Las autoridades marroquíes publicaron en 2010 un informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos en el que aseveraban que 207 de las más de 400 víctimas de desaparición forzada saharauis habían muerto “debido a las condiciones“ o “durante su detención o su cautiverio“ y en diferentes épocas. Cuatro de estas víctimas han sido recientemente encontradas en unas fosas comunes en la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados en Tinduf. Los análisis que realizaron a los cuerpos demuestran que todos murieron a la vez y fueron ejecutados in situ.
“Junto con los restos humanos se exhuman las verdades. Estos hallazgos no solo cuestionan la información oficial que ha ofrecido Marruecos respecto a estos casos, sino que ponen en duda toda la información que desde Marruecos han ofrecido respecto a estos 400 desaparecidos“. Esta es una de las conclusiones que quiso destacar Carlos Martín Beristain, uno de los dos directores del informe "La esperanza posible. Fosas comunes" y primeros desaparecidos saharauis identificados que se presentó el pasado 4 de diciembre en la sede del Consejo General de la Abogacía, en Madrid.
Este informe tiene su origen en el estudio "El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental", publicado en 2012 por el instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. A partir de este documento, quisieron seguir profundizando en los casos de algunos detenidos y desaparecidos en febrero de 1976, antes de que España abandonara los territorios saharauis. “El Estado español está implicado en los hechos porque estos crímenes se cometieron cuando aún era responsable del territorio y la población saharaui“, afirmó Berastain.
Durante la investigación se descubrieron dos fosas en las que había ocho cadáveres, dos de ellos de menores de 14 años.
“Esta historia, que comienza gracias a la negativa de un testigo a olvidar, pudo llevarse a cabo gracias a los testimonios de los familiares de las víctimas“. Uno de los testigos tenía 13 años cuando presenció dos de los crímenes. “Cuando llegamos a Samra lo primero que hicimos fue hablar con los familiares. A partir de sus testimonios comenzamos a buscar sobre el terreno y los hallazgos confirmaron con precisión lo que estas personas nos habían contado“, contó Berastain.
En la presentación de "La esperanza posible" también estuvo presente el otro director del informe, Francisco Etxeberría, antropólogo forense y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha participado en la exhumación de fosas comunes de las víctimas de la Guerra Civil española o en el análisis realizado en 2011 a Salvador Allende. También fue él quien descubrió que los restos óseos descubiertos en la finca de José Bretón pertenecían a dos niños pequeños y no eran restos de animales como se afirmó en un primer momento.
Etxeberría afirmó que lo que habían hecho hasta el momento era lo más fácil. “Lo complicado viene ahora, cuando tratemos de que alguna instancia política o judicial oficialice la información que contiene este informe, cuyo procedimiento de elaboración se ajusta a los estándares internacionales. ¿Quién lo va a hacer para que puedan emitirse resoluciones al respecto?“, se preguntó.
Según Etxeberría, los resultados de esta investigación, plasmados en su informe, se lo entregaron al Ministerio de Exteriores al volver de su primer viaje, donde se limitaron a identificar a los cadáveres y esclarecer las causas de su muerte. “No solo lo han recibido sino que nos solicitaron que les entregáramos fotos de mayor calidad para poder apreciar mejor las pruebas“. Esto ocurrió a principios de 2013 pero, hasta el momento, no se ha hecho nada.
Marruecos, el país impune
Manuel Ollé, es el abogado que, en 2006, presentó la querella por genocicio contra el pueblo saharaui en representación de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ante la Audiencia Nacional española. Actualmente, continúa su tramitación ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5. Un genocidio, dijo, “porque el gobierno marroquí tiene como finalidad aniquilar al pueblo saharaui. Estos son crímenes de primer grado, por lo que son de obligada persecución por parte de toda la comunidad internacional, aunque Marruecos se ha pasado la ley por el forro de sus caprichos“, denunció.
También quiso dejar claro que lo grave de este caso no es que únicamente Marruecos “incumple reiteradamente sus obligaciones con total impunidad“, sino que los intereses económicos y políticos “que todos sabemos que tiene España en este país“ los convierte en una “nación intocable“ para el Gobierno español. Ollé, asimismo, resaltó que “las ejecuciones a las que se refiere La esperanza posible tuvieron lugar a principios de febrero de 1976, y el último soldado español se marchó del territorio saharaui el 28 de febrero de ese año“. Tras explicar esto, añadió: “¿Qué hacía España mientras se cometían estos crímenes?“
Finalmente, exhortó al Gobierno español a denunciar el Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado en noviembre de 1975, por el que España ,como potencia colonizadora, consintió en ceder la administración del territorio saharaui a Marruecos y Mauritania a partes iguales. En este acuerdo, que en representación española firmó Carlos Arias Navarro, no estuvieron presentes ni el pueblo saharaui ni el Frente Polisario. “España tiene que denunciar estos acuerdos si tiene decencia y dignidad porque, además de violar los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui y los derechos humanos de sus habitantes, vulnera el Derecho Internacional“.
"Finalmente, la coordinadora de observación jurídica del Sáhara Occidental por el Consejo General de Abogacía Española, Inés Miranda, quiso destacar que no solamente el maltrato psicológico y físico visibiliza la violación de los derechos de un pueblo, sino también la ocupación territorial o la expropiación de sus recursos naturales. En este sentido, Miranda recordó que el 9 de diciembre está previsto que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la ratificación del Protocolo de Acuerdo Pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
Según recordó, “el gobierno marroquí ha reconocido que la mayor parte de su riqueza pesquera proviene de su territorios del sur, es decir de los territorios ocupados del Sáhara Occidental“. De salir adelante este acuerdo de pesca, tal y como quiso dejar claro Miranda, la Unión Europea será cómplice del expolio y la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que no ha sido reconocida por ninguno de los países que conforman la ONU.
Fuente: lamarea.com
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