar contra la seguridad del Estado; también de la muerte de varios agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y, en el caso de dos de ellos, incluso de haber profanado los cadáveres. Por esos supuestos delitos podrían ser condenados hasta a cadena perpetua.
La versión de Rabat sostiene que en los enfrentamientos entre agentes marroquíes y civiles saharauis que siguieron a la violenta intervención para desmantelar el campamento, murieron 13 personas (11 marroquíes y 2 saharauis). Los saharauis elevan al menos a tres las muertes de ciudadanos autóctonos probadas; una de ellas, la de un niño de 14 años, que pereció tiroteado en el coche de su familia, y otra, la de un español de origen saharaui, homicidios que no son objeto de ninguna investigación judicial.
Las graves acusaciones que penden sobre estos saharauis no se sustentan, sin embargo, en pruebas dignas de ese nombre, denuncian los numerosos observadores, entre ellos Masip, que están asistiendo al juicio. Tanto el eurodiputado como Luis Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, coinciden en denunciar la “absoluta falta de garantías procesales”.
El eurodiputado explica que, en este caso, Marruecos no sólo ha violado la ley internacional sino su propia Constitución, que prohíbe los tribunales especiales, como está sucediendo en este proceso, pues los saharauis, todos civiles, comparecen ante una corte militar.
A estos saharauis, recuerda además Masip, se les mantuvo 16 meses incomunicados, de los más de dos años que llevan en prisión preventiva, cuando la legislación marroquí eleva el plazo máximo de encarcelamiento antes del juicio a 12 meses.
Sólo uno de los presos ha supuestamente confesado su culpabilidad en las muertes de agentes marroquíes, una confesión que está en entredicho “dado que la declaración aparece firmada con una huella dactilar, cuando el acusado sabe leer y escribir”, explica el eurodiputado socialista. Además, en la vista del juicio, todos los imputados se han desdicho de sus declaraciones, que denuncian fueron obtenidas mediante torturas.
Otro de los casos, el de Ennama Asfari, es especialmente llamativo: este conocido activista en favor de la autodeterminación fue detenido el día antes del desmantelamiento de Gdeim Izik, lo que no ha sido óbice para que Marruecos lo acuse de las muertes que se produjeron cuando él ya estaba en prisión.
“Para salvar esta paradoja, los marroquíes se han sacado de la manga que Asfari es el autor intelectual de los supuestos delitos”, explica Luis Mangrané, que también asistió al juicio.
“Acusaciones abracadabrantes”
La Marea ha tenido acceso a una traducción del acta de acusación de los 24 saharauis. En el documento se desglosa un relato de los hechos que parte de una acusación inverosímil: la de que los 24 presos retuvieron contra su voluntad, y sólo con unos pocos machetes y cuchillos, a los cerca de 20.000 saharauis que alzaron sus jaimas en el campamento de protesta.
“Este juicio es una pura pantomima llena de acusaciones abracadabrantes, como la de que los saharauis mataron a los agentes marroquíes cuando ni siquiera tenían armas”, se indigna Masip, a quien se le ha quedado especialmente grabado el grito de uno de los inculpados al entrar en la sala del tribunal: “Este saharaui pedía, en perfecto español, que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental) supervisara los derechos humanos en la excolonia española”. La MINURSO es la única misión de paz de la ONU que no tiene competencias al respecto.
El proceso que ha presenciado en Rabat ha impresionado tanto y tan mal a Antonio Masip, que el eurodiputado ha escrito una carta a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, “con copia a Lady [Catherine] Ashton”, para informarle de la “indefensión” jurídica de los saharauis y reclamarle las competencias en materia de Derechos Humanos para la MINURSO.
En la misiva se recalca también el “componente colonial” del tribunal. Para el veterano jurista, lo que ha visto en Rabat es “un tribunal colonizador, sin garantías procesales, que tiene lugar fuera del territorio [el Sáhara] y ante una jurisdicción militar”.
Fuente: lamarea.com
Imprimir artículo
Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
Suscribete a los comentarios de este artículo
0 comentarios :
¿Que opinas de este articulo? Tus comentarios siempre serán bien recibidos, ¡¡ Gracias !!