El pleno del Parlamento Europeo decidirá el próximo martes si aprueba el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que, a cambio de un pago anual de 40 millones de euros durante cuatro años, permitiría a la flota comunitaria regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que tuvo que abandonar en diciembre de 2011 por la oposición de la Eurocámara.
Los eurodiputados de la comisión de Pesca ya dieron su visto bueno al nuevo régimen pesquero el pasado noviembre y será su opinión la que se someta al voto del Hemiciclo este martes.
Los buques europeos obtienen con el acuerdo 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a 700 tripulantes aproximadamente. Además supone un incremento del 33 % de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria --once Estados miembros pescan en la zona-- con respecto al régimen anterior.
A cambio, Marruecos recibirá una contrapartida de 40 millones de euros anuales durante los cuatro años que tendrá validez el convenio, lo que supone un leve aumento respecto a los 39,5 millones del pacto anterior. Sin embargo, la contribución de las arcas comunitarias se ve reducida a 30 millones anuales y el resto, 10 millones, correrá a cargo de los armadores.
Durante estos dos años, la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha tenido que renegociar un nuevo acuerdo que resolviera las "dudas" de los eurodiputados con el anterior texto, en especial en lo que respecta al respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara occidental y a la rentabilidad económica y sostenibilidad pesquera del convenio.
La excolonia española reclama que sus aguas sean excluidas del acuerdo porque no reconoce el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales.
La Unión Europea también exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo.
Estas condiciones, sin embargo, no convencen ni a Los Verdes ni a la Izquierda Unitaria, grupos en la Eurocámara que abogan por tumbar el acuerdo, frente a los 'populares' y 'socialistas' que, en los debates en comisión, han mostrado su disposición a aprobar el acuerdo.
Los Veintiocho y Marruecos han rubricado ya el acuerdo, a la espera de la ratificación de la Eurocámara, pero para que el acuerdo entre en vigor serán necesarias aún las aprobaciones formales del Parlamento marroquí y del Consejo de ministros de Pesca de la UE, que se reunirá los próximos 16 y 17 de diciembre.
REFORMA PESQUERA.
El pleno de la Eurocámara se ocupará de otros asuntos de interés para la flota comunitaria como, por ejemplo, la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que la UE ha consensuado para poner fin a la sobrepesca a partir de 2015 y que los eurodiputados tienen que ratificar.
La reforma ha sido pactada entre los gobiernos europeos, los eurodiputados y la Comisión Europea e incluye objetivos como acabar con los 'descartes', una práctica que consiste en devolver al mar las capturas, ya muertas, que no interesan a la flota por su escaso valor comercial o por las dificultades para su conservación en alta mar.
Pese a la 'tolerancia cero' que exigió Bruselas contra los descartes al inicio de las negociaciones, finalmente los países han conseguido un margen mínimo de descartes que se reducirá progresivamente del 7 al 5 %. Además, las posibilidades de pesca tendrán que ajustarse a los dictámenes científicos y al objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible, que condicionará las capturas a que no pongan en riesgo la supervivencia futura de los recursos.
Por otro lado, los eurodiputados se pronunciarán también sobre la propuesta de la comisaria Damanaki de prohibir la pesca de arrastre en aguas profundas del Atlántico noreste, una idea en contra de la que ya se ha pronunciado la comisión de Pesca de la Eurocámara.
Finalmente, se espera que pidan prorrogar hasta 2020 las ventajas arancelarias de que disfrutan determinados productos pesqueros de Canarias, como el pescado congelado, el marisco y las harinas de pescado, y que expirarán el próximo 31 de diciembre.
También votará la reforma de la política pesquera común (PPC) que pretende acabar con los descartes a largo plazo
Fuente: europapress.es
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